Policías sancionados siguen sin ser escuchados
Hace una semana fueron pasados a disponibilidad y otros cambiados de destino. La comisaria de Saujil no tiene personal para garantizar la realización de eventos. El municipio debió suspender todas las actividades del fin de semana.

A diez días de que 19 efectivos policiales, todos ellos pertenecientes a la zona F de Pomán, fueran sancionados por el ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, y el jefe de Policía, Ángel Agüero, tras la viralización de una fotografía en la que se ve al policía Gastón Ortega en el patio de la comisaría de Saujil, supuestamente “tomando mate” -lo que en el acta inicial de actuaciones policiales hace referencia a la presencia del fiscal Martín Camps y personal de Gendarmería concretando una pericia- aún no fueron escuchados por el tribunal de Asuntos Internos de la Policía, quienes los investiga por supuestamente haber cometido una falta grave, habiendo pasado a cinco de ellos a situación de disponibilidad y al resto, en su mayoría suboficiales, trasladados de su lugar de origen Saujil, a prestar servicio en esta Capital, en el Comando de Operaciones Policiales.

Si bien el reglamento establece que desde la cartera de Seguridad podría haberse iniciado unas actuaciones preliminares, es decir, el paso previo al sumario administrativo, las autoridades quienes, no olvidemos, tomaron conocimiento del hecho a través de mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas -nunca viajaron a la comisaría-, resolvieron al día siguiente, recién y ante la presión social, sancionar a los policías.

Lo que ocasionó que, por ejemplo, este fin de semana, todos los eventos culturales y festivos en el departamento Pomán debieran suspenderse, por no poder la policía garantizar la seguridad, por falta de personal policial.

Allegados a los policías involucrados les piden a las autoridades que revean la situación, o bien, que se les permita ejercer su derecho a la defensa para contar lo que ya está plasmado en el acta de actuaciones iniciales, que fue paradójicamente tomada como prueba inicial por Asuntos Internos para fundar la acusación en contra de los uniformados.

La actitud de silencio desde la cartera de Seguridad y la inacción desde Asuntos Internos en el expediente dejan entrever el error en el que habrían incurridos las autoridades al momento de aplicar la sanción, lo que no será obviamente reconocido con bombos y platillos, tal como si fue anunciada la sanción disciplinaria por temor a la reacción social.