El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, resolvió el procesamiento de la tesorera de Sur Finanzas, una financiera vinculada al entorno de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), junto a dos custodios de la firma, por el delito de encubrimiento agravado. La decisión judicial se produjo luego de que los tres fueran sorprendidos retirando computadoras y documentación sensible de un galpón ubicado en la localidad bonaerense de Turdera, en el marco de una investigación de mayor alcance por presunto lavado de dinero.
La medida judicial alcanzó a Micaela Sánchez, quien se desempeñaba como tesorera de la financiera, y a Sergio Da Silveira y Juan Cervín, ambos identificados como custodios de la empresa. Además del procesamiento, el magistrado resolvió concederles el beneficio de la prisión domiciliaria, mientras continúa el avance de la investigación penal.
Según consta en el expediente, los imputados fueron detenidos días atrás cuando intentaban trasladar equipos informáticos y papeles que, de acuerdo con la hipótesis judicial, podrían haber sido borrados o destruidos con el objetivo de ocultar información relevante para la causa. El episodio se registró en un depósito ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 11.800, donde previamente la Justicia había dispuesto una consigna policial ante movimientos sospechosos detectados en la zona.
Durante la vigilancia, los efectivos observaron la salida de una camioneta Toyota 4x4, conducida por una mujer —posteriormente identificada como Sánchez— y acompañada por dos hombres. Tras seguir el vehículo algunas cuadras y perderlo de vista, los agentes regresaron al galpón. Minutos después, la camioneta volvió al lugar y las tres personas fueron demoradas por la policía.
En ese procedimiento se secuestraron seis teléfonos celulares, abundante documentación, expedientes y el CPU de una computadora. En el interior del depósito, además, los investigadores hallaron computadoras, cajas fuertes tipo bóveda, cajeros automáticos y un volumen significativo de papeles vinculados a la operatoria financiera de Sur Finanzas.
Con base en esos elementos, el juez Armella consideró que existían indicios suficientes para avanzar con el procesamiento por encubrimiento agravado, al entender que los acusados habrían intentado entorpecer la investigación y ocultar pruebas en una causa de mayor complejidad. En paralelo, y a pedido de las defensas, el magistrado autorizó que los imputados permanezcan detenidos bajo el régimen de prisión domiciliaria.
La investigación principal busca determinar si Sur Finanzas, propiedad del empresario Ariel Vallejo, cercano al titular de la AFA, funcionó como un mecanismo para el blanqueo de dinero, a través de préstamos presuntamente inflados otorgados a clubes de fútbol con dificultades económicas.
En su declaración ante la Justicia, Sánchez afirmó que trabajaba como contadora y tesorera de la firma y que fue enviada a retirar documentación y vaciar computadoras. Reconoció que Vallejo era su jefe, aunque se negó a responder preguntas clave formuladas por el juzgado y la fiscalía. En particular, evitó precisar quién le dio la orden de "vaciar todo" y, cuando se le consultó si esas instrucciones provenían directamente de Vallejo, optó por guardar silencio.
Tras su detención, la policía allanó el domicilio de la tesorera, ubicado a unas 20 cuadras del galpón de Turdera. Allí se secuestraron computadoras, material considerado de interés para la causa y las llaves de las cajas fuertes halladas en el depósito.
En paralelo, el juez Armella dispuso la apertura y análisis de los teléfonos celulares secuestrados, así como la revisión de una importante cantidad de documentación. Para estas tareas, dio intervención a la fiscal federal Cecilia Incardona, a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y a la Dirección de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina.
Hasta el momento, la causa incluyó seis allanamientos en distintas sedes de Sur Finanzas y el secuestro de más de 50 teléfonos celulares, entre ellos el de Ariel Vallejo, además de contratos vinculados a la asistencia financiera a clubes de fútbol. La documentación involucra a unas 20 asociaciones, entre clubes de primera división, del ascenso, la AFA y la Liga Profesional de Fútbol.
Entre los acuerdos analizados figuran contratos con la Liga Profesional por 600 millones de pesos más IVA y con el Consejo Federal por 200 millones de pesos más IVA, ambos pactados en diez cuotas. Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la ausencia de contratos vinculados al sponsor de la Selección Argentina en la sede central de la financiera.