La situación judicial del ex futbolista de Boca Juniors, Benítez, atraviesa un momento decisivo. A pesar de que, según consta en el expediente, "se encuentra al día de la fecha en condiciones temporales de acceder al beneficio de libertad asistida", la Justicia resolvió negarle la libertad, marcando un giro relevante en su situación procesal.
El documento detalla que el condenado podría aspirar a la libertad condicional a partir del 4 de septiembre de 2026, teniendo en cuenta que la pena impuesta vence el 4 de mayo de 2028 a las 12. Sin embargo, esta posibilidad quedó momentáneamente descartada por decisión de la jueza Cecilia Vázquez, quien resolvió que el imputado continúe detenido en la Unidad Penitenciaria N° 40 de Lomas de Zamora.
Conducta ejemplar en prisión, pero sin impacto en la decisión
Uno de los elementos más llamativos del caso es que Benítez había sido incorporado a un Régimen Semiabierto de Modalidad Amplia, tras alcanzar una conducta calificada como "Ejemplar diez (10)". Además:
- No registra correctivos disciplinarios.
- Ha obtenido un Concepto Bueno dentro del sistema penitenciario.
Pese a estos indicadores positivos, que suelen ser determinantes en la concesión de beneficios, la magistrada optó por priorizar otros factores, en especial el contexto del proceso judicial en curso.
La insistencia del imputado y la oposición de las partes
Fuentes del caso señalaron que Benítez "insiste" con el pedido de libertad desde finales del año pasado. No obstante, tanto el particular damnificado como la fiscalía se opusieron firmemente.
Según esas mismas fuentes, la Justicia "estuvo a punto de darle el beneficio", pero la situación cambió al advertirse que existía una querellante en la causa, elemento que no había sido considerado inicialmente y que resultó clave para la resolución final.
Un tratamiento psicoterapéutico en evaluación
En paralelo, se ordenó librar un oficio a la Dirección General de Salud Penitenciaria para evaluar la implementación de un tratamiento psicoterapéutico. El objetivo, según el documento judicial, es:
- "Revertir aquellos aspectos negativos de su personalidad"
- Comprender las conductas que lo llevaron a "obrar desajustadamente"
Este punto introduce una dimensión adicional en el caso, centrada en la necesidad de intervención sobre patrones de conducta señalados como problemáticos.
Condena previa: un historial de delitos
En abril de 2024, Benítez fue condenado a cinco años de prisión por el Juzgado en lo Correccional N.º 8 Departamental. Los delitos por los cuales fue hallado culpable incluyen:
- Coacción agravada (dos hechos)
- Amenazas
- Daño (tres hechos)
- Desobediencia (dos hechos)
- Tenencia de arma de fuego de uso civil sin autorización legal
Todos estos cargos fueron considerados en concurso real entre sí, configurando un cuadro penal complejo que derivó en la pena actualmente en ejecución.
Un nuevo juicio: la acusación más grave
La situación judicial del ex jugador se agrava aún más con un nuevo proceso. A fines de septiembre de 2025 se confirmó que Benítez será llevado a juicio por el delito de instigación al suicidio en contexto de violencia de género, vinculado a la muerte de Anabelia Ayala, ocurrida el 1.º de enero de 2024.
El análisis de los elementos probatorios reunidos en la causa describe un escenario sostenido en el tiempo:
- Entre 2018 y 2023, Benítez habría actuado "en reiteradas ocasiones y de manera regular"
- Se le atribuye haber tenido "claras intenciones" de que su pareja tomara la decisión de quitarse la vida
- Habría desarrollado conductas violentas y controladoras, de forma constante y progresiva
Estas acciones, según el expediente, afectaron directamente a la víctima:
- En el plano físico
- En el plano psíquico
- Extendiendo el impacto a su entorno familiar
Un caso que sigue abierto
La negativa a conceder la libertad a Benítez no solo responde a criterios técnicos, sino también al peso de un proceso judicial que aún no ha concluido. Mientras se aguarda el inicio del segundo debate oral y público, el expediente continúa sumando elementos que complejizan su situación.
En este contexto, la decisión judicial refuerza la idea de que, más allá de los indicadores de conducta intramuros, la gravedad de los hechos investigados y el avance de nuevas acusaciones son determinantes para definir su futuro inmediato.
