La situación judicial de Claudio "Chiqui" Tapia ha sumado un nuevo e importante capítulo que restringe su movilidad internacional. En una resolución de impacto institucional, el tribunal a cargo de la causa donde se investiga al máximo dirigente del fútbol argentino por la presunta evasión de $19.000 millones en la AFA, decidió no hacer lugar al pedido de autorización presentado por su defensa. El objetivo del viaje denegado era la ciudad de Barquisimeto, Venezuela, donde el dirigente pretendía permanecer entre el 28 de febrero y el 3 de marzo.
Esta decisión judicial no solo pone de manifiesto el rigor con el que se está siguiendo el proceso contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino, sino que también subraya la vigilancia extrema sobre los movimientos de los imputados en causas de delitos económicos de tal magnitud.
Un itinerario en disputa y cambios de último momento
El origen de este conflicto procesal radica en la modificación de la hoja de ruta que el dirigente había planteado inicialmente ante los magistrados. Según surge de la resolución judicial, el propio 23 de febrero, el tribunal ya había otorgado una autorización para que Tapia saliera del país. Aquel permiso original contemplaba como destinos las ciudades de Barranquilla (Colombia) y Río de Janeiro (Brasil), en un periodo comprendido entre el 23 y el 28 de febrero.
Sin embargo, la trama se complicó días después, cuando la defensa de Tapia informó que el dirigente había sido designado por el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) para representar al organismo en un acto en Venezuela. Esta designación motivó un intento de modificar el itinerario original para trasladarse directamente desde Río de Janeiro a Caracas.
Para los jueces intervinientes, este cambio de planes no fue una cuestión menor de logística. En el escrito explicativo, señalaron que dicha modificación excedía los límites de la autorización originalmente concedida, subrayando que el destino venezolano y el nuevo itinerario propuesto no guardaban relación con lo que se había resuelto y permitido mediante la resolución judicial previa.
Inconsistencias documentales: el foco de la sospecha
Ante la negativa inicial, la defensa de Claudio Tapia realizó una nueva presentación solicitando formalmente el viaje del 28 de febrero al 3 de marzo. En esta oportunidad, se informó que el evento —un acto de inauguración de la Federación Venezolana de Fútbol para el inicio de obras en el Centro Nacional de Alto Rendimiento— había sido reprogramado para los días 1 y 2 de marzo.
A pesar de que la defensa aportó el itinerario de vuelo, una nota justificando el cambio de fecha e incluso informó que Tapia ya se encontraba de regreso en el país este mismo 27 de febrero, los magistrados encontraron puntos oscuros en la documentación presentada. Si bien el Ministerio Público Fiscal había dictaminado que el tribunal podía conceder la autorización bajo la imposición de una caución, los jueces optaron por el rechazo absoluto al advertir lo que calificaron como inconsistencias.
La resolución es contundente al respecto:
- Se detectaron dos notas de invitación para el mismo evento.
- En cada una de ellas se consignaron distintas fechas de realización.
- Esta dualidad documental tornó, a ojos de la Justicia, como "dudosas las circunstancias del nuevo viaje solicitado".
El factor geopolítico: Venezuela y la falta de garantías
Más allá de los errores o inconsistencias administrativas en las invitaciones de la Federación Venezolana, el fallo judicial introdujo un análisis profundo sobre el contexto del destino solicitado. Los jueces hicieron especial hincapié en la situación de inestabilidad política que atraviesa Venezuela.
El tribunal mencionó que es de público conocimiento la existencia de denuncias por detenciones arbitrarias contra múltiples personas, mencionando específicamente el riesgo para ciudadanos argentinos. Este escenario de tensión internacional fue determinante para la negativa, ya que los magistrados consideran que el estado actual de las relaciones diplomáticas no ofrece las certezas necesarias para el proceso judicial argentino.
En términos estrictamente procesales, el fallo advierte que no existe garantía alguna de que, en caso de ser necesario un requerimiento judicial para asegurar la sujeción del peticionante al proceso, el gobierno venezolano atienda dichos pedidos. La falta de canales diplomáticos fluidos y seguros representa, para el tribunal, un riesgo de que el imputado pueda quedar fuera del alcance de la justicia argentina mientras se investiga la millonaria evasión que pesa sobre su gestión al frente de la AFA.