El reciente caso de “La China” demostró cuán rápida e implacable es la justicia para juzgar e incluso apresar a aquellas personas que sufren abortos espontáneos o eventos obstétricos. También que criminaliza a quienes se ocupan de acompañar con información certera la voluntad de abortar, como sucedió con las Socorristas en red de la provincia de Córdoba. Pero para quienes atentan contra las mujeres, ponen en riesgo su  vida o vulneran los derechos de las personas que quieren ejercer el derecho a la interrupción de un embarazo, la vara es otra.

Un claro ejemplo es el caso de Héctor Lucero, un ginecólogo riojano investigado por la justicia por abuso sexual con acceso carnal a raíz de las denuncias de mujeres que fueron sus pacientes. Aprovechando la clandestinidad que hasta 2020 hubo en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, el médico abusó sistemáticamente de varias pacientas.

Después de estar detenido tres meses en la alcaldía del Poder Judicial logró finalmente que el juez Ariel Sebastián Bacco, le otorgara la prisión domiciliaria este 4 de enero. La jueza Gisela Flamini, quien tiene a cargo la investigación del caso, había rechazado el pedido unos días antes.

Durante años, sólo en la agenda feminista hubo lugar para los testimonios de estas víctimas. Diversas organizaciones riojanas hicieron visible este material a través de intervenciones urbanas, durante manifestaciones y en las redes sociales. Los mensajes compartidos advertían sobre las diversas circunstancias de acoso y los abusos que vivieron las usuarias del sistema de salud en el consultorio de Lucero.

“Fue en septiembre de 2019. No quería seguir con mi embarazo. Desesperada busqué información y me dijeron que recurra a este doctor. Fui a una consulta con él en un sanatorio y me indicó unas pastillas que solo eran vía vaginal. Me dijo que sí o sí tenía que estar muy 'mojada' sino no iban a funcionar. Me dijo que si yo tenía pareja que me las coloque y si no que volviera y que él podía realizarme todos los pasos”, dice una de las víctimas.

Los testimonios se complementan y todas relatan el horror que vivieron en el consultorio de Lucero. “En 2019, me habló de todo el procedimiento de aborto con pastillas que él me iba a introducir por la vagina. Sacó una imagen que ya tenía separada para explicarme que, si tenía relaciones anales con él o mi pareja, la pastilla tendría efecto”.

A partir de las denuncias, se calcula que en 2018 (mientras se debatía la legalidad del aborto) 3 de cada 30 mujeres que solicitaron acompañamiento para un aborto consultaron antes a Lucero. Los relatos datan incluso de 10 o 15 años atrás. Algunas de cuando eran adolescentes y hoy adultas se animan a exponerlos. “Fui cuando tenía 16 por una infección, me recetó óvulos pero antes me dijo que tenía que meterme un dedo para ver si entraban”.

En la mayoría de los testimonios, las mujeres cuentan cómo Lucero alentaba a que interrumpan los embarazos, les hablaba de cifras de dinero altas y ofrecía otra opción para solucionar la intervención. Todas tenían que ver con tener relaciones sexuales con él.

La primera delación en el fuero penal fue el 22 de septiembre. Una de las víctimas se acercó a la Secretaría de Mujeres y Diversidad provincial para denunciar la situación. El organismo ya había tenido contacto con otras víctimas. Sin embargo, según Carla Ballesteros, subsecretaria de Promoción y Protección Integral, fue ella la primera que pudo con el acompañamiento psicológico y el patrocinio legal, ratificar en sede judicial.

“Esta persona quería denunciar una situación grave de violencia psicológica y sexual. Buscamos la manera de no revictimizar. Acordamos que yo realizaría la denuncia y que ella la ratificaría. Después aparecieron otras que fueron a fiscalía” cuenta Ballestros.

Al día siguiente detuvieron al ginecólogo. Lucero no declaró y se negó a una pericia psicológica solicitada por la jueza Flamini, a cargo del Juzgado Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N° 2.

“Hay temor por parte de las víctimas. Creo que hay cierto descreimiento de lo que puede llegar a hacer la justicia que hasta aquí estaba procediendo rápido. Este temor tiene que ver con lo privadísimo que es el impacto de la violencia sexual sumado al imaginario social respecto a la interrupción del embarazo. Si bien en la Rioja se garantiza el IVE, sigue habiendo resistencia por parte de la comunidad médica y también esta creencia que todo se hará público, por la invasión a la privacidad”, sostiene Flamini

En octubre llegó la segunda denuncia. Esta vez fue directamente a la Unidad Fiscal de Violencia de Género. De acuerdo a fuentes judiciales, la investigación arroja que Lucero tenía un modus operandi conocido en el ambiente médico.

Desde el juzgado de Flamini esperaban regresar de la feria para tomar más testimoniales y luego resolver la situación procesal del imputado. En el Ministerio Público Fiscal esperaban testimonios de pacientas que aún no se animaron a denunciar.

En cuanto al sumario administrativo iniciado en el Ministerio de Salud provincial en marzo de 2022, tras la presentación de la Subsecretaría de Género se consiguió el decreto de cesantía definitiva de Lucero del sector público.