A solo 24 horas de que comenzara a regir el traspaso de personal del Poder Ejecutivo y Legislativo al Poder Judicial, el proceso quedó en suspenso tras la resistencia de los agentes afectados y la intervención de un ministro de la Corte de Justicia provincial, quien se opuso al reconocimiento de la antigüedad de los trabajadores.

La iniciativa había sido consensuada a principios de junio, en una reunión encabezada por el gobernador Raúl Jalil junto al vicegobernador Rubén Dusso, la presidenta de la Cámara de Diputados, Silvia Fedelli, y los ministros de la Corte de Justicia. Allí se avanzó en un acuerdo para que, desde el 1° de agosto, se concrete la movilidad de agentes estatales hacia el ámbito judicial.

El traspaso se enmarca en la Ley N° 5797 y su modificatoria, que establece la posibilidad de movilidad de personal entre los poderes del Estado a través de concursos públicos de antecedentes y oposición. El objetivo principal es reforzar el funcionamiento de la Policía Judicial.

Sin embargo, según confirmaron fuentes oficiales a La Unión, el ministro de la Corte José Ricardo Cáceres expresó en los últimos días su desacuerdo con reconocer la antigüedad a los empleados que debían incorporarse. Esto generó una fuerte reacción entre los agentes que ya habían sido capacitados para el cambio y que ahora, ante esa negativa, optaron por dar marcha atrás.

El acta acuerdo firmada entre los poderes establecía que, en una primera etapa, alrededor de 30 empleados pasarían a desempeñarse en el Poder Judicial a partir del 1° de agosto. La incertidumbre provocada por el cambio de postura complica la ejecución de lo planificado y profundiza el malestar entre los trabajadores, quienes reclaman garantías sobre sus derechos laborales adquiridos.