En el marco de la investigación por el triple femicidio narco ocurrido en Florencio Varela, Celeste Magalí González Guerrero, una de las detenidas, amplió su declaración indagatoria y aportó nuevos detalles sobre la dinámica del crimen, el rol de los implicados y su participación personal. Durante la audiencia realizada en la sede judicial de San Justo, la mujer ratificó parte de su testimonio anterior, aunque introdujo aclaraciones respecto a los hechos.
Según informaron fuentes judiciales, González Guerrero afirmó que los asesinos se comunicaron con la familia de una de las víctimas durante el secuestro, mientras torturaban a la joven y le provocaban cortes en el rostro. El objetivo de la llamada, según la declaración, era exigir la devolución de una carga de droga.
La imputada sostuvo que nunca supo que las víctimas serían asesinadas y que, de haberlo sabido, no habría permitido que usaran su casa, donde vive junto a su hijo desde 2020. Relató que había pedido expresamente a uno de los principales acusados, conocido como "Pequeño J", que solo ocuparan su habitación.
González Guerrero señaló que, al regresar al domicilio con su hijo la noche del crimen, notó que su cama ya no estaba y sintió que su espacio familiar había sido invadido. También mencionó a varios de los implicados: indicó que Matías Agustín Ozorio, junto a dos hombres identificados como "Paco" y "Nero", cavaban un pozo en el fondo de la vivienda, mientras que Ariel Jeremías Giménez habría sido el encargado de taparlo a cambio de dinero.
En otro tramo de su declaración, relató que su pareja, Miguel Ángel Villanueva Silva, le confesó en un hotel —al que acudieron tras el crimen— que se había lesionado al apuñalar a una de las víctimas con un destornillador cuando intentó escapar. También le habría dicho que la última joven fue asfixiada por él junto con "Pequeño J".
La detenida aseguró que la cocaína era traída desde Bolivia por Ozorio bajo órdenes de "Pequeño J" y reveló la existencia de un grupo de WhatsApp denominado "Pizzería Los Pulpos", utilizado para recibir pedidos de droga. Sostuvo que la noche del hecho recibió mensajes de compradores, con la intención de probar que no estaba presente durante los asesinatos.
Finalmente, afirmó que Villanueva la obligó a mantener una relación bajo amenazas con armas de fuego, situación que —según su declaración— se mantiene hasta la actualidad. Reiteró que nunca consintió la violencia dentro de su hogar ni quiso exponer a su hijo.
González Guerrero está imputada por privación ilegal de la libertad coactiva agravada, homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y crímenes con fines de ocultamiento, todos en concurso real.
Este caso, que conmociona al país, mantiene en alerta a provincias como Catamarca, donde las autoridades vienen reforzando acciones contra el narcotráfico ante el incremento de delitos vinculados a organizaciones criminales.