El fiscal de Instrucción N° 6 del Distrito Oeste, Facundo Barros Jorrat, inició una investigación a partir de la denuncia presentada por una afiliada a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), quien advirtió una situación que involucraría el uso de sus datos personales para la validación de recetas electrónicas y la adquisición de medicamentos que, según manifestó, nunca solicitó.
El caso se originó cuando la mujer recibió por correo electrónico una notificación vinculada con la compra de un medicamento. El registro de la operación contenía su número de documento, pero el medicamento figuraba a nombre de una persona que la afiliada aseguró no conocer.
La situación llevó a la mujer a consultar la aplicación de la obra social para verificar la información asociada a sus datos. Allí encontró dos recetas electrónicas que contenían su DNI, aunque ambas aparecían registradas a nombre de un tercero.
A esto se sumó la recepción del comprobante correspondiente a una compra que la afiliada también desconoció haber realizado. De esta manera, la denuncia puso bajo análisis una secuencia que comprende la existencia de recetas electrónicas asociadas a un documento personal, la identificación de un tercero como titular de las mismas y una transacción comercial que la denunciante afirma no haber efectuado.
Qué busca determinar la Justicia
La investigación se encuentra actualmente en una etapa inicial. El objetivo es reconstruir el procedimiento mediante el cual se generaron y posteriormente fueron validadas las recetas electrónicas que aparecen vinculadas con el DNI de la denunciante.
En ese marco, la pesquisa procura establecer distintos aspectos de la operación:
- Cómo fueron generadas las recetas electrónicas involucradas.
- Cómo fueron validadas para permitir la adquisición de los medicamentos.
- Quiénes intervinieron en la operación.
- Qué participación tuvieron las personas relacionadas con la generación, validación y dispensación de las recetas.
- Si existieron otros hechos similares que pudieran estar vinculados con el caso investigado.
La investigación apunta así a reconstruir la trazabilidad de la operación a partir de los registros disponibles y de las circunstancias en las que se habría producido la adquisición del medicamento.
Las medidas ordenadas por el fiscal
Como parte de las primeras medidas de investigación, el fiscal Facundo Barros Jorrat ordenó realizar una inspección ocular en el establecimiento donde se habría concretado la operación.
La medida tiene como finalidad relevar las características y distribución del lugar en el que se habría producido la transacción. Entre los aspectos que serán observados se encuentran:
- La distribución del establecimiento.
- La ubicación de las cajas y puestos de atención.
- El sistema utilizado para validar y dispensar recetas electrónicas.
El relevamiento busca aportar elementos que permitan comprender de qué manera se desarrolló la operación y cuáles fueron los mecanismos utilizados durante el proceso de validación y entrega de los medicamentos.
La pesquisa no se limitará, sin embargo, a la observación física del establecimiento. También se dispuso la obtención de documentación y registros digitales relacionados tanto con las recetas investigadas como con la transacción comercial denunciada.
Documentación y registros digitales bajo análisis
Entre la información que deberá ser obtenida se encuentran los elementos que puedan contribuir a reconstruir la operación y establecer quiénes participaron de ella.
La medida comprende específicamente:
- Comprobantes.
- Constancias de facturación.
- Registros informáticos.
- Toda otra información vinculada con las recetas y la transacción que permita reconstruir la operación e identificar a las personas que intervinieron.
El análisis conjunto de estos elementos constituye una de las líneas centrales de la investigación en esta etapa. La documentación comercial y los registros digitales podrán ser contrastados con la información contenida en las recetas electrónicas y con los datos correspondientes a la compra que la afiliada desconoció.
Una advertencia para los afiliados
El caso también plantea una recomendación preventiva dirigida a los afiliados de las obras sociales: revisar periódicamente las recetas y los consumos registrados en las aplicaciones correspondientes.
La consulta regular de esos registros permite detectar prescripciones, compras o trámites que una persona no reconoce como propios. Ante una situación de este tipo, la recomendación es conservar los elementos que permitan documentar lo ocurrido.
Entre ellos se incluyen:
- Correos electrónicos recibidos.
- Capturas de pantalla de las aplicaciones o registros correspondientes.
- Comprobantes relacionados con las operaciones desconocidas.
- La realización de la denuncia correspondiente.
En el caso investigado, precisamente, la detección de una notificación por correo electrónico y la posterior consulta de la aplicación permitieron a la afiliada advertir la existencia de recetas electrónicas que contenían su DNI y figuraban a nombre de un tercero, además de un comprobante de una compra que aseguró no haber realizado.
Una investigación todavía en curso
La pesquisa se encuentra en sus primeras etapas y todavía debe determinarse cómo se produjo la utilización de los datos de la afiliada, bajo qué procedimiento fueron generadas y validadas las recetas y quiénes intervinieron en la operación.
Las medidas ordenadas por la Fiscalía están orientadas a reunir documentación, registros digitales y elementos vinculados con el establecimiento donde se habría realizado la operación. El objetivo es contar con información suficiente para reconstruir los hechos e identificar a las personas que hayan intervenido.
También permanece abierta la posibilidad de determinar si existieron otros hechos similares, uno de los aspectos expresamente contemplados dentro de los objetivos de la investigación.
Por tratarse de una investigación en curso, no se difunden las identidades de las personas involucradas ni los nombres de los establecimientos comerciales.