La causa conocida como "Vacunatorio VIP" volvió a quedar en el centro de la escena judicial luego de que el fiscal federal Eduardo Taiano solicitara la declaración indagatoria de más de 30 personas que, según la investigación, recibieron vacunas contra el COVID-19 por fuera de los criterios sanitarios establecidos durante la pandemia.
Ahora será la jueza federal María Eugenia Capuchetti quien deberá resolver si hace lugar al pedido del fiscal y convoca a los involucrados a prestar declaración indagatoria.
Entre los principales nombres incluidos en la solicitud aparecen el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda "Chiche" Duhalde, el periodista Horacio Verbitsky y los diputados Jorge Taiana y Eduardo Valdés, además de empresarios, familiares, dirigentes y otras personas vinculadas con los tres episodios que forman parte de la investigación.
El planteo de Taiano parte de una consideración central: los beneficiarios de aquellas vacunaciones no habrían sido simples receptores pasivos de un beneficio gestionado por terceros, sino que, según la hipótesis fiscal, tuvieron un rol activo en la maniobra. Por esa razón, el fiscal les atribuye, en principio, la condición de partícipes necesarios del delito de peculado, una figura que contempla penas de dos a diez años de prisión.
El argumento del fiscal: conocimiento y participación
En su presentación, Taiano sostuvo que los elementos reunidos durante la investigación configuran el "estado de sospecha" requerido por el Código Procesal Penal para avanzar con las indagatorias.
El fiscal consideró que los beneficiarios "contribuyeron de forma sustancial a la consumación de los hechos" al aceptar y recibir vacunas contra el COVID-19 pese a conocer que no formaban parte de los grupos habilitados para acceder a ellas.
La acusación apunta así a la conducta de quienes recibieron las dosis y no solamente a quienes organizaron o facilitaron las vacunaciones. Taiano también sostuvo que los involucrados no podían argumentar desconocimiento de las reglas vigentes para la vacunación. Según su planteo, las campañas habían sido públicas y masivas, mientras que los criterios de priorización eran "razonablemente conocidos por la ciudadanía".
La hipótesis fiscal, por lo tanto, coloca el foco sobre el conocimiento que tenían los beneficiarios respecto de las condiciones establecidas para acceder a las vacunas y sobre su participación en la concreción de esas vacunaciones.
Quiénes aparecen en el pedido de indagatorias
La lista presentada por el fiscal incluye a figuras de distintos ámbitos políticos, empresariales, periodísticos y sociales. Entre los principales nombres mencionados aparecen:
- Eduardo Duhalde, expresidente.
- Hilda "Chiche" Duhalde, esposa del exmandatario.
- María Eva y Juliana Duhalde, hijas del expresidente.
- Horacio Verbitsky, periodista.
- Florencio Aldrey Iglesias, empresario y propietario del diario La Capital de Mar del Plata.
- Familiares de Florencio Aldrey Iglesias.
- Seza Manukian, empresario.
- Hugo Curto, exintendente de Tres de Febrero.
- Filomena Marta Burgos, esposa de Curto.
- Jorge "Topo" Devoto, publicista y dirigente kirchnerista.
- Jorge Taiana, diputado.
- Eduardo Valdés, diputado.
- Gabriel Michi, periodista.
- Esteban Collazo, fotógrafo presidencial.
- Patricia Alsua, esposa del entonces procurador del Tesoro Carlos Zannini.
- Marcelo Jorge Duhalde, hermano del fallecido secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde.
La nómina se completa con otras personas alcanzadas por el pedido fiscal, en el marco de una investigación que reconstruyó diferentes mecanismos utilizados para aplicar vacunas por fuera de las prioridades sanitarias establecidas.
El episodio del Ministerio de Salud
La investigación identificó tres episodios centrales. El primero ocurrió el 18 de febrero de 2021, cuando diez dosis que habían sido asignadas al Hospital Posadas fueron trasladadas al Ministerio de Salud. Las vacunas terminaron siendo aplicadas en un vacunatorio improvisado instalado en la antesala del despacho del entonces ministro de Salud, Ginés González García, quien falleció posteriormente.
Entre las personas que recibieron esas dosis estuvieron Horacio Verbitsky, Seza Manukian, Florencio Aldrey Iglesias y tres familiares, además de los diputados Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
La investigación puso además el foco sobre la forma en que fueron registradas esas aplicaciones en el sistema oficial. De las personas vacunadas en ese episodio, nueve fueron registradas en el sistema NOMIVAC como "Personal Estratégico", una categoría que, según la investigación, no les correspondía.
En otro caso, Félix Eulogio Guille fue registrado como mayor de 60 años. El episodio del 18 de febrero quedó así incorporado como uno de los principales hechos investigados dentro de la causa, tanto por el traslado de las dosis asignadas al Hospital Posadas como por el lugar donde fueron aplicadas y la forma en que quedaron registradas.
Las vacunas que llegaron a la casa de los Duhalde
El segundo episodio investigado tuvo lugar el 1 de febrero de 2021. Ese día, un vial con cinco dosis fue trasladado hasta el domicilio de Eduardo Duhalde, ubicado en Lomas de Zamora. En ese lugar, el entonces subsecretario de Estrategias Sanitarias Alejandro Costa vacunó al expresidente, a su esposa Hilda "Chiche" Duhalde, a sus hijas y a su secretario privado, Carlos Alberto Mao.
La Fiscalía cuestionó específicamente la modalidad utilizada para realizar esas aplicaciones. Taiano sostuvo que la vacunación domiciliaria estaba reservada para personas imposibilitadas de trasladarse y remarcó que "no existe constancia alguna de que Duhalde padeciera impedimento físico".
El fiscal también señaló que el régimen especial correspondiente a los expresidentes no contemplaba un privilegio sanitario. La situación de Eduardo Duhalde y su familia aparece así como uno de los tres episodios centrales reconstruidos por la investigación, junto con las vacunaciones realizadas en el Ministerio de Salud y las aplicaciones efectuadas en el Hospital Posadas.
Las 36 dosis aplicadas en el Hospital Posadas
El tercer hecho comprende la aplicación irregular de 36 dosis en el Hospital Posadas entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021. Según la investigación, esas vacunas fueron aplicadas a 23 personas seleccionadas por razones "de índole personal, familiar o de afinidad política".
Entre los beneficiarios aparecen Gabriel Michi, Esteban Collazo, Patricia Alsua, el dirigente peronista Lorenzo Pepe, Marcelo Jorge Duhalde, Hugo Curto y su esposa Filomena Marta Burgos, y Jorge "Topo" Devoto.
La investigación sostiene que casi todos fueron registrados de manera irregular como "personal de salud". Ese punto adquiere especial relevancia dentro de la reconstrucción fiscal porque, según la causa, mientras esas personas accedían a las vacunas bajo esa categorización, trabajadores del propio Hospital Posadas todavía no habían completado su esquema de vacunación.
El contraste forma parte de los elementos considerados en la investigación para determinar cómo se produjo la asignación y aplicación de esas dosis.
El origen del escándalo
La causa se inició el 22 de febrero de 2021, después de que Horacio Verbitsky revelara en una entrevista radial que había recibido una vacuna luego de comunicarse con Ginés González García.
La revelación desencadenó el escándalo conocido como "Vacunatorio VIP" y derivó en la renuncia del entonces ministro de Salud. González García fue reemplazado por Carla Vizzotti, en medio de la repercusión generada por las vacunaciones realizadas por fuera de los criterios sanitarios establecidos durante la pandemia de COVID-19.
De un archivo parcial a nuevos procesamientos
El expediente tuvo distintos momentos judiciales desde su inicio.
En julio de 2021, la jueza María Eugenia Capuchetti había archivado parcialmente la situación de los vacunados al considerar que no existía delito. Sin embargo, la situación procesal de algunos de los responsables señalados por la investigación cambió posteriormente.
En julio de 2024, Capuchetti procesó a Ginés González García por abuso de autoridad y peculado. Tres meses después, en octubre de 2024, la Sala I de la Cámara Federal, integrada por Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, confirmó los procesamientos del exministro, de su exsecretario Marcelo Ariel Guille, del exsubsecretario Alejandro Salvador Costa y del exdirector del Hospital Posadas Alejandro Alberto Maceira.
Pero la Cámara no limitó su decisión a confirmar esos procesamientos. También ordenó avanzar sobre quienes habían recibido las vacunas, con el objetivo de evitar que quedaran sin respuesta penal quienes "hayan disfrutado de provechos ilegales".