La causa judicial por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández avanza hacia el juicio oral. La querella, encabezada por la ex primera dama Fabiola Yáñez, solicitará una pena de 12 años de prisión al considerar que se encuentran acreditados múltiples episodios de violencia física y psicológica, además de amenazas coactivas.
El pedido se formalizará en las próximas horas, luego de que el fiscal federal Ramiro González diera por concluida la etapa de instrucción y diera inicio al trámite para elevar la causa a juicio. Como lo establece el Código Procesal Penal, la denunciante fue notificada para expresar su posición formal respecto a la acusación.
Tras ese paso, González analizará el pronunciamiento de Yáñez y procederá, si lo considera pertinente, a requerir la elevación a juicio ante el juez federal Julián Ercolini. La defensa del expresidente podrá responder por escrito y, como se espera, apelará la medida. La decisión final sobre la apertura del juicio oral quedará en manos del magistrado.
Qué dice el expediente
En abril, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Alberto Fernández por los delitos de "lesiones leves agravadas por violencia de género", "lesiones graves" y "amenazas coactivas", cometidos en el marco de su relación con Yáñez entre 2016 y 2024.
Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah señalaron que existió una relación signada por la "desigualdad de poder" y una "violencia habitual y constante", tanto psicológica como física. Uno de los ejes de la acusación apunta al aislamiento forzado que habría sufrido Yáñez dentro de la Quinta de Olivos, donde el expresidente ejercía plena autoridad.
"Hay fuertes motivos para sostener que los hechos concretos y objetivos, incluyendo lesiones y otras formas de violencia, causaron un deterioro en la salud de la víctima", detallaron los magistrados en su fallo. Además, resaltaron que la situación de vulnerabilidad de la denunciante era conocida por Fernández desde el inicio del vínculo.
En febrero, el juez Ercolini había ordenado el procesamiento del exmandatario, impuso un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes y dictó una orden de restricción que le impide acercarse a menos de 500 metros de Yáñez o contactarla por cualquier medio.
La defensa del expresidente
Fernández presentó una apelación de 59 páginas en la que negó todas las acusaciones y pidió su sobreseimiento. Argumentó que la resolución judicial "carece de pruebas directas" y se basa en "interpretaciones subjetivas".
También cuestionó la validez de los mensajes que la denunciante habría enviado relatando situaciones de violencia, alegando que no fueron extraídos de su dispositivo original.
"La ausencia de evidencia directa no puede ser reemplazada por construcciones subjetivas", sostuvo su defensa.