El Gobierno define los detalles finales de la Ley Ómnibus y apuesta por el aval de los gobernadores pese a la tensión. El Ejecutivo quedó en mandarles el proyecto final junto a las medidas del pacto fiscal a más tardar el martes.

La Casa Rosada quiere tener listo el escrito en los próximos días para tratarlo en un plenario de comisiones la semana del 15 de abril para luego ir al recinto de la Cámara de Diputados el 24. El jefe del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, le presentará el lunes al oficialismo los puntos de la reforma laboral para incluir en Bases.

El punto que deben definir en Balcarce 50 es el piso de la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias que le presentarán a los gobernadores. El monto estaría alrededor de los $1.600.000 y la actualización sería trimestral respecto del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Lo que no está claro es la escala y la retención que buscarán fijar. Los mandatarios provinciales pidieron que no afecte de forma tan fuerte a la clase media y el Gobierno analiza que sea progresivo y no de shock.

El Gobierno ofrece como moneda de cambio la reactivación de las obras públicas en las provincias que tengan alto grado de avance por medio de la recaudación de una parte del impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS). Aplicaría para autopistas, cárceles y cloacas.

Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Gustavo Valdés (Corrientes) le presentaron al Ejecutivo una contraoferta: pidieron que Nación les ceda algunas obras a las provincias, de forma que las puedan terminar bajo el esquema de Participación Público-Privado.

Un punto de conflicto es el pago de las cajas previsionales de las provincias, por las que algunos mandatarios amenazaron con ir a la Justicia. Con el DNU 280/2024, el Gobierno suspendió los giros de la ANSES a 13 cajas de jubilaciones provinciales junto con la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo Compensador al Transporte.

La Casa Rosada mantiene que primero auditará las cajas con foco en los montos y en la cantidad de personas para luego habilitar los pagos. Le quieren exigir a los mandatarios que hagan un mayor ajuste y que reorganicen sus cuentas.

Otro punto de tensión entre el Gobierno y los gobernadores son los puntos dentro del Pacto de Mayo. Los mandatarios quieren sumar Educación y Producción, pero el Ejecutivo se niega.

El oficialismo, por el momento, no querría hacer modificaciones a los 10 puntos planteados. Mantienen que su objetivo prioritario es llegar al dígito de inflación mensual y se niegan a incluir la discusión sobre la industria nacional.

La oferta del Pacto de Mayo que propuso Javier Milei incluye la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público en torno al 25% del PBI, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos y un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.

Contiene además una reforma laboral, una previsional que permita suscribirse a un sistema privado de jubilación, una reestructuración política que modifique el sistema electoral actual y la apertura al comercio internacional.