El diputado provincial y dirigente del espacio GENERAR, Mamerto Acuña, presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo de Catamarca información detallada sobre las condiciones necesarias para implementar el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley Nacional N° 27.801. La iniciativa tomó estado parlamentario durante la última sesión de la Cámara de Diputados y apunta a conocer con qué recursos cuenta la provincia para cumplir las nuevas obligaciones legales y garantizar los derechos tanto de los adolescentes como de las víctimas.

El planteo pone el foco en la necesidad de determinar si la adecuación normativa está acompañada por las herramientas concretas que requiere el funcionamiento del sistema. En los fundamentos, Acuña señaló que la entrada en vigencia del nuevo régimen obliga a conocer no solamente los avances legislativos, sino también las condiciones reales para llevarlo a la práctica.

En ese marco, recordó que la cuestión procesal fue abordada mediante el Expediente N° 595/2026, vinculado con la Ley Provincial N° 5544. Sin embargo, advirtió que ese aspecto debe complementarse con una evaluación de la infraestructura disponible, el personal asignado, los programas existentes y el financiamiento necesario para poner en funcionamiento el sistema.

El proyecto busca, de esta manera, obtener información documentada sobre los recursos actuales, las necesidades pendientes y las medidas previstas para responder a las exigencias de la nueva legislación.

El Centro Juvenil Santa Rosa, uno de los puntos centrales

Uno de los ejes principales del requerimiento está relacionado con el Centro Juvenil Santa Rosa, sobre cuyo funcionamiento Acuña solicita precisiones específicas. El legislador requiere conocer si el establecimiento se encuentra operativo, cuál es su capacidad efectiva, cuántos adolescentes aloja y con qué personal cuenta para desarrollar sus tareas.

En caso de que el centro funcione parcialmente o no esté habilitado, el Poder Ejecutivo deberá explicar las razones de esa situación, informar cuáles son las alternativas de alojamiento disponibles y detallar los plazos previstos para su puesta en funcionamiento.

El pedido también contempla un relevamiento de los establecimientos destinados al alojamiento de adolescentes. Para ello, solicita distinguir entre las plazas proyectadas y aquellas que se encuentran habilitadas y efectivamente operativas, con el propósito de establecer cuál es la capacidad real del sistema provincial.

La diferencia entre la infraestructura prevista y los espacios que pueden utilizarse de manera efectiva constituye uno de los aspectos que la iniciativa busca esclarecer. El objetivo es contar con datos concretos sobre las condiciones existentes para responder a las obligaciones derivadas del régimen penal juvenil.

Cantidad de adolescentes alojados y condiciones de permanencia

Acuña también solicita información sobre la cantidad de adolescentes alojados, la evolución de los ingresos y egresos y la eventual utilización de comisarías, alcaidías o establecimientos penitenciarios destinados a adultos desde el 5 de septiembre de 2026.

En caso de que se haya recurrido a esos espacios, el Poder Ejecutivo deberá precisar los motivos que llevaron a esa decisión, la duración de las permanencias y las medidas adoptadas para garantizar la separación respecto de las personas adultas detenidas.

El proyecto establece, al mismo tiempo, una condición vinculada con la protección de la identidad de los jóvenes: la información deberá presentarse sin divulgar datos que permitan identificarlos. Esta exigencia se integra con otra disposición general de la iniciativa, que establece que los datos relativos a niñas, niños y adolescentes deberán ser presentados de manera agregada y anónima.

Equipos interdisciplinarios 

Otro de los aspectos contemplados es la disponibilidad de recursos humanos especializados para atender las necesidades de los adolescentes alcanzados por el régimen. El legislador solicita conocer la cantidad y disponibilidad de equipos interdisciplinarios, profesionales de la salud y supervisores especializados.

El requerimiento incluye información sobre las capacitaciones realizadas y las medidas previstas para cubrir las vacantes existentes. De esta manera, se busca determinar con qué personal cuenta la provincia y qué acciones contempla para responder a las necesidades operativas del sistema. El pedido también abarca los programas y dispositivos destinados a acompañar a los adolescentes durante el cumplimiento de las medidas que correspondan. Entre los recursos sobre los que solicita precisiones se encuentran:

Educación y capacitación laboral, para conocer la oferta disponible.

Salud mental y atención de consumos problemáticos, en relación con los servicios y programas existentes.

Acompañamiento familiar, como parte de los dispositivos de atención previstos.

Dispositivos territoriales, destinados al cumplimiento de medidas socioeducativas no privativas de la libertad.

La información requerida permitirá conocer cuáles de estos programas están disponibles, qué recursos tienen asignados y cuáles son las necesidades que todavía deben atenderse para garantizar su funcionamiento.

Infraestructura, habitabilidad y protocolos

El proyecto de resolución incorpora, además, preguntas sobre el estado de la infraestructura destinada al sistema penal juvenil. Acuña solicita información acerca de las condiciones de habitabilidad de los establecimientos, las obras previstas y aquellas que se encuentran en ejecución.

También requiere conocer los protocolos de actuación ante situaciones de urgencia, traslados, requisas, uso de la fuerza y recepción de denuncias. Estos procedimientos forman parte de los aspectos operativos sobre los que el legislador busca obtener documentación y precisiones.

En los fundamentos, el planteo advierte que la existencia formal de establecimientos o programas no garantiza, por sí sola, que puedan funcionar de manera efectiva. Por ese motivo, considera indispensable disponer de información respaldatoria que permita establecer cuáles son los recursos efectivamente disponibles y qué necesidades permanecen pendientes.

La evaluación solicitada comprende, por lo tanto, tanto las condiciones materiales de los establecimientos como los procedimientos previstos para su funcionamiento y la respuesta ante distintas situaciones.

El costo de implementación 

La dimensión presupuestaria constituye otro de los ejes centrales del pedido de informes. Acuña solicita una estimación del costo inicial y anual que demandará la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, con un desglose de los gastos previstos para cada área.

El detalle requerido comprende las erogaciones relacionadas con infraestructura, equipamiento, personal, salud, educación, traslados y programas comunitarios. La intención es conocer la magnitud de los recursos necesarios para sostener el sistema y determinar si existe correspondencia entre las necesidades estimadas y las partidas disponibles.

En ese sentido, el proyecto solicita información sobre las partidas asignadas durante 2026, sus modificaciones y los niveles de ejecución presupuestaria. También exige conocer las previsiones contempladas para 2027 y las medidas previstas para cubrir la diferencia entre los recursos existentes y las necesidades calculadas para implementar el régimen.

El requerimiento apunta así a identificar no solo cuánto costará poner en marcha el sistema, sino también cómo se distribuirán y ejecutarán los recursos destinados a sostenerlo.

El origen de los fondos y el financiamiento pendiente

En materia de financiamiento, el diputado pide que se informe cuáles son los recursos solicitados, comprometidos y efectivamente recibidos para afrontar la reforma. El requerimiento incluye, además, las gestiones que todavía se encuentran pendientes, los convenios celebrados y las fuentes provinciales previstas para cubrir aquellos gastos que no cuenten con financiamiento específico.

La distinción entre fondos solicitados, comprometidos y recibidos busca precisar la disponibilidad efectiva de los recursos y conocer qué parte de las necesidades puede cubrirse con el financiamiento existente.

El proyecto también requiere información sobre las medidas previstas para responder a los gastos que no estén contemplados en partidas o mecanismos específicos. De ese modo, la consulta presupuestaria se vincula directamente con la capacidad operativa de la provincia para cumplir con las nuevas obligaciones legales.

Un plazo de 15 días hábiles para responder

La iniciativa establece que el Poder Ejecutivo deberá responder el requerimiento dentro de los 15 días hábiles posteriores a su recepción. La contestación deberá incluir documentación respaldatoria e información individualizada para cada uno de los puntos planteados.

A su vez, dispone que los datos relativos a niñas, niños y adolescentes sean presentados de forma agregada y anónima, con el propósito de evitar la divulgación de información que permita identificar a los jóvenes involucrados.

El pedido de informes procura que la implementación del Régimen Penal Juvenil no quede limitada a la adecuación normativa, sino que esté respaldada por recursos humanos y materiales, programas de atención, infraestructura adecuada, financiamiento identificable y mecanismos de control.

Con la iniciativa, Mamerto Acuña busca establecer qué condiciones tiene actualmente Catamarca para aplicar la Ley Nacional N° 27.801 y cuáles son las necesidades que todavía deben resolverse. La respuesta oficial deberá aportar precisiones sobre el funcionamiento del sistema, los recursos presupuestarios y las medidas previstas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de justicia juvenil y la protección de los derechos de los adolescentes y de las víctimas.