La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su "seria preocupación y rechazo" frente a la medida cautelar emitida por el juez Walter Federico Saettone, titular del Juzgado de Garantías N° 7 de Pilar, que alcanza a periodistas denunciados por Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Para la entidad, la resolución judicial representa una afectación directa a la libertad de prensa y genera restricciones incompatibles con el ejercicio periodístico.
La organización sostuvo que la decisión judicial establece prohibiciones de contacto y acercamiento respecto del denunciante, además de ordenar a los periodistas abstenerse de difundir datos personales, imágenes o información privada vinculada a Tapia. Según ADEPA, estas medidas avanzan sobre tareas propias de la actividad informativa y podrían derivar en limitaciones concretas para la cobertura periodística.
Los cuestionamientos
En su pronunciamiento, ADEPA señaló que la resolución del juez Walter Federico Saettone "no menciona hechos concretos" que permitan atribuir a los periodistas denunciados la comisión de un delito. La entidad destacó que esa ausencia de precisiones se produce "ni siquiera con el grado de provisionalidad propio de una medida cautelar", lo que, a su criterio, agrava la preocupación institucional en torno al caso.
El comunicado también remarcó que la acusación dirigida contra los comunicadores se centra en la decisión editorial de informar de manera constante sobre el denominado caso "AFA". Para ADEPA, ese punto resulta especialmente delicado porque involucra directamente el ejercicio profesional de periodistas y medios de comunicación en torno a un asunto de interés público.
En ese marco, la entidad enfatizó que cuando se trata de personas que ejercen funciones públicas o poseen responsabilidades institucionales, la noción de vida privada debe ser interpretada "con especial cuidado". Según sostuvo, cualquier restricción en este sentido no debe transformarse en un obstáculo para investigaciones periodísticas ni para la difusión de información vinculada a temas de relevancia pública.
Restricciones que podrían afectar la tarea periodística
Uno de los aspectos centrales cuestionados por ADEPA es la prohibición de acercamiento impuesta a los periodistas respecto de Claudio Tapia y de los lugares donde el dirigente desarrolla sus actividades cotidianas. La entidad consideró que una disposición de ese tipo podría afectar tareas básicas e indispensables del periodismo.
Entre las actividades que podrían verse condicionadas, ADEPA mencionó:
- La obtención de información.
- La formulación de preguntas.
- La cobertura de eventos.
- El seguimiento de actividades públicas vinculadas al denunciante.
La asociación advirtió que impedir el contacto o la presencia en determinados ámbitos podría convertirse en una limitación indirecta al trabajo periodístico cotidiano, especialmente cuando se trata de coberturas relacionadas con dirigentes de relevancia institucional.
El "efecto inhibitorio"
ADEPA afirmó que medidas cautelares de esta naturaleza generan "un serio efecto inhibitorio sobre la libertad de prensa". La entidad sostuvo que el uso de una denuncia penal para imponer restricciones a periodistas, sin fundamentos específicos claramente detallados, constituye un mecanismo indirecto que termina entorpeciendo la labor informativa.
En ese sentido, la organización planteó que las restricciones cautelares pueden producir consecuencias que exceden a los periodistas involucrados directamente en el expediente judicial. Según indicó, este tipo de decisiones podría provocar un condicionamiento más amplio sobre el ejercicio profesional de la prensa y sobre el tratamiento periodístico de asuntos considerados sensibles o de alto impacto institucional.
ADEPA interpretó además que la resolución implica una violación a la prohibición de establecer censura previa sobre la libertad de expresión y de prensa. Para fundamentar esa posición, recordó las garantías contempladas tanto en el artículo 14 de la Constitución Nacional como en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica.
La advertencia sobre un antecedente "peligroso"
En la parte final de su pronunciamiento, la entidad periodística subrayó que la protección de la seguridad personal y de la intimidad debe resultar compatible con el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Bajo esa premisa, sostuvo que cualquier medida judicial destinada a resguardar derechos individuales no puede derivar en restricciones que afecten el derecho a informar y a investigar asuntos de interés público.
ADEPA alertó que la decisión judicial cuestionada constituye "un peligroso antecedente" tanto para el ejercicio del periodismo como para el debate público. La organización dejó planteada así su preocupación institucional por las consecuencias que este tipo de resoluciones podrían tener sobre la actividad de la prensa y sobre las garantías vinculadas a la circulación de información en temas de relevancia social e institucional.