A pocos días de haber logrado su primera victoria en el Congreso, con la aprobación del Presupuesto y de la denominada ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno nacional se prepara para cerrar el año con un paquete de medidas clave que marcarán el rumbo de la gestión en 2025. Este martes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunciará formalmente las últimas decisiones del Ejecutivo antes del receso estival, en un contexto político atravesado por la consolidación del oficialismo y una agenda de reformas estructurales.
Según confirmaron fuentes oficiales, durante la mañana Adorni firmará junto al presidente Javier Milei un conjunto de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que formalizarán una serie de resoluciones administrativas, posibles nombramientos y cambios en la estructura del Estado. Las medidas serán publicadas posteriormente en el Boletín Oficial.
Horas más tarde, el propio Adorni retomará su rol de vocero presidencial —función que continúa ejerciendo de manera implícita pese a haber sido designado ministro coordinador— y brindará una conferencia de prensa en la Casa Rosada para detallar el alcance de las decisiones adoptadas.
Uno de los anuncios más relevantes estará vinculado a la Agencia Nacional de Migraciones, organismo que será objeto de una profunda reestructuración y que, además, tendría un nuevo titular. Según pudo saber este medio, el elegido para encabezar el área es el exintendente de Tres de Febrero y actual legislador bonaerense Diego Valenzuela, dirigente políticamente alineado con la senadora Patricia Bullrich.
Bullrich, que hasta principios de este mes estuvo al frente del Ministerio de Seguridad y ahora ocupa una banca en el Senado, continúa teniendo influencia sobre áreas estratégicas vinculadas a esa cartera. En ese marco, la designación de Valenzuela se inscribe en un plan para endurecer los controles migratorios y reforzar la seguridad en las fronteras.
De hecho, desde hace semanas se viene trabajando en una redefinición integral de la Agencia de Migraciones, que no solo implicará el recambio de autoridades, sino también una revisión de su estructura, atribuciones y objetivos. Este martes se darían a conocer la nueva misión del organismo, sus facultades ampliadas, el organigrama y los mecanismos de coordinación con las fuerzas de seguridad.
Hasta el momento, Migraciones funcionaba como una Dirección Nacional bajo la órbita del Ministerio del Interior, con competencias mayormente administrativas, centradas en la gestión de residencias, trámites de ciudadanía y el control del ingreso y egreso de visitantes extranjeros. El Gobierno busca ahora modernizar y jerarquizar el organismo, trasladándolo al ámbito del Ministerio de Seguridad y dotándolo de mayor autonomía y poder jurisdiccional para intervenir en la lucha contra delitos trasnacionales como el narcotráfico y la trata de personas.
Otra de las medidas centrales que anunciará Adorni será una fuerte reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que atraviesa una crisis financiera de larga data. La iniciativa fue impulsada por el flamante ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, quien definió la resolución de este conflicto como una prioridad de su gestión.
Con más de 600 mil afiliados, IOSFA es la tercera obra social más grande del Estado, pero arrastra un pasivo estimado en 200.000 millones de pesos, situación que derivó en demoras, restricciones y cancelaciones de tratamientos de alto costo. Según trascendió, el plan oficial contempla dividir el organismo en dos: uno que atenderá a la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y otro destinado a las Fuerzas Armadas.
Aún resta definir qué ocurrirá con los afiliados de Gendarmería y Prefectura, que podrían ser incorporados a cualquiera de las dos nuevas entidades. La propuesta final fue presentada por Presti a Adorni el viernes pasado, tras reuniones con el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, quien se comprometió a aportar asistencia financiera para afrontar la deuda acumulada.
Por último, otro de los decretos que se firmarán autorizará un aumento salarial para los funcionarios con cargos jerárquicos. De esta manera, ministros, secretarios y subsecretarios recibirán el primer incremento de sueldos desde el inicio de la gestión, luego de que se constatara una pérdida del poder adquisitivo cercana al 60%, producto de la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
Fuentes cercanas a la iniciativa señalaron que la suba dejará los salarios "un 30% por debajo de la inflación", con el objetivo de evitar la salida de cuadros técnicos hacia el sector privado. La recomposición, indicaron, buscará alinearse con las actualizaciones salariales otorgadas a los empleados estatales en el marco de las paritarias vigentes.
