El hallazgo que reactiva la investigación judicial
La investigación judicial que rodea los traslados privados del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha ingresado en una etapa de definiciones críticas tras la aparición de una nueva pieza contable que altera el escenario previo. Se trata de una factura que pone bajo la lupa el viaje de regreso del funcionario desde Punta del Este y profundiza los interrogantes sobre el rol de su círculo íntimo, específicamente el del periodista Marcelo Grandio. El documento en cuestión, que ya forma parte del análisis en los tribunales, suma una presión sin precedentes sobre la estructura de la Jefatura de Gabinete en un contexto de extrema sensibilidad institucional por el uso de recursos y vínculos con el sector privado.
La mencionada factura, que lleva fecha del 9 de marzo, fue emitida por el broker aeronáutico Agustín Ismel Issin. Lo llamativo para los investigadores es que el comprobante figura a nombre de Grandio, quien según registros previos ya había afrontado el costo del tramo de ida a través de una de sus unidades de negocios. Esta duplicidad de intervenciones por parte de un particular en los gastos de traslado de un alto funcionario público es, precisamente, el eje que busca desentrañar la Justicia para determinar si existieron irregularidades o el cumplimiento de favores que podrían encuadrar en figuras penales.
Inconsistencias en los valores y el rol de los intermediarios
El entramado de facturación presenta detalles técnicos que han despertado la curiosidad de los especialistas del sector aeronáutico y de los peritos contables asignados al caso. Agustín Ismel Issin, quien figura como emisor de la factura, es un piloto y socio de Jaquelina Edna Lowndes en la firma Jag Aviation, empresa que comercializa los vuelos y exhibe en su sitio web el Honda Jet matrícula LV-HWA, la aeronave utilizada en el traslado. Según se ha podido reconstruir, Issin opera adquiriendo paquetes de horas de vuelo para su posterior reventa a clientes privados, tal como se observa en una factura previa emitida por la firma AlphaCentauri por un paquete de diez vuelos fechada el 9 de febrero. En dicho documento, por un total de 42.250 dólares, el broker figuraba como Issin Hansen, con CUIT uruguayo y domicilio en Punta del Este.
La nueva factura de marzo consigna únicamente el concepto vuelo 17/02/2026 PDP-FDO por un valor de 3.000 dólares, lo que marca una diferencia de 1.830 dólares respecto al trayecto inicial de ida, que había costado 4.830 dólares y fue emitido a la productora Imhouse, vinculada también a Grandio. En el ámbito aeronáutico se sugiere que la emisión de este último comprobante, realizada el mismo día en que el tema tomó estado público en televisión, podría haber sido una reacción ante la repercusión del caso. Ahora, la Justicia aguarda que Grandio presente los detalles de la transferencia bancaria que respalde fehacientemente ese pago de tres mil dólares para verificar la veracidad de la operación y el origen de los fondos.
Versiones contradictorias y dudas en la Justicia
El frente judicial se complica ante la falta de una versión unificada por parte de los principales involucrados en el traslado. El periodista Marcelo Grandio ha ofrecido explicaciones dispares desde que el tema se instaló en la agenda mediática nacional. En una primera instancia, afirmó que Manu lo pagó, refiriéndose al jefe de Gabinete como el responsable del desembolso. Posteriormente, sostuvo ante los medios que el gasto se había dividido entre ambos y, finalmente, llegó a declarar que el propio Adorni cubrió el costo del viaje utilizando plata del Estado. A pesar de asegurar que posee la documentación de respaldo para cada una de estas versiones, hasta el momento no ha exhibido las pruebas ante las autoridades judiciales.
Por el lado del Ejecutivo, Manuel Adorni ha mantenido firmemente que se trató de un gasto de índole personal y privado. No obstante, esta afirmación carece aún de sustento documental en el expediente, dado que el funcionario no ha presentado los comprobantes que acrediten los reembolsos o pagos efectuados a Grandio por el uso de la aeronave o el alojamiento en Uruguay, donde el periodista también habría oficiado de anfitrión. El propio Issin confirmó su rol como intermediario e indicó que la empresa operadora fue AlphaCentauri, actuando él como broker en una reserva que fue abonada originalmente por Grandio, lo que contradice la postura inicial de un pago directo por parte del funcionario y pone en duda la transparencia del financiamiento de sus viajes de descanso.
El avance del expediente y el factor tiempo
La causa se encuentra bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, quien ha iniciado una serie de diligencias para reconstruir la logística de los pasajeros. El magistrado solicitó a diversos organismos, tanto públicos como privados, la remisión de toda la documentación contable y los registros de las cámaras de seguridad vinculados al vuelo del 17 de febrero. La presencia de la empresa Jag Aviation también aparece confirmada en un video que circuló en medios de comunicación, donde se observa a personal de la firma acompañando a los pasajeros hasta el avión en el aeropuerto de San Fernando, lo que refuerza la conexión entre las partes mencionadas en la facturación sospechada.
Sin embargo, la Justicia se enfrenta a un obstáculo temporal relevante que podría dificultar la obtención de pruebas físicas directas. Varias de las compañías de seguridad aeroportuaria y operadoras ya han advertido al juzgado que no conservan las imágenes de las cámaras por un periodo superior a los 30 días, lo que otorga una importancia crítica a los documentos contables y los registros de transferencias que se soliciten en las próximas horas. La resolución del caso dependerá de la capacidad de los investigadores para cruzar los datos de las facturas con los movimientos bancarios reales de los implicados, buscando clarificar si el jefe de Gabinete incurrió en una falta ética o legal al aceptar traslados de esta naturaleza costeados por un particular.