La investigación judicial sobre el patrimonio y los movimientos financieros de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo luego de que la fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita detectara nuevos criptoactivos presuntamente vinculados al jefe de Gabinete.

A partir de ese hallazgo, el Ministerio Público Fiscal solicitó información a empresas proveedoras de servicios de activos virtuales con el objetivo de determinar si el funcionario y Bettina Angeletti poseen cuentas, tarjetas asociadas o movimientos financieros registrados en esas plataformas.

Según publicó Clarín, la medida forma parte de una investigación más amplia destinada a reconstruir el flujo de dinero, las operaciones patrimoniales y la evolución financiera del funcionario desde su ingreso a la función pública. El requerimiento judicial apunta a establecer distintos aspectos vinculados con la operatoria de criptoactivos:

• Si Adorni y Angeletti registran cuentas en plataformas virtuales.
• Qué movimientos financieros realizaron.
• En qué períodos estuvieron activas las cuentas.
• Si las cuentas continúan operativas.
• Qué documentación respaldatoria existe sobre esas operaciones.

La solicitud se produce mientras la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) elabora un informe considerado clave para el expediente judicial.

La aparición de nuevos criptoactivos

La fiscalía ya había detectado previamente la existencia de criptomonedas que, en principio, no aparecerían reflejadas en la declaración jurada correspondiente al período bajo análisis. Sin embargo, la reciente identificación de otros dos criptoactivos llevó a Pollicita a ampliar los pedidos de información y profundizar la investigación.

Por el momento, tanto los nombres de las compañías involucradas como los montos asociados a esas operaciones permanecen bajo reserva judicial. El objetivo central de la fiscalía consiste en reconstruir el recorrido del dinero y establecer si esas operaciones debían ser incluidas en la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción.

De acuerdo con la investigación citada por el medio, los primeros informes ya habían detectado ingresos y egresos realizados mediante activos virtuales durante el año 2024. Ese dato quedó especialmente bajo análisis porque, si las operaciones corresponden efectivamente a ese período, deberían figurar en la última declaración jurada presentada por Adorni.

Según la información publicada, esos movimientos no aparecerían reflejados en la documentación oficial.

El análisis patrimonial y los gastos bajo investigación

La causa judicial no se limita únicamente al análisis de criptoactivos. Los investigadores también revisan distintos movimientos patrimoniales atribuidos al jefe de Gabinete. Entre los puntos bajo observación figuran:

• Divisas en efectivo.
• Viajes al exterior.
• Gastos de hotelería.
• Fondos destinados a la compra de inmuebles.
• Refacciones inmobiliarias.
• El alquiler de una casa en Indio Cua.

De acuerdo con los datos incorporados al expediente, esos movimientos superarían los USD 370.000 en menos de un año. La primera observación formulada por la Justicia apunta a que esas divisas todavía no contarían con el respaldo documental necesario.

Desde el entorno del funcionario, sin embargo, aseguraron al medio citado que "los números están en orden" y sostuvieron que las dudas serán despejadas cuando se presente la declaración jurada correspondiente.

El foco sobre ingresos, viajes y capacidad patrimonial

Uno de los ejes principales de la investigación consiste en determinar si los ingresos declarados por Adorni como funcionario público resultan compatibles con el nivel de gastos detectado. Los investigadores buscan establecer particularmente:

• Si puede justificar la tenencia de dólares utilizados.
• Si sus ingresos alcanzan para sostener los gastos detectados.
• Cómo se financiaron las operaciones inmobiliarias.
• Cómo se solventaron los 17 viajes al exterior que aparecen bajo análisis.

La respuesta a esos interrogantes será determinante para definir los próximos pasos procesales dentro de la causa. El trabajo técnico de la DAFI tendrá un rol central en ese proceso, ya que deberá reconstruir año por año la evolución patrimonial del funcionario desde que asumió responsabilidades públicas.

Los informes elaborados por las plataformas de criptoactivos también serán cruzados con esa reconstrucción financiera para detectar posibles inconsistencias o movimientos sin respaldo declarado.

Las deudas en dólares y los vencimientos

Otro de los aspectos que aparecen bajo análisis judicial son las deudas por USD 335.000 que, según consta en el expediente, Adorni debería cancelar en noviembre de este año. Fuentes judiciales citadas por el medio señalaron que uno de los puntos centrales será determinar cómo el funcionario justificará el pago de esas acreencias y la disponibilidad de los dólares necesarios para afrontarlas.

En ese contexto, los criptoactivos aparecen como una línea de investigación relevante para intentar reconstruir posibles mecanismos de adquisición o circulación de divisas. El Ministerio Público Fiscal intenta determinar si las operaciones detectadas guardan relación con los fondos utilizados en efectivo o con otros movimientos patrimoniales investigados.

Qué puede ocurrir en la causa

Por el momento, la investigación se encuentra en una etapa de recolección de información y análisis documental. Las nuevas medidas impulsadas por la fiscalía apuntan a precisar:

• Montos.
• Fechas.
• Períodos de actividad.
• Movimientos financieros.
• Compatibilidad patrimonial.

Si las explicaciones presentadas no resultaran suficientes, la fiscalía podría avanzar posteriormente con un pedido de indagatoria, una posibilidad que todavía no fue formalizada. En paralelo, Adorni tiene plazo hasta el 31 de julio para presentar su declaración jurada correspondiente al período fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Ese documento será considerado una pieza importante dentro de la investigación porque permitirá comparar la información oficial declarada por el funcionario con los datos bancarios, migratorios, patrimoniales y vinculados a criptoactivos incorporados al expediente.

El punto central que intenta esclarecer la fiscalía es concreto: determinar si los gastos, las divisas y los activos virtuales investigados cuentan con un respaldo compatible con los ingresos oficialmente declarados por el jefe de Gabinete.