La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con una serie de medidas ordenadas por el juez federal Ariel Lijo, quien solicitó información detallada sobre contratos, facturación y vínculos comerciales entre distintas empresas privadas y la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, esposa del funcionario nacional.
La decisión judicial apunta a profundizar la pesquisa que intenta determinar si existieron posibles beneficios económicos derivados de contrataciones irregulares o direccionadas en favor de la consultora vinculada a la familia del jefe de Gabinete. En ese contexto, el magistrado requirió documentación a tres firmas específicas: Grupo Datco, National Shipping S.A. y Foggia Group.
La causa se desarrolla de manera paralela a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni y que busca esclarecer el origen y la evolución patrimonial del funcionario.
El pedido de documentación
Según trascendió, el juez Ariel Lijo solicitó a las empresas involucradas que presenten todas las facturas, órdenes de licitación y documentación vinculada con la relación comercial mantenida con la consultora +BE.
El objetivo de esta medida es reconstruir el flujo de contrataciones, verificar montos facturados y determinar si existieron irregularidades o posibles beneficios derivados de la cercanía política y funcional entre los organismos estatales y el entorno del jefe de Gabinete.
Dentro del expediente judicial, las averiguaciones están orientadas a conocer si hubo algún tipo de direccionamiento económico hacia la consultora de Bettina Angeletti y si esas operaciones guardan relación con empresas que mantienen contratos o vínculos con el Estado Nacional.
Las empresas bajo análisis judicial
Entre las firmas alcanzadas por los requerimientos judiciales aparece el Grupo Datco, una compañía que presta servicios tecnológicos a diversos organismos públicos supervisados o relacionados con la Jefatura de Gabinete.
Entre los organismos mencionados figuran AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas. La investigación intenta establecer el alcance de la relación comercial entre Datco y la consultora +BE, así como el contexto en el que se realizaron las operaciones.
Otra de las empresas mencionadas es National Shipping S.A., una firma naviera dedicada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos. La compañía es considerada una de las principales proveedoras de la petrolera estatal YPF.
Este dato adquiere relevancia dentro de la investigación debido a que Manuel Adorni se desempeña como director titular de la empresa estatal.
El rol de Foggia Group y los vínculos políticos
El tercer foco de la investigación apunta sobre Foggia Group, empresa dirigida por Mara Gorini, señalada como una colaboradora cercana de la secretaria de Presidencia, Karina Milei.
La firma aparece vinculada a diversas actividades relacionadas con el oficialismo y con la organización de eventos políticos y artísticos protagonizados por el presidente Javier Milei. Según la información incorporada en la investigación, Foggia Group estuvo relacionada con:
- La concesión de Tecnópolis.
- La organización de shows libertarios.
- Los eventos realizados en el Luna Park.
- Los espectáculos en el Movistar Arena.
- Los encuentros denominados "La Derecha Fest".
El expediente busca establecer el tipo de relación comercial mantenida entre esta empresa y la consultora de Bettina Angeletti, así como el posible impacto económico derivado de esos vínculos.
El origen de la denuncia
La causa judicial se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, ex integrante del espacio libertario. La presentación judicial impulsó la apertura de una investigación destinada a esclarecer el origen de los vínculos comerciales entre Angeletti y empresas que, al mismo tiempo, poseen contrataciones o relaciones con organismos estatales.
Dentro del texto judicial se menciona la hipótesis de un presunto esquema de relaciones comerciales que podría configurar un mecanismo de retorno de fondos públicos.
En ese marco, la recopilación de facturación, contratos y documentación administrativa aparece como una pieza central para reconstruir el circuito económico bajo análisis.