La semana pasada, el gobernador Raúl Jalil, anunció que implementará "restricciones" para personas que no se vacunen voluntariamente contra el coronavirus en la provincia. La idea es que, una vez finalizada la vacunación a personas de 18 años, prevista a mediados de agosto, sea una obligación que los participantes en actividades públicas cuenten con un certificado de vacunación.
En este contexto, desde la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) señalaron que de cumplir con las restricciones impulsadas por el Ejecutivo se podría dar una serie de juicios.
“Solo lo tomo como una posibilidad. Es un riesgo que significa que te inicien un juicio. Lo he consultado abogados y es cierto, el juicio se puede ganar o perder, pero el problema lo tenemos igual. Volvemos a ser nosotros los justicieros de este tema”, afirmó en declaraciones radiales Roberto Brunello, titular de FEHGRA.
Brunello señaló que “hay un cruce de derecho”, y trazó una diferencia entre dicha medida y el derecho de admisión con el que ya cuentan los locales. “Tenemos el derecho de admisión pero hoy en día están muy visto los casos de discriminación. Esto merece una discusión más larga y profunda”, dijo el empresario catamarqueño, y remarcó: “Si es necesario, que haya una ley para que nosotros la acatemos, pero no en esta forma tan rápida diciendo porque nosotros sí y otras actividades no”.
Asimismo, dejó en claro que “la solución pasa por la vacuna” y pidió “buscar la forma de incentivar y no que seamos nosotros el eje de esa motivación”.
Por otra parte, afirmó que los locales “no estamos en condiciones de agregar más personal”, si es que se necesita exclusivamente de un empleado que controle a los clientes que ingresen a los establecimientos. “No estamos en condiciones de agregar más personal en los establecimientos. En los últimos días se vio un poco más de movimiento pero eso no significa que podamos volver para atrás los 210 días que estuvimos cerrados, más las restricciones que venimos viviendo. Si lo quieren hacer y, que el Estado quiera poner un empleado en la puerta de cada establecimiento para pedir el pasaporte Covid, será tema de debate, pero nosotros no estamos en condiciones para poner a alguien que controle”.
