Por primera vez desde su reestatización en 2008, Aerolíneas Argentinas informó al Ministerio de Economía que no requerirá aportes del Estado nacional durante el año 2025. La novedad marca un hito para la compañía aérea, que acumuló unos 8.000 millones de dólares en transferencias estatales durante los últimos 16 años para cubrir su déficit operativo.
Hasta ahora, la empresa arrastraba pérdidas anuales promedio de 400 millones de dólares, medida a través del indicador EBIT (ganancias antes de intereses e impuestos), el principal parámetro de eficiencia en la industria aerocomercial.
El panorama comenzó a cambiar en 2024. Bajo la conducción de Fabián Lombardo, Aerolíneas alcanzó un superávit operativo de 20,2 millones de dólares y un resultado económico positivo de $156.324 millones, equivalente a más de 150 millones de dólares. Estos números están siendo auditados por la consultora internacional KPMG y serán oficializados próximamente.
Ajustes de fondo y nueva estrategia
El giro financiero se explica, en gran parte, por una política de reducción de costos que incluyó la salida de más de 1.600 empleados (un 15% de la planta) y la eliminación de 85 cargos jerárquicos. Actualmente, Aerolíneas registra el menor promedio de empleados por avión en su historia.
La compañía también canceló rutas deficitarias y rediseñó su esquema de conectividad, priorizando la rentabilidad. Para fortalecer su presencia internacional, cerró acuerdos estratégicos con Iberia y LATAM.
En paralelo, redujo drásticamente su estructura comercial: cerró 19 de sus 21 sucursales en el interior del país, manteniendo únicamente las de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. La decisión se apoyó en un dato clave: hoy, solo el 1% de las ventas se realiza de manera presencial.
Con estos resultados, Aerolíneas Argentinas rompe una larga dependencia del financiamiento estatal y proyecta un modelo de gestión autosustentable, basado en la eficiencia operativa.
En el marco del plan de reformas del Gobierno de Javier Milei, el saneamiento de la empresa también allana el camino para una eventual privatización, una meta que ya figura entre los objetivos oficiales a mediano plazo.