La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una investigación judicial por presunta evasión vinculada a la retención indebida de impuestos y aportes previsionales, en una causa que ya supera los $19.300 millones bajo análisis.
En ese marco, el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, se presentará a las 11 ante el juez en lo penal económico Diego Amarante para prestar declaración indagatoria. El dirigente es considerado uno de los principales colaboradores del presidente de la institución, Claudio "Chiqui" Tapia, quien también deberá comparecer ante la Justicia mañana, en el marco del mismo expediente.
La citación de Toviggino estaba originalmente prevista para la semana pasada, pero logró posponerla tras cambiar a sus abogados, lo que permitió reprogramar la indagatoria para esta semana. El avance de la causa se produjo luego de que el magistrado rechazara los pedidos de nulidad presentados por ambos dirigentes, quienes habían solicitado suspender el proceso judicial.
El rechazo judicial a los planteos de la defensa
En los últimos días, el juez Diego Amarante resolvió rechazar los planteos de nulidad que habían presentado las defensas de Toviggino y Tapia. Los abogados de los dirigentes sostuvieron que no existía delito y argumentaron que el llamado a indagatoria debía suspenderse debido a la existencia de un recurso pendiente de resolución ante la Cámara.
Sin embargo, el magistrado desestimó esos argumentos y decidió ratificar las indagatorias programadas para esta semana, permitiendo que el proceso judicial avance hacia una instancia clave: la declaración de los principales responsables de la conducción de la AFA.
La acusación de la ARCA
La investigación judicial se originó a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusa a la entidad del fútbol argentino de haber retenido impuestos y aportes previsionales sin depositarlos dentro del plazo legal establecido.
Según el organismo, la AFA actuó como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social, pero no habría ingresado esos montos al Estado dentro de los 30 días corridos posteriores al vencimiento, tal como establece la normativa.
Los períodos investigados abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, e incluyen retenciones vinculadas a distintos conceptos tributarios y previsionales. Entre los tributos involucrados se encuentran:
Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Impuesto a las Ganancias
Contribuciones a la seguridad social
De acuerdo con el planteo de ARCA, la conducta investigada configura el delito de omisión, ya que el deber jurídico de actuar surge directamente de la condición de agente de retención que tenía la institución.
Más de $19.300 millones bajo investigación
La magnitud del caso se refleja en las cifras presentadas por el organismo recaudador. En la denuncia inicial, ARCA señaló que existían $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma. Ese monto se dividía en dos grandes rubros:
Retenciones impositivas
Retenciones vinculadas a la seguridad social
Posteriormente, el organismo presentó una ampliación de la denuncia, en la que se incorporaron $11.759.643.331,62 adicionales. De esta manera, el total investigado supera los $19.300 millones, correspondientes a retenciones y aportes que no habrían sido ingresados al Estado dentro de los plazos legales.
El concepto de apropiación de fondos públicos
En su presentación judicial, ARCA remarcó un aspecto central de la acusación: los fondos retenidos no pertenecen al contribuyente, sino que son recursos que pasan a ser propiedad del Estado desde el momento mismo de la retención. En ese sentido, el organismo sostuvo que la falta de ingreso de esos montos constituye una indebida apropiación de caudales públicos.
Según el planteo oficial:
"Los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos".
El organismo también explicó que el delito se configura desde el punto de vista subjetivo con dolo, entendido como el conocimiento del deber legal de ingresar las sumas retenidas y la posibilidad real de hacerlo. En ese sentido, aclaró que no es necesario demostrar una intención especial de apropiación, sino simplemente la decisión de no cumplir con la obligación legal pese a contar con los recursos para hacerlo.
Las pruebas incorporadas en la causa
Entre los elementos probatorios presentados por ARCA figuran informes del Banco Credicoop, que documentan movimientos financieros vinculados a la AFA. Estos reportes incluyen:
Acreditaciones en cuentas bancarias de la AFA
Constitución de plazos fijos en pesos
Constitución de plazos fijos en dólares
Operaciones por sumas considerables
De acuerdo con el organismo estatal, estos registros financieros demostrarían la "capacidad fáctica" de la institución para disponer de fondos suficientes y cumplir con las obligaciones tributarias y previsionales correspondientes. En ese marco, ARCA sostuvo que la AFA conocía su obligación legal, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de realizar el depósito, pero optó por omitirlo.
Según la denuncia del organismo regulador: "La AFA conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el depósito, optando sin embargo por omitirlo, lo que satisface el elemento subjetivo requerido por el tipo penal".
Con las indagatorias previstas para esta semana, la causa judicial entra en una etapa clave, en la que deberán responder ante la Justicia dos de las principales autoridades de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino.