El Gobierno nacional decidió postergar el envío al Congreso de los cambios previstos para la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía que ya se encuentra finalizada, pero cuya presentación quedó condicionada por la situación política derivada del caso que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Según reconocen en la Casa Rosada, el proyecto está concluido y listo para ser remitido al Parlamento. Sin embargo, el oficialismo resolvió priorizar el tratamiento de las iniciativas que ya ingresaron al Congreso y evitar la apertura de nuevos frentes de negociación legislativa.
La reforma fue elevada a la mesa política del Gobierno, ámbito donde se definen prioridades parlamentarias, estrategias legislativas y cuestiones vinculadas a la gestión política del oficialismo.
El impacto político del caso Adorni
En Balcarce 50 aseguran que la demora no responde a cuestiones técnicas sino exclusivamente políticas.
La situación judicial que atraviesa Adorni alteró la hoja de ruta legislativa del Gobierno y tensó las negociaciones con aliados como el PRO, la UCR y los bloques provinciales.
Uno de los factores que incrementó la sensibilidad en torno al proyecto es que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, adhirieron recientemente al Régimen Simplificado de Ganancias en medio de la investigación judicial sobre el crecimiento patrimonial del funcionario.
Si bien desde el Ejecutivo remarcan que esa adhesión no implicó un blanqueo de capitales ni la exteriorización de fondos, admiten que la coincidencia entre ambos temas podría generar cuestionamientos políticos y complicar el debate parlamentario.
Prioridad para los proyectos en trámite
La estrategia oficial apunta ahora a concentrar esfuerzos en las iniciativas que ya se encuentran en discusión dentro del Congreso.
Entre ellas figuran el paquete de inviolabilidad de la propiedad privada, el denominado Súper RIGI, la ley de lobby, el proyecto Hojarasca y la reforma de Zonas Frías, entre otros expedientes que requieren acuerdos con gobernadores y bloques aliados.
En el Gobierno consideran que sumar nuevas propuestas podría dificultar aún más las negociaciones en un escenario político ya complejo.
La misma lógica alcanza a otros proyectos que estaban previstos para las próximas semanas, como la implementación del juicio por jurados y una nueva tanda de medidas de desregulación económica.
"Primero hay que sacar lo que ya está adentro", resumen en despachos oficiales.
Una agenda condicionada por el Congreso
La situación de Adorni también impacta en el calendario legislativo inmediato.
En el Senado, el oficialismo logró postergar una sesión que podía derivar en una ofensiva política contra el jefe de Gabinete. Sin embargo, el tema volverá a discutirse el próximo 25 de junio y podría desembocar en una interpelación prevista para el 2 de julio.
En Diputados, el Gobierno también sigue de cerca los tiempos parlamentarios del Súper RIGI y del acuerdo con los holdouts, ante el temor de que la oposición aproveche los debates para impulsar cuestionamientos contra el funcionario.
Qué cambios prevé la reforma
La iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, surgió a partir de reuniones mantenidas con contadores y especialistas tributarios.
El objetivo central es fortalecer el régimen simplificado de Ganancias y brindar mayores garantías a los contribuyentes que deseen formalizar fondos actualmente fuera del sistema.
Entre las modificaciones analizadas figuran la eliminación de topes de ingresos y patrimonio para ampliar la cantidad de adherentes, cambios en los criterios de "discrepancia significativa", mayores instancias de rectificación antes de perder beneficios y límites al uso de presunciones fiscales por parte de ARCA.
También se prevén nuevas reglas de bancarización y mecanismos orientados a otorgar mayor seguridad jurídica a quienes ingresen al régimen.
Según explican en Economía, la intención es evitar que contribuyentes que cumplen con sus obligaciones queden expuestos a fiscalizaciones extensivas por errores formales o diferencias menores de criterio.
Beneficios y formalización de fondos
El proyecto contempla además mecanismos de regularización y eventuales beneficios vinculados a sanciones y multas para quienes adhieran al esquema y cumplan con determinadas condiciones.
Desde el Gobierno sostienen que la propuesta busca incentivar la formalización de actividades y fondos actualmente fuera del circuito financiero sin recurrir a un nuevo blanqueo de capitales.
Sin embargo, la discusión quedó inevitablemente atravesada por la situación política del jefe de Gabinete.
En la Casa Rosada admiten que cualquier iniciativa vinculada a beneficios fiscales o limitaciones a las herramientas de control estatal podría ser interpretada por la oposición como una medida diseñada para favorecer a Adorni, pese a que el proyecto comenzó a elaborarse antes de que estallara la controversia.
Por ese motivo, el Ejecutivo optó por congelar temporalmente la iniciativa y esperar un escenario político más favorable para impulsar su tratamiento.
Mientras tanto, el Ministerio de Economía mantiene listo el texto definitivo, aunque la prioridad del Gobierno sigue siendo contener el impacto político del caso Adorni y asegurar los votos necesarios para avanzar con las reformas que ya se encuentran en debate parlamentario.
