“El bajo ranking de atractivo de Catamarca, conlleva a reflexionar y revisar la actual política minera del gobernador Raúl Jalil que, claramente, no tiene la confianza de la sociedad, el consentimiento de la oposición y tampoco atrae a los inversionistas”, fueron las palabras de diputado Alfredo Marchioli al tomar como un llamado de atención el último reporte anual del Instituto canadiense Fraser sobre los mejores lugares para la inversión minera.

El Índice de Atractivo para la Inversión (IAI), es un indicador que integra el Índice de Percepción de la Política Minera (PPI) e Índice de Potencial Geológico Minero (IPM) son las variables tomados por el Instituto internacional para reflejar el grado de atractivo de las jurisdicciones mineras, en el que Catamarca retrocedió lugares dentro del ranking Latinoamericano pasando del octavo lugar en la edición 2020 al onceavo en el reporte del año pasado, con el adicional que fue superada por primera vez por la provincia vecina de La Rioja.

“Cómo será la desconfianza que generó la política de gobierno actual para que incluso distritos que no tienen minería a gran escala tengan mejores indicadores. A pesar de que Argentina mejoró la percepción como destino de inversiones mineras, siendo la 5° región del mundo, Catamarca, en ese contexto, perdió muchísimo” lamentó.

“El 40 % de las inversiones se decide en función de la política minera” advirtió el legislador radical tras comentar que en este caso las decisiones están dadas a partir de los recursos y de la política minera, la cual debe ser sustentable con un desarrollo equilibrado entre la dimensión económica y ambiental, con perspectiva social que garantice el desarrollo de las comunidades vinculadas a los recursos mineros.

En este punto, Marchioli consideró que es “inédito” que Catamarca quedara “en el último lugar entre las provincias que tienen minería a gran escala en Argentina, cuando el país mejoró su atractivo”. Al respecto apuntó que del análisis del informe las causas responden “principalmente a la incertidumbre, producto del sistema legal implementado como autoridad de aplicación en el que se impuso la administrativa en reemplazo de la judicial (Juzgado de Minas), con una clara pérdida de calidad institucional y seguridad jurídica”.

“La incertidumbre sobre las áreas de reservas mineras que fueron insertas en la Reforma del Código de Procedimientos Mineros también cuenta en estos resultados” deslizó el Diputado recordando que cuando se evaluaron estos puntos, Colegios Profesionales, Académicos, Empresas y Justicia advertían los inconvenientes, aunque el Gobierno decidió avanzar de todas maneras.

Marchioli trajo a colación la falta de licencia social minera en algunos distritos de la provincia y la disconformidad de catamarqueños y catamarqueñas sobre la política minera, subrayando que desde la oposición se hizo observancia, cuestionamientos e incluso propuesta de mejoras “sin lograr la escucha y arribo de consensos por parte del Gobierno y ahora son las empresas quienes señalan que Catamarca perdió atractivo para invertir en minería”.

Como propuestas, el Diputado planteó restablecer la autoridad minera judicial que le otorgaba a Catamarca calidad institucional, seguridad jurídica y sostenibilidad del sistema; establecer espacios de diálogo en las zonas de conflicto social minero para concertar con los gobiernos locales las condiciones de las políticas mineras junto a un plan de desarrollo local; y una mayor estandarización y cumplimiento de los procesos de control minero ambiental.

En lo que refiere con la autoridad de aplicación, en las encuestas del Instituto Frase arrojaron que el 42 % considera que el sistema legal de Salta promueve las inversiones y sólo el 11 % sostiene que Catamarca promueve la inversión con la actual autoridad administrativa, por lo que el dirigente destacó que “hay un claro contraste de cómo se percibe un sistema legal en detrimento del elegido, sin consenso, por el Gobierno de Raúl Jalil”. 
“En cuanto a las áreas protegidas, más de la mitad de los encuestados manifiestan una real incertidumbre sobre la gestión de las áreas de interés geológico” planteó antes de finalizar con que “el 56 % manifiesta que no promueve la inversión”.