El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se negó a declarar este martes ante la Justicia federal y tampoco presentó un escrito en el marco de una nueva indagatoria vinculada a una ampliación de la imputación en su contra. El ex funcionario estuvo poco más de cuarenta minutos en los tribunales de Comodoro Py, adonde llegó minutos después de las 9 de la mañana.
Durante la audiencia, en presencia del fiscal federal Franco Picardi, se le dio lectura a la nueva acusación que motivó su citación. Consultado sobre su disposición a declarar, Spagnuolo respondió que no contestaría preguntas y optó por no realizar ningún tipo de descargo formal.
Tras esta decisión, el ex abogado del presidente Javier Milei se retiró del edificio judicial en una camioneta, sin formular declaraciones ante la prensa.
Una causa que ya tenía procesamiento
Spagnuolo ya se encuentra procesado en la causa, pero fue nuevamente citado luego de que el fiscal detectara otros presuntos ilícitos. La investigación apunta a un entramado de contratos direccionados y con sobreprecios dentro de la ANDIS, que habría implicado el desvío de fondos públicos de magnitud.
Según sostuvo Picardi al solicitar la nueva indagatoria, se identificaron nuevas maniobras de corrupción desarrolladas de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo. Estas operaciones habrían implicado la erogación de aproximadamente 75.478.149.019 pesos del erario estatal, en favor de un reducido grupo de empresas.
La ampliación de la imputación coloca nuevamente a Spagnuolo en el centro de la investigación, encabezando la lista de nuevos implicados en la ruta de fondos irregulares.
El rol del juez y la nueva etapa del proceso
El juez federal Ariel Lijo respaldó la investigación del Ministerio Público Fiscal y dispuso un nuevo calendario de indagatorias. Esta etapa comenzó con las citaciones de Spagnuolo y de quien fuera su colaborador en la ANDIS, Daniel Garbellini.
En total, se programaron 35 citaciones, que alcanzan tanto a ex funcionarios como a empresarios que deberán comparecer en los Tribunales de Retiro. Esta fase de la causa se enfoca en operaciones vinculadas a insumos de alto costo y baja incidencia, ampliando el espectro de análisis más allá del primer tramo de la investigación.
Un esquema presuntamente direccionado
De acuerdo con la reconstrucción judicial, el mecanismo investigado consistía en un sistema de compulsas de precios direccionadas y cartelizadas, en el que participaba un conjunto reducido de empresas vinculadas entre sí y con funcionarios del organismo.
El esquema habría operado mediante la simulación de competencia entre firmas que, en realidad, actuaban coordinadamente para asegurar adjudicaciones previamente acordadas. Según el magistrado, este sistema implicaba:
- Manejo de información privilegiada sobre invitaciones y cotizaciones.
- Control de órdenes de compra y pagos.
- Exclusión de competidores externos al circuito.
- Intervención de particulares ajenos a la administración pública.
Este entramado habría permitido garantizar adjudicaciones sistemáticas en favor de empresas predeterminadas, en detrimento de los principios de transparencia, concurrencia e igualdad, además de generar retornos indebidos para funcionarios y beneficios económicos para los privados involucrados.
El período bajo investigación
Los hechos investigados se habrían desarrollado al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, período durante el cual funcionarios de la ANDIS habrían direccionado compras de insumos de alto costo, conocidos como PACBI, hacia proveedores vinculados. Entre los productos bajo análisis se encuentran:
- Prótesis de alta gama para amputaciones.
- Implantes cocleares.
- Materiales para cirugías complejas.
- Sillas de ruedas motorizadas.
Estos insumos eran gestionados a través del Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad o enfermedades crónicas graves en situación de pobreza estructural y sin cobertura médica.
El circuito empresarial bajo sospecha
El entrecruzamiento de datos permitió identificar un patrón en las compulsas de precios, particularmente en 28 procesos vinculados a amputaciones. En estos casos, se convocó a un máximo de seis empresas:
- Profarma.
- Indecomm.
- Laboratorio Ortopédico Sagues.
- Probock.
- Prolite Orthopedics.
- Resposane Salud.
Según la resolución judicial, en trece de estos casos se invitó a cinco empresas y en los quince restantes a seis firmas. El análisis detalló comportamientos específicos dentro del esquema:
- Resposane Salud, vinculada a Miguel Ángel Calvete y Federico Maximiliano Santich, fue invitada pero solo cotizó en dos oportunidades.
- Profarma fue convocada en catorce ocasiones, pero presentó oferta solo una vez.
- Ambas firmas habrían cumplido un rol meramente formal dentro del proceso.
- Indecomm, propiedad de Calvete, participó en todas las compulsas y resultó adjudicataria en reiteradas oportunidades.
Asimismo, otras empresas involucradas pertenecen a la familia Sagues, integrada por Christian, Vicente, Lucas y Mariano, quienes mantendrían estrechos vínculos con Calvete y habrían participado en las maniobras.
Nuevos implicados y expansión de la investigación
Además de los involucrados ya identificados, la investigación incorpora nuevas maniobras de características similares, en las que habrían intervenido tanto personas ya procesadas como nuevos actores, físicos y jurídicos, que no habían sido detectados previamente.
Esta ampliación del expediente refuerza la hipótesis de un esquema sistemático y sostenido en el tiempo, con múltiples niveles de participación y un alcance económico significativo.
En este contexto, la negativa de Spagnuolo a declarar se produce en una instancia clave del proceso, marcada por la profundización de la investigación y la incorporación de nuevos elementos que buscan reconstruir el circuito completo de las presuntas irregularidades dentro de la ANDIS.