Una investigación judicial puso bajo análisis trece órdenes de pago de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que contienen instrucciones para transferir fondos por millones de dólares a distintas sociedades y personas físicas. Los documentos, que llevan el logo de la entidad y una firma atribuida a Gerardo León, exdirector ejecutivo de la institución, podrían aportar elementos relevantes para esclarecer el presunto desvío de al menos 57 millones de dólares recaudados en el exterior.
La documentación fue secuestrada durante una serie de allanamientos realizados en diciembre y marzo y actualmente forma parte de las actuaciones judiciales destinadas a determinar el recorrido de los fondos, la identidad de quienes intervinieron en las operaciones y las responsabilidades vinculadas con la autorización de los pagos.
De acuerdo con una investigación publicada por el diario La Nación, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, las órdenes estaban dirigidas a TourProdEnter, la firma perteneciente a Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. A través de esos documentos se impartían instrucciones para que la empresa transfiriera dinero a diferentes compañías y personas bajo la modalidad de operaciones realizadas "por cuenta y orden de AFA".
El volumen de destinatarios constituye uno de los aspectos centrales de la investigación. En total, las trece órdenes de pago comprenden transferencias destinadas a 63 sociedades y dos personas físicas, un universo de beneficiarios que ahora deberá ser examinado mediante el análisis de la documentación y su correspondiente comparación con los registros financieros.
La hipótesis investigada apunta a que parte de los fondos recaudados en el exterior habría sido canalizada mediante empresas que presuntamente funcionaban como sociedades fantasma. Por ese motivo, los investigadores buscan establecer si las compañías receptoras tenían actividad real, quiénes estaban detrás de ellas y qué relación mantenían con las operaciones financieras bajo investigación.
Cuatro sociedades de Florida recibieron más de US$42 millones
Entre los destinatarios que aparecen en la documentación se destacan cuatro sociedades de responsabilidad limitada registradas en Florida, Estados Unidos: Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasat.
Estas cuatro compañías recibieron en conjunto más de 42 millones de dólares, una cifra que representa una parte sustancial del monto total que se encuentra bajo investigación judicial.
Uno de los elementos que despertó la atención de los investigadores es que las cuatro sociedades compartían domicilio en un mismo edificio de oficinas ubicado en Miami. Esta coincidencia constituye uno de los puntos que deberán ser examinados para determinar las características de su funcionamiento y las posibles conexiones entre las empresas.
Otro dato relevante surgió después de que La Nación revelara públicamente la existencia de estas sociedades. Según la información difundida, las cuatro firmas fueron disueltas en el registro societario de Florida apenas dos días después de aquella publicación periodística.
La proximidad temporal entre la revelación de su existencia y la disolución de las compañías se incorporó al contexto de los elementos que rodean la investigación. La documentación secuestrada, los registros societarios y los movimientos bancarios permitirán establecer con mayor precisión qué papel tuvieron esas empresas en el circuito de transferencias.
El monto recibido por Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasat también explica la importancia que adquirieron dentro del expediente. Los más de 42 millones de dólares transferidos a estas cuatro LLC constituyen una parte central de los al menos 57 millones de dólares cuyo presunto desvío se intenta esclarecer.
Mafer Trading, W Trading y Tronador Import Export
La investigación no se limita a las cuatro sociedades registradas en Florida. La documentación también permitió identificar transferencias hacia otras compañías, entre ellas Mafer Trading, W Trading y Tronador Import Export.
Estas firmas aparecen mencionadas entre las destinatarias de operaciones vinculadas con las instrucciones de pago dirigidas a TourProdEnter.
La identificación de estas empresas amplía el universo de sociedades que deberán ser analizadas por la Justicia. El objetivo es reconstruir el recorrido de los recursos económicos y establecer si existieron relaciones entre los distintos beneficiarios, así como determinar qué actividad desarrollaban y bajo qué condiciones recibieron los fondos.
En ese sentido, las trece órdenes de pago constituyen una pieza documental relevante porque contienen instrucciones concretas para realizar transferencias a destinatarios determinados. Su contenido deberá ser contrastado con las operaciones efectivamente ejecutadas y con los registros contables y bancarios correspondientes.
La investigación busca establecer quién confeccionó los documentos, quién autorizó las operaciones y qué controles se realizaron sobre las empresas y personas que recibieron el dinero.
Un destinatario individual
Entre las personas físicas mencionadas en la documentación aparece Alejandro Almaraz, hijo de José Almaraz, conocido como "El Brujo" de la Selección.
Según los datos incorporados a la investigación, Alejandro Almaraz recibió 340.000 dólares desde cuentas de TourProdEnter entre 2024 y 2025.
Este movimiento constituye otro de los puntos que deberán ser examinados dentro del conjunto de transferencias bajo análisis. La Justicia deberá establecer las circunstancias de esas operaciones, su vinculación con las órdenes de pago secuestradas y los fundamentos de los movimientos de dinero realizados durante ese período.
La presencia de personas físicas entre los destinatarios agrega otra dimensión al expediente, que no solamente comprende a sociedades comerciales, sino también a individuos que recibieron transferencias desde las cuentas de la empresa de Javier Faroni y Erica Gillette.
La reconstrucción de esas operaciones permitirá determinar si los pagos respondían a instrucciones formalmente emitidas por la AFA y quiénes participaron en su autorización y ejecución.
La firma atribuida a Gerardo León
Uno de los aspectos más sensibles de la investigación está relacionado con la firma que aparece en los trece documentos secuestrados. Los comprobantes contienen una rúbrica atribuida a Gerardo León, exdirector ejecutivo de la AFA, cuya autenticidad fue cuestionada por personas de su entorno.
Allegados al exdirectivo sostuvieron que la firma que figura en las órdenes de pago fue falsificada. Además, señalaron que durante el período en el que se realizaron las transferencias León ya no se desempeñaba como director ejecutivo de la entidad, sino que cumplía funciones como asesor.
Esta versión introduce un elemento central para el desarrollo de las actuaciones judiciales, ya que la autenticidad de la firma y las funciones que desempeñaba León durante el período investigado deberán ser consideradas al momento de determinar quién confeccionó y autorizó los documentos.
La controversia sobre la rúbrica también plantea la necesidad de establecer quién tenía facultades para impartir instrucciones de transferencia en nombre de la AFA y qué mecanismos de validación se utilizaron para ejecutar los pagos.
Por el momento, la firma atribuida a León forma parte de los elementos documentales que se encuentran bajo análisis, mientras que sus allegados sostienen que fue falsificada.
La respuesta de la AFA
Consultada por La Nación sobre la investigación, la Asociación del Fútbol Argentino respondió que el tema "está todo en manos de la Justicia" y señaló que debe resolverlo el Juzgado Federal de Campana.
La entidad evitó brindar mayores precisiones sobre las operaciones y remitió la cuestión al ámbito judicial, donde se desarrollan las actuaciones destinadas a esclarecer el origen, la autorización y el destino de las transferencias.
Mientras tanto, la documentación secuestrada será sometida a un proceso de verificación mediante su comparación con movimientos bancarios y facturas. Estas tareas forman parte de las pericias contables ordenadas en distintas causas judiciales relacionadas con el caso.
El análisis buscará establecer si las instrucciones contenidas en los documentos coinciden con las transferencias efectivamente realizadas y si existen respaldos contables que permitan justificar los pagos.