La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó al contratista Matías Tabar, quien realizó trabajos en la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y le exigió que presente una amplia serie de documentación vinculada a sus ingresos, actividad económica y movimientos patrimoniales.
La medida se conoce en un contexto particularmente sensible, ya que Tabar declaró recientemente ante la Justicia en el marco de la causa que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Su testimonio aportó información sobre las refacciones efectuadas en la propiedad del funcionario y sobre la modalidad de pago utilizada para afrontar los trabajos.
Según trascendió, la intimación establece un plazo máximo de diez días para responder a los requerimientos formulados por el organismo recaudador.
Qué documentación le exigió ARCA al contratista
La notificación enviada a Tabar solicita una serie de precisiones relacionadas con su situación económica y comercial durante los años 2024 y 2025.
Entre los puntos requeridos figuran:
- Justificación de ingresos correspondientes a los años 2024 y 2025.
- Detalle de su actividad económica real.
- Facturación vinculada con la obra realizada en la vivienda de Manuel Adorni en Indio Cuá.
- Información sobre la compra de materiales y la mano de obra utilizada en los trabajos.
- Detalle de compras efectuadas a proveedores durante 2024 y 2025.
- Justificación de la adquisición de bienes.
- Explicación sobre la compra de una camioneta valuada en 47 millones de pesos.
- Justificación de la compra de un automóvil valuado en 4 millones de pesos.
- Información sobre la venta de vehículos realizada previamente.
- Justificación del origen de fondos utilizados para la compra de dólares durante 2024 y 2025.
- Confirmaciones societarias vinculadas a su actividad.
La amplitud de la documentación solicitada abarca tanto aspectos patrimoniales como comerciales, incluyendo operaciones de compra y venta de bienes registradas en los últimos dos años.
La denuncia presentada por Marcela Pagano
La decisión de ARCA generó repercusiones políticas y judiciales debido a que se produjo después de la declaración de Tabar ante los investigadores. En ese contexto, la diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia ante el juez de la causa en la que sostiene que Manuel Adorni habría utilizado sus vínculos dentro del poder para obstaculizar el desarrollo de la investigación judicial.
En su presentación, Pagano manifestó que la fiscalización iniciada sobre quienes colaboraron con la Justicia podría generar consecuencias sobre el desarrollo de la causa.
"La aparición de actividad de fiscalización tributaria sobre quienes han colaborado con la justicia, en estrecha proximidad temporal con sus declaraciones, es susceptible de generar un efecto inhibitorio sobre la prueba testimonial", sostuvo la legisladora en el escrito presentado ante la Justicia.
La diputada también remarcó la dependencia institucional de ARCA respecto del Poder Ejecutivo y planteó cuestionamientos sobre el contexto en el que se produjo la intimación.
"La cabeza de coordinación administrativa general la ejerce uno de los funcionarios cuya situación patrimonial se investiga en autos", afirmó. Además, agregó que este tipo de medidas podría generar consecuencias sobre potenciales testigos vinculados a la causa. "Amedrenta a quienes ya declararon y disuade a quienes podrían hacerlo, comprometiendo la libre y veraz declaración que la ley procura asegurar", concluyó.
El testimonio que complicó al jefe de Gabinete
A comienzos de mayo, Matías Tabar declaró ante la Justicia y aportó una serie de datos sobre las obras de remodelación realizadas en la vivienda que Manuel Adorni posee en el country Indio Cuá.
Durante su exposición ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, el contratista sostuvo que las refacciones tuvieron un costo total de 245 mil dólares y aseguró que el monto fue abonado en efectivo y sin factura. Según detalló, los trabajos se desarrollaron durante casi diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025.
Las obras fueron ejecutadas sobre una propiedad emplazada en un lote de 400 metros cuadrados y comprendieron distintas intervenciones estructurales y de acondicionamiento.
De acuerdo con su declaración, las tareas incluyeron:
- Construcción y colocación de pisos.
- Trabajos en el baño.
- Remodelaciones en la cocina.
- Construcción de mobiliario para el quincho.
- Reparación de la pileta.
Tabar, quien es socio del estudio Alta Arquitectura, afirmó que la totalidad de la obra fue abonada por el propio funcionario.
La modalidad de pago y los detalles aportados a la Justicia
En su testimonio, el contratista explicó que los pagos se realizaron en dos etapas claramente diferenciadas. Según declaró:
- Durante 2024 recibió una primera entrega de 55 mil dólares.
- Durante 2025 percibió los 190 mil dólares restantes.
Otro de los aspectos mencionados por Tabar fue que, mientras se desarrollaban las obras, Manuel Adorni alquiló otra vivienda dentro del mismo country para residir temporalmente.
Siempre de acuerdo con su declaración judicial, ese gasto adicional ascendió a 13 mil dólares durante el período en que se ejecutaron las refacciones. Además de brindar precisiones sobre los trabajos, Tabar entregó a la Justicia su teléfono celular y aportó información sobre las personas que participaron en la ejecución de la obra.
El contratista identificó a los distintos oficios involucrados, entre ellos albañiles, plomeros y electricistas, y proporcionó datos que podrían permitir reconstruir la dinámica completa de los trabajos realizados, así como verificar la consistencia de los pagos informados y de los movimientos económicos que actualmente son objeto de investigación judicial.
