El Gobierno argentino pidió hoy la restitución de Pedro Castillo en Perú al hacer un llamado para que se priorice "la voluntad ciudadana" en ese país. Lo hizo en un comunicado en conjunto con las administraciones de Colombia, México y Bolivia.
Las administraciones latinoamericanas exhortaron a "quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio".
El comunicado conjunto, difundido por la Cancillería argentina, expresa lo siguiente:
"Los gobiernos de la República Argentina, la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado Plurinacional de Bolivia expresan su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú.
"Para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de Costa Rica, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención.
"Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio.
"Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado".
Protestas en Perú
Perú vivió hoy una jornada de extrema tensión, ni siquiera suavizada por el anuncio de la presidenta Dina Boluarte de que promoverá el adelanto de las elecciones para abril de 2024, por las crecientes protestas de miles de pobladores en varias ciudades y regiones, que incluyeron bloqueos de rutas y ocupaciones de mercados y universidades, y dejaron siete muertos, mientras en el Congreso avanza una denuncia constitucional contra Castillo, ya sin fueros.
"Interpretando la voluntad de la ciudadanía, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para abril del 2024", dijo Boluarte en un mensaje a la nación difundido por televisión apenas comenzado el día.
La propuesta implica recortar en dos años el mandato en curso, iniciado en 2021 por el depuesto Castillo, y buscaba aplacar la indignación de la población que exige elecciones presidenciales y legislativas conjuntas de inmediato después de otro día -ayer- de manifestaciones multiplicadas.
Pese a las protestas, "está descartada una renuncia de la presidenta", aseguró el ministro de Defensa, Alberto Otárola.
El anuncio del adelanto de las elecciones no calmó los ánimos y las protestas crecieron en número e intensidad: grupos de ciudadanos incendiaron la comisaría de Huancabamba, una localidad en el departamento Apurímac, donde ayer murió la primera persona en el contexto de estas manifestaciones.
