La crisis diplomática entre la Argentina e Irán escaló en las últimas horas con una decisión de máxima gravedad política e institucional: el Gobierno de Javier Milei declaró "persona non grata" al encargado de negocios de la Embajada de Irán en Buenos Aires y le ordenó abandonar el país en un plazo de 48 horas.
La medida fue oficializada por la Cancillería, a través de un comunicado difundido por el canciller Pablo Quirno y luego replicado por el propio Presidente en sus redes sociales. Allí se informó que "la República Argentina ha declarado persona non grata al Sr. Mohsen Soltani Tehrani, Consejero y Encargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán [...] y debe abandonar el territorio nacional en un plazo de 48 horas".
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores explicaron que "la decisión fue adoptada en respuesta al comunicado iraní que contiene acusaciones falsas e improcedentes contra la República Argentina", una definición que dejó en claro que la expulsión fue la respuesta directa al endurecimiento del tono por parte de Teherán.
Las credenciales diplomáticas de Soltani Tehrani habían sido aceptadas en diciembre de 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández, un dato que ahora adquiere centralidad en medio del abrupto deterioro del vínculo bilateral.
Las razones
El texto oficial precisó que la decisión fue adoptada "de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961", el mecanismo jurídico que habilita a un Estado a expulsar a un representante extranjero sin necesidad de mayores explicaciones formales.
La reacción argentina se produjo apenas horas después del duro comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, en el que el régimen teocrático "condenó enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino" por la decisión de incluir a la Guardia Revolucionaria en el listado de organizaciones terroristas.
En ese mismo documento, Teherán calificó la medida como "una ofensa imperdonable al pueblo iraní", cuestionó su legitimidad al sostener que "no solo viola los principios fundamentales del derecho internacional [...] sino que constituye un error estratégico", y avanzó un paso más al advertir que "esta decisión [...] genera responsabilidad internacional para el Estado argentino".
Además, la posición iraní atribuyó la resolución argentina a influencias externas. Según el comunicado, fue adoptada "bajo la influencia del régimen sionista ocupante y de Estados Unidos" y en simultáneo con la "agresión militar" de esas potencias contra Irán, en referencia al actual escenario de ofensiva militar en Medio Oriente.
El texto también incluyó una definición política de fuerte confrontación al afirmar que el Presidente y el canciller argentinos "se han colocado como cómplices de los crímenes cometidos y del lado equivocado de la historia".
La posición argentina
La respuesta de la Casa Rosada no se limitó a la expulsión. El comunicado oficial sostuvo que las expresiones iraníes "constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional".
En ese marco, el Gobierno volvió a ubicar en el centro de la disputa el histórico conflicto judicial entre ambos países, al advertir que la situación "se suma a la persistente negativa de la República Islámica de Irán a cooperar con la Justicia argentina en la investigación del atentado contra la AMIA".
Además, remarcó el "reiterado incumplimiento de las órdenes internacionales de detención y extradición de los responsables", en referencia a los pedidos de captura que pesan sobre ex funcionarios del régimen por su presunta participación en los atentados terroristas de los años 90.
El texto añadió un punto de especial gravedad institucional al señalar que "resulta particularmente grave la designación en cargos de alta responsabilidad del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de personas requeridas por la Justicia argentina".
El cierre de la comunicación oficial fue terminante: "La República Argentina no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia".
Una escalada en 48 horas y un deterioro acelerado
La secuencia de hechos expone una escalada completa en apenas 48 horas. Los hitos del conflicto, según la información oficial, fueron:
- la decisión argentina de declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria
- la respuesta iraní con descalificaciones, acusaciones y advertencias diplomáticas
- la expulsión del principal representante diplomático iraní en el país
En paralelo, el contexto internacional agregó un factor adicional de tensión. La crisis se desarrolla en medio de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, un escenario en el que el Gobierno argentino decidió alinearse de manera explícita con Washington y Jerusalén.
En ese tablero, la Guardia Revolucionaria, estructura central del sistema de poder iraní, quedó en el eje de la confrontación: mientras la Argentina la vincula con el terrorismo internacional a partir de antecedentes judiciales ligados a los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, el régimen iraní la reivindica como "defensora de la seguridad nacional" y "la fuerza más efectiva contra el terrorismo".
La expulsión de Mohsen Soltani Tehrani sintetiza así un punto de inflexión diplomático que reduce al mínimo el vínculo bilateral y proyecta el conflicto más allá del plano discursivo, hacia una confrontación ya diplomática, jurídica y operativa.
