El juez federal Sebastián Casanello dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, legislador bonaerense de La Libertad Avanza y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
La medida fue adoptada luego de un pedido realizado por el fiscal Guillermo Marijuan, quien solicitó distintas medidas de prueba para avanzar en el análisis patrimonial del dirigente libertario y conocer detalles vinculados a viajes, bienes y movimientos económicos.
Además, el magistrado ordenó requerir las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA), como parte de las actuaciones orientadas a profundizar la investigación sobre la evolución patrimonial del legislador provincial.
La denuncia y el inicio de la investigación
La investigación contra Francisco Adorni se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza. A partir de esa presentación, el fiscal Marijuan abrió una causa para analizar las declaraciones juradas del legislador, quien se desempeñó como funcionario del Ministerio de Defensa antes de asumir su actual rol político.
El foco de la investigación está puesto en diferencias patrimoniales detectadas entre los años 2023 y 2024. Según lo que sostiene la denuncia, uno de los puntos bajo análisis es un crédito por 60 millones de pesos que habría sido cancelado en un plazo de doce meses.
También se investiga el incremento patrimonial reflejado en las declaraciones juradas de Francisco Adorni, quien habría pasado de declarar un patrimonio de poco más de 40 millones de pesos a otro superior a los 80 millones de pesos.
El levantamiento del secreto fiscal y bancario
La decisión adoptada por Casanello habilita a la Justicia a acceder a información bancaria y fiscal vinculada al legislador bonaerense. La medida forma parte de una serie de acciones impulsadas por la fiscalía para reconstruir movimientos patrimoniales y financieros que permitan determinar si existieron inconsistencias o situaciones que requieran una explicación judicial.
El magistrado también solicitó a la Oficina Anticorrupción la entrega de las declaraciones juradas correspondientes, documentación considerada clave para evaluar la evolución de bienes y activos.
Una investigación que crece
La causa judicial no se limita únicamente a Francisco Adorni. Según se informó, también están bajo investigación otros integrantes del entorno familiar del jefe de Gabinete. Además del propio Manuel Adorni, la Justicia investiga a su esposa, Bettina Angeletti.
En ese marco, ya se había dispuesto anteriormente el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto del funcionario nacional como de Angeletti ante organismos como ARCA y ARBA. Las medidas forman parte de las actuaciones orientadas a analizar movimientos económicos y patrimoniales vinculados al entorno familiar del vocero presidencial y jefe de Gabinete.
El recorrido de Francisco Adorni en la función pública
El legislador provincial llegó a la función pública como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa durante 2024. Posteriormente, en junio de 2025, fue promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF).
Más adelante encabezó la lista de candidatos a diputados bonaerenses de La Libertad Avanza en la Octava Sección Electoral, consolidando su participación dentro del armado político oficialista.
Nuevos datos sobre los alquileres de Manuel Adorni
En paralelo a la investigación patrimonial, el fiscal federal Gerardo Pollicita tomó declaración testimonial a José Luis Rodríguez, propietario de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, inmueble que fue alquilado por Manuel Adorni.
La declaración se produjo en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete y aportó nuevos detalles sobre pagos, contratos y gastos vinculados a la propiedad.
Según trascendió, Rodríguez confirmó que Adorni abonó 15.600 dólares para residir durante trece meses junto a su familia en una casa del barrio privado mientras avanzaban las refacciones de otra propiedad adquirida en Exaltación de la Cruz por 120.000 dólares.
La obra estaba a cargo del contratista Matías Tabar y, de acuerdo con el testimonio, sufrió demoras que obligaron a extender el tiempo de permanencia en el country.
