En el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, la Justicia llevó adelante una serie de allanamientos en tres inmobiliarias que habrían intervenido en la compra del departamento que posee Manuel Adorni en el barrio porteño de Caballito. La medida marca un punto de inflexión en la causa, al poner el foco en los actores que participaron en la intermediación de la operación inmobiliaria.

Estos procedimientos fueron dispuestos con el objetivo de reconstruir el circuito de la transacción, identificar a los intermediarios involucrados y, especialmente, verificar los valores reales bajo los cuales se concretó la adquisición del inmueble. En este sentido, los allanamientos adquieren un rol central como herramienta para acceder a documentación clave y avanzar en el esclarecimiento del caso.

La declaración de la escribana y el rol del fiscal

La decisión judicial se produce luego de la declaración de la escribana Adriana Nechevenko de Schuster, quien se presentó este miércoles ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. Su testimonio resulta relevante para la investigación, ya que fue la profesional encargada de validar las escrituras de la operación.

Durante su declaración, Nechevenko sostuvo que no tiene ningún tipo de vinculación con el origen del dinero utilizado en la compra del inmueble. Asimismo, afirmó que las operaciones realizadas fueron "normales" desde su perspectiva profesional, razón por la cual procedió a convalidarlas en su carácter de escribana.

El fiscal Pollicita, por su parte, busca determinar con precisión:

• Quiénes fueron los intermediarios reales de la operación.
• Cuáles fueron los valores efectivos de la transacción inmobiliaria.
• Cómo se estructuró el financiamiento del inmueble.

El eje de la investigación: el financiamiento del inmueble

La investigación se centra particularmente en el financiamiento de la adquisición del departamento, ubicado en la calle Miró al 500. Según los elementos reunidos hasta el momento, la compra se habría realizado mediante préstamos privados otorgados por cuatro mujeres mayores.

Este punto despierta especial interés judicial debido a una aparente inconsistencia entre los perfiles económicos de las prestamistas y los montos involucrados. De acuerdo con la información disponible, estas mujeres serían:

• Jubiladas
• Empleadas públicas

En ambos casos, sus ingresos económicos no coincidirían con la magnitud de los créditos que le habrían otorgado al funcionario. Esta discrepancia constituye uno de los principales ejes de análisis para los investigadores, que intentan determinar si existieron mecanismos de encubrimiento o triangulación de fondos.

Levantamiento del secreto bancario y otros gastos bajo la lupa

En paralelo a los allanamientos, la Justicia ordenó el levantamiento del secreto bancario de Manuel Adorni. Esta medida amplía el alcance de la investigación más allá de la compra del inmueble, incorporando el análisis de otros gastos relevantes.

Entre ellos, se destacan los vuelos privados hacia el exterior, específicamente los realizados a:

• Nueva York
• Punta del Este

El objetivo de esta línea investigativa es verificar cómo fueron financiados estos viajes y si guardan relación con el mismo esquema de ingresos y egresos que se analiza en la compra del departamento.

Una causa en expansión

La combinación de allanamientos, testimonios clave y medidas financieras configura un escenario de creciente complejidad en la causa. Cada elemento incorporado apunta a reconstruir un entramado que, según la hipótesis judicial, podría revelar inconsistencias significativas entre los ingresos declarados y los bienes adquiridos.

En este contexto, los allanamientos a las inmobiliarias no solo buscan documentación, sino también establecer responsabilidades y conexiones dentro de la operación. Se trata de un paso decisivo para determinar si existieron irregularidades en la compraventa del inmueble y en el origen de los fondos utilizados.

La investigación continúa su curso con múltiples frentes abiertos, en un proceso que combina análisis patrimonial, financiero y testimonial, y que mantiene bajo escrutinio cada aspecto de las operaciones vinculadas al funcionario.