El Poder Ejecutivo Nacional ha iniciado una etapa de recolección exhaustiva de pruebas y documentación con el fin de dar respuesta formal a los requerimientos del juez Ariel Lijo. El eje central de la controversia se sitúa en el traslado realizado por el jefe de gabinete, Manuel Adorni, hacia la ciudad uruguaya de Punta del Este. En los pasillos de la Casa Rosada, la instrucción actual es clara y consiste en remitir la totalidad de la información solicitada por el juzgado federal para intentar disipar las sospechas de irregularidades que pesan sobre el traslado del funcionario y su grupo familiar. Esta estrategia oficial se enfoca primordialmente en la transparencia administrativa frente a la justicia, mientras en paralelo se intenta sofocar una interna política que ha cobrado renovado vigor en los últimos días. La causa judicial busca reconstruir de manera quirúrgica quién financió los vuelos y bajo qué condiciones contractuales se realizaron, en un contexto donde el Gobierno intenta proteger la figura del ministro coordinador ante la opinión pública y los tribunales, que ya han comenzado a ejecutar medidas de prueba concretas para esclarecer el hecho.
Para cumplir con las demandas del magistrado Lijo, diversas dependencias del Estado han comenzado a centralizar un volumen significativo de registros y constancias administrativas. El objetivo judicial es la reconstrucción cronológica y financiera del viaje, para lo cual se han ordenado acciones coordinadas por el Ministerio Público y el juzgado interviniente que incluyen la recopilación de imágenes de las cámaras de seguridad de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) y de otras áreas estratégicas de las terminales aéreas involucradas. Asimismo, se han requerido planes de vuelo a la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) e informes detallados sobre los movimientos e ingresos a los hangares, sumado a pedidos de informes a la UIF (Unidad de Información Financiera) y reportes de facturación que permitan identificar el origen de los pagos. Complementariamente, se enviaron oficios a la Secretaría General de la Presidencia para determinar la existencia de expedientes, comisiones de servicio, viáticos o cualquier tipo de autorización oficial que pudiera justificar el traslado desde una perspectiva institucional.
En el plano estrictamente contable, la documentación ya incorporada al expediente arroja cifras específicas que forman parte central de la investigación judicial. Según los registros analizados, el vuelo de ida fue facturado por un monto de 4.830 dólares, mientras que el tramo de regreso aparece vinculado a un paquete de diez vuelos por un total de 42.250 dólares. Para profundizar en la legalidad de estos movimientos y determinar la trazabilidad del dinero, el juez ha dispuesto levantar el secreto fiscal de la firma Imhouse y de Agustín Issin Hansen, además de solicitar información bancaria detallada. A pesar del intento de mostrar una postura unificada, en la Casa Rosada admiten dificultades para contener la escala de tensiones internas, donde un sector de Balcarce 50 empuja una estrategia de confrontación directa con el kirchnerismo para correr el eje hacia las causas de Cristina Kirchner, mientras que otro grupo más moderado se inclina por esperar a que la repercusión mediática disminuya por su propio peso.
En el entorno del jefe de Estado, la figura de Manuel Adorni sigue firme en su cargo, aunque se lo describe anímicamente golpeado y existe un reproche interno latente por la forma en que el funcionario salió a dar explicaciones iniciales sin contar con una estrategia consolidada. La ofensiva judicial contra el jefe de gabinete se nutre de las denuncias impulsadas por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, a las que se sumó una presentación de la diputada Marcela Pagano sobre el patrimonio familiar y los contratos de la consultora de la esposa del ministro. Mientras el Ejecutivo intenta retomar la iniciativa política mediante la reactivación de la agenda legislativa y el tratamiento de la Ley de Glaciares, algunos funcionarios han señalado a una empleada de la EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) como la presunta responsable de haber filmado al ministro en el aeropuerto, aunque desde la empresa estatal se aclaró que no existe ningún sumario ni investigación judicial en su contra por el momento.