En un giro significativo dentro de la causa Vialidad, el fiscal federal Diego Luciani solicitó al Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) el decomiso del departamento ubicado en la calle San José 1111, en Constitución, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple actualmente su condena bajo arresto domiciliario.
El inmueble forma parte de un listado más amplio presentado por la fiscalía en la segunda etapa de recuperación de activos, orientada a cubrir el perjuicio económico al Estado, estimado por la Justicia en $685.000 millones. Según el dictamen, el departamento estaría vinculado al entramado patrimonial investigado en la causa, por lo que debería sumarse al decomiso.
La relevancia de esta inclusión es doble: jurídica y simbólica. No solo representa uno de los bienes más visibles del patrimonio en cuestión, sino que además coincide con el domicilio actual de la exmandataria, reforzando la estrategia de la fiscalía de avanzar sobre los activos más significativos.
Una lista de decomisos que supera los 140 inmuebles
El pedido de Luciani no se limita a la propiedad de Constitución. La fiscalía presentó un listado integral que contempla:
- 141 inmuebles: 13 pertenecientes a sociedades vinculadas a la familia Kirchner y 128 de empresas asociadas a Lázaro Báez.
- 46 automotores.
- US$ 4.664.000 en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner.
- US$ 992.134 depositados en una cuenta bancaria, junto a sumas menores en pesos.
Estos bienes forman parte de lo que el Ministerio Público define como una "segunda tanda" de decomisos, destinada a ampliar el alcance de la ejecución patrimonial iniciada tras la firmeza de la condena de Cristina Kirchner.
Otros bienes emblemáticos bajo la lupa
El listado incluye además propiedades de alto perfil vinculadas a la causa, entre ellas:
- Hotel Alto Calafate.
- Hotel La Aldea, en El Chaltén.
- Chalet de la costanera, en Río Gallegos.
- Propiedades y terrenos adicionales en Santa Cruz.
Estos bienes se suman a la primera etapa del decomiso, que ya había alcanzado más de 100 propiedades de los condenados, consolidando un patrimonio bajo investigación que evidencia fortunas desproporcionadas en relación con los ingresos declarados.
Fundamentos de la fiscalía y próximos pasos judiciales
En su dictamen, Luciani argumentó que el objetivo central es recuperar activos provenientes de la maniobra fraudulenta detectada en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015. La fiscalía recordó que los condenados fueron intimados judicialmente a devolver el monto fijado por la Justicia, pero que no han depositado ni un solo peso, habilitando la ejecución sobre sus bienes.
Asimismo, el fiscal enfatizó que la magnitud del patrimonio identificado justifica ampliar el alcance del decomiso, al evidenciar una desproporción significativa con respecto a los ingresos declarados.
El pedido de decomiso quedó en manos del Tribunal Oral Federal N° 2, compuesto por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, quienes deberán decidir sobre la incorporación de estos bienes al proceso de ejecución.
En paralelo, la defensa de Cristina Kirchner y de sus hijos continúa presentando recursos judiciales para frenar la ejecución patrimonial, que eventualmente podrían llegar a la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal que también tendrá un rol clave en el destino final de los bienes decomisados, ya sea mediante su administración, asignación institucional o subasta.
