El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó a las principales empresas de telefonía móvil del país información sobre las líneas telefónicas del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de la causa por la presunta estafa con la criptomoneda Libra, que fue promocionada por el propio mandatario.

El requerimiento también alcanza a los empresarios Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, vinculados a la operatoria. Las compañías AMX Argentina (Claro), Telecom Personal y Telefónica Móviles (Movistar) deberán informar las titularidades actuales y pasadas asociadas a los involucrados, así como los movimientos de las líneas entre enero de 2024 y la actualidad.

El objetivo de Taiano es realizar un entrecruzamiento de llamadas y mensajes, especialmente en las horas previas al lanzamiento de la criptomoneda Libra, promocionada por Javier Milei a través de su cuenta de X (ex Twitter), lo que habría inducido a miles de personas a invertir en un activo que luego se desplomó.

La medida se adoptó a raíz de un pedido de uno de los damnificados aceptado como querellante en la causa, Martín Romeo. Semanas atrás, la jueza María Servini ya había ordenado la recolección de información patrimonial del presidente y su hermana, solicitando informes al Banco Central, la Oficina Anticorrupción (OA) y la ANSES.

En ese sentido, Taiano también busca determinar si hubo un incremento patrimonial significativo de los hermanos Milei desde 2023 a la fecha. El Banco Central deberá remitir los registros del "Régimen Informativo Contable Mensual", donde figuran las entidades financieras con las que ambos operaron. La OA, en tanto, deberá entregar copias de las declaraciones juradas patrimoniales del jefe de Estado y de Karina Milei. Finalmente, la ANSES aportará el historial laboral completo de ambos desde el año pasado hasta la actualidad.

La investigación avanza mientras crece la presión sobre el entorno presidencial y se amplía la búsqueda de pruebas que permitan determinar responsabilidades en una presunta maniobra de fraude financiero con impacto nacional.