Caso $LIBRA: el juez apartó a los querellantes en la causa en la que se investiga a Milei
La resolución judicial aceptó un planteo presentado por la defensa de Mauricio Novelli y dejó sin participación directa a los damnificados que actuaban como querellantes. La decisión modifica el desarrollo de la causa, mientras los afectados ya anticiparon que apelarán la medida.

La resolución judicial responde a un pedido formulado el mes pasado por la defensa de Mauricio Novelli, quien sostuvo que alrededor del token $LIBRA no existió una estafa.

Según ese planteo, el activo digital promocionado por el presidente Javier Milei en sus redes sociales y que pocos minutos después sufrió un fuerte desplome no reúne los requisitos jurídicos necesarios para ser considerado una estafa en los términos previstos por el Código Penal.

La defensa argumentó que en el caso $LIBRA no se configura la secuencia típica exigida para ese delito. En ese sentido, sostuvo que no están presentes los elementos que la legislación contempla para hablar de una estafa.

Entre los fundamentos expuestos se destacaron los siguientes puntos:

No existiría el ardid requerido por el Código Penal.

No se configuraría el error como consecuencia de ese supuesto engaño.

No habría una disposición patrimonial en los términos exigidos por la figura penal.

No existiría el perjuicio que completa la secuencia típica del delito.

Bajo esa interpretación, la defensa sostuvo además que quienes impulsaban la causa como querellantes no pueden ser considerados "particulares ofendidos" por un delito, sino que revisten la condición de inversores en un mercado de riesgo.

Los querellantes que quedaron excluidos

Como consecuencia de la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi, fueron apartados de la causa los damnificados que actuaban como querellantes.

La medida alcanzó a:

Juan Patricio Marchetto

Alan Vega

Matías Alejandro Paris

Braian Emanuel Quintero

Martín Romeo

Los cinco se encontraban agrupados en dos querellas distintas, cuya participación quedó sin efecto tras la resolución judicial.

El apartamiento implica que ya no podrán intervenir de manera activa dentro del expediente, modificando sustancialmente el rol que hasta ahora desempeñaban en la investigación.

Una causa que queda únicamente bajo la conducción del fiscal

Con la exclusión de los querellantes, la investigación pasa a depender únicamente de las actuaciones del fiscal Eduardo Taiano.

El texto señala que el fiscal ha sido severamente criticado por las demoras en la adopción de medidas de prueba durante el desarrollo de la causa.

Además, se destaca un dato que refleja el estado del expediente: en un año y medio de investigación todavía no convocó a declarar a ninguno de los involucrados.

La concentración de toda la actividad procesal en el Ministerio Público Fiscal adquiere mayor relevancia luego de esta resolución, ya que desaparece la posibilidad de que las querellas impulsen actuaciones de manera independiente.

Qué consecuencias tiene la resolución

La decisión del juez no solo aparta formalmente a los querellantes, sino que también limita completamente su capacidad de intervención dentro del proceso.

Con el fallo, ninguna de las querellas tendrá posibilidad de solicitar medidas de prueba, una herramienta utilizada habitualmente para impulsar el avance de una investigación penal.

Asimismo, tampoco podrán:

Insistir con citaciones a indagatoria.

Apelar decisiones que se adopten durante la investigación.

Incidir de cualquier otro modo de forma directa en el curso de la causa.

De esta manera, todas esas facultades quedan fuera del alcance de quienes hasta ahora representaban a los damnificados dentro del expediente.

La apelación y el contexto que rodea al magistrado

Los querellantes ya adelantaron que apelarán la resolución dictada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, con el objetivo de revertir la decisión que los excluyó del proceso.

La resolución se conoce además en un contexto en el que el magistrado venía siendo observado tras una decisión del Gobierno relacionada con su entorno familiar.

Según la información, el Gobierno impulsó la incorporación de su esposa, Ana María Cristina Juan, entre los candidatos para ocupar cargos dentro del Poder Judicial y, específicamente, en el Juzgado Federal de la localidad bonaerense de Hurlingham.

El correspondiente pliego ya recibió la aprobación del Senado, aunque todavía no fue oficializado en el BORA (Boletín Oficial de la República Argentina).

De acuerdo con la información disponible, la publicación de esa oficialización responde únicamente a una cuestión de tiempo.

Mientras tanto, la causa por la presunta estafa vinculada a $LIBRA ingresa en una nueva etapa procesal marcada por la exclusión de las querellas, la continuidad de la investigación exclusivamente bajo la órbita del fiscal Eduardo Taiano y la inminente apelación anunciada por los damnificados.

Si lo deseas, también puedo adaptarlo al estilo de un diario como Clarín, La Nación, Infobae o Página/12, manteniendo exactamente los mismos datos.