Lázaro Báez enfrenta una nueva acusación judicial por presuntas maniobras de lavado de activos y por su supuesta colaboración con una organización dedicada al tráfico de drogas en la Patagonia. La investigación, radicada en la Fiscalía Federal de Río Gallegos, sostiene que el empresario habría continuado administrando y obteniendo beneficios económicos de bienes que se encuentran bajo tutela judicial, pese a las restricciones impuestas por la Justicia.
La presentación fiscal involucra también a su actual pareja, Claudia Insaurralde, detenida desde comienzos de semana, a Sebastián Ibáñez, señalado como testaferro del contratista, y a otros presuntos integrantes de la estructura. La acusación se apoya en escuchas telefónicas, documentación, fotografías, informes bancarios y anotaciones manuscritas que, de acuerdo con los investigadores, permiten reconstruir el funcionamiento de una organización que habría puesto nuevamente en circulación activos y fondos alcanzados por medidas judiciales.
Uno de los elementos centrales de la investigación es una comunicación telefónica realizada desde el Penal Federal de Ezeiza. En esa conversación, Báez reclamó la actualización de un alquiler correspondiente a un inmueble que, según la acusación, no podía administrar libremente porque sus bienes habían sido decomisados o se encontraban sujetos a cautela judicial.
"El dueño de la historia acá, soy yo (...) y si no les gusta, me decís y terminamos el contrato acá", expresó durante la comunicación, que se produjo a unos 3.000 kilómetros de distancia. La conversación se convirtió en una de las principales pistas sobre la presunta continuidad de sus negocios desde la cárcel.
Báez ya fue condenado por el lavado de 55 millones de dólares a través de Austral Construcciones, empresa que también le permitió recibir obra pública vial de manera irregular. Ahora, la nueva acusación lo ubica como principal responsable de una asociación ilícita que habría operado sobre bienes y sociedades sometidos a decisiones judiciales.
Los cuadernos y la estructura de administración paralela
Entre los elementos secuestrados durante la investigación aparecen dos cuadernos considerados relevantes para reconstruir las operaciones. Uno de ellos fue encontrado en Ezeiza y contenía detalles sobre el dinero recaudado, los montos que podían retirarse de determinadas propiedades y las formas de recuperar fondos provenientes de otras operaciones.
Junto con ese material, la Justicia secuestró un papel cuyo título era "El Clan". Los nombres consignados en ese documento coincidirían con gran parte de las personas imputadas en la causa.
El segundo cuaderno pertenecía a Claudia Insaurralde. Allí, la pareja de Báez habría registrado con precisión las fechas de cobro, las personas de quienes recibía dinero, los nombres de aquellos a quienes debía reclamar y otros datos vinculados con la administración de los fondos.
Una fuente judicial describió ese material como una "bitácora de la corrupción" y estableció una comparación con los cuadernos de Oscar Centeno. La hipótesis fiscal sostiene que estos registros permitían organizar el cobro y la distribución de los beneficios económicos derivados de propiedades y empresas que debían permanecer bajo control judicial. La maniobra habría funcionado mediante personas de confianza que actuaban como intermediarios para controlar y comercializar los bienes.
La acusación describe una organización de carácter estable, dedicada a la presunta comisión de delitos de lavado de activos agravado, asociación ilícita calificada, insolvencia fraudulenta y defraudación.
Bienes embargados y empresas bajo sospecha
Uno de los aspectos distintivos de la maniobra investigada es que, según el Ministerio Público Fiscal, los involucrados no habrían creado nuevas empresas para introducir dinero ilícito en el circuito económico. En cambio, habrían operado directamente sobre un patrimonio preexistente que ya estaba alcanzado por embargos, depósitos judiciales y mandatos firmes de decomiso dictados en causas anteriores contra Báez.
El objetivo habría sido sustraer esos activos del alcance efectivo de las decisiones judiciales, mantenerlos en explotación comercial y derivar sistemáticamente sus beneficios económicos, pese a la inhabilitación que pesa sobre el empresario para administrar y disponer de sus bienes.
La obligación patrimonial de Báez está vinculada con dos expedientes centrales: el decomiso de 55 millones de dólares correspondiente a la causa Ruta del Dinero K y el de 685.000 millones de pesos en el caso Vialidad.
Entre los bienes identificados por la fiscalía figuran las estancias agropecuarias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, todas señaladas por el Ministerio Público Fiscal para su decomiso en el marco de Vialidad.
La estructura también habría utilizado inmuebles ubicados en Río Gallegos y El Calafate, algunos de ellos destinados al alquiler para actividades médicas y comerciales.
En cuanto a las sociedades involucradas, la acusación menciona:
Austral Agro, titular de varias estancias adquiridas por Báez entre 2010 y 2012, como parte del lavado de activos investigado en Ruta del Dinero K.
Kank y Costilla, empresa que recibió obra pública vial de manera irregular, con sobreprecios, y que simultáneamente fue inquilina de las firmas de la familia Kirchner, Los Sauces y Hotesur.
Rodados con pedidos de secuestro que habrían formado parte de las operaciones investigadas.
Presuntas operaciones clandestinas de venta de galpones.
Durante la audiencia de acusación, el fiscal Zárate sostuvo que la procedencia de los activos investigados confluye en dos vertientes: por un lado, las condenas firmes impuestas a Báez por defraudación a la administración pública y lavado de dinero en causas como Vialidad y Ruta del Dinero K; por otro, las vinculaciones directas con economías criminales relacionadas con el narcotráfico, advertidas en expedientes satélites de la Patagonia.
La pista narco y los 60 kilos de cocaína
La investigación que derivó en allanamientos simultáneos en Río Gallegos comenzó a tomar una dimensión diferente a partir de una serie de escuchas telefónicas vinculadas con la causa conocida como "Lubricentro".
En ese expediente, Cristian Sebastián Ibáñez tenía sus teléfonos intervenidos por orden judicial, debido a una investigación por tráfico y comercialización de drogas. Fue durante el análisis de esas comunicaciones que apareció una llamada proveniente de Lázaro Báez, quien se encontraba detenido en el Penal Federal de Ezeiza.
Los investigadores no estaban escuchando directamente al empresario, sino a Ibáñez, una persona que en las calles de la capital santacruceña era señalada como el supuesto nuevo testaferro del contratista detenido por lavado de dinero y administración fraudulenta.
En distintas conversaciones, las referencias a Báez aparecían bajo el apodo de "el tío". Una de las comunicaciones que llamó la atención de los investigadores fue aquella en la que dos personas bajo investigación por narcotráfico hablaron de un viaje a Corrientes para buscar maquinaria: "Fuimos a Corrientes a buscar máquinas del Tío Lázaro".
La conversación fue considerada una punta del ovillo. A partir de ese momento, la fiscalía profundizó el análisis de las comunicaciones de Ibáñez, quien continuaba refiriéndose a Báez como "el tío", mientras que a Claudia Insaurralde la identificaban como "la tía".
El conjunto de llamados permitió abrir una investigación denominada "Tío", que contó con el aval del procurador general Eduardo Casal, luego de una consulta realizada por el fiscal Zárate. Uno de los elementos determinantes fue una conversación en la que Ibáñez lamentó el secuestro de 60 kilos de cocaína ocurrido pocos días antes en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. "Qué cagada, cayeron los kilos", sostuvo durante la comunicación.
La sospecha de los investigadores es que el presunto testaferro de Báez habría tenido conocimiento de la llegada del cargamento y formaría parte de la estructura dedicada a su comercialización en territorio santacruceño.
Maquinaria, camiones y propiedades
La acusación sostiene que la organización dedicada a la distribución y comercialización de drogas habría utilizado recursos pertenecientes a Báez. Entre ellos se mencionan maquinaria y camiones de Austral Agro y de otras empresas vinculadas con el empresario.
Las escuchas también registraron referencias al uso de propiedades. En una comunicación, uno de los involucrados pidió: "Dame la llave de la estancia". En otra, se mencionó la necesidad de entregar la llave de una casa.
Estas conversaciones fueron analizadas durante dos meses y las propiedades mencionadas terminaron siendo allanadas a comienzos de esta semana.
La hipótesis judicial sostiene que los bienes, las propiedades y la maquinaria que integran el patrimonio de Báez no habrían sido utilizados sin su consentimiento. Por el contrario, la imputación señala un presunto "apoyo logístico" a la organización dedicada a la comercialización de estupefacientes.
De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el uso de esos recursos habría permitido poner a disposición de la estructura narco una infraestructura material que ya existía y que se encontraba bajo restricciones judiciales.
Un circuito financiero de casi $391 millones
Otro eje central de la investigación es el movimiento de dinero atribuido al entorno de Báez. La fiscalía detectó un flujo financiero consolidado de aproximadamente 390.880.000 pesos, que habría circulado mediante operaciones destinadas a eludir los controles y las restricciones judiciales.
La conversación desde Ezeiza volvió a ser una pieza relevante. En ella, Báez le habría indicado a Ibáñez: "Andá y sacá plata de Gregores", en referencia a una de sus propiedades.
La Justicia describe la existencia de distintos "nodos" de personas utilizados por el empresario detenido para controlar y comercializar los bienes, en presunta desobediencia a las órdenes judiciales. Los informes bancarios analizados por los investigadores registraron que, entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, se realizaron 677 transacciones bancarias en cuentas vinculadas a Ibáñez y a Jorge Ulloa, también imputado y detenido.
De ese total, 662 operaciones resultaron efectivamente acreditadas, por un monto de 380.620.089 pesos. El flujo consolidado detectado por la fiscalía alcanzó aproximadamente los 390.880.000 pesos. Según la acusación, ese volumen equivale a cerca de 980 salarios mínimos, vitales y móviles y supera ampliamente el umbral de 150 salarios mínimos previsto por el artículo 303 del Código Penal.
El reclamo de alquileres desde la cárcel
Entre las operaciones investigadas aparece la comercialización de locales que se encontraban bajo cautela judicial. Una fuente judicial resumió la situación con una frase: "Nada de eso interrumpe los negocios de Báez".
En una conversación realizada desde el teléfono público del Penal de Ezeiza, el empresario reclamó para sí el control de los negocios y de los contratos. "El único dueño acá soy yo, ni mi familia, ni abogados, ni nadie. Acá la única parte soy yo, no hay dos partes. Mi contador es tu contador. Así que ya sabés lo que tenés que hacer. Claudia (Insaurralde) tiene todas las instrucciones, y si no les gusta se rescinde el contrato y se van a la mierda", expresó.
Del otro lado de la comunicación estaba uno de los propietarios de un laboratorio. Báez sostuvo que, según su versión, sus interlocutores "se vienen haciendo los boludos hace diez años", el mismo período durante el cual los bienes permanecieron bajo cautela judicial.
El reclamo concreto estaba relacionado con la actualización del alquiler de propiedades que tienen pedido de decomiso. La conversación constituye, para la investigación, otro indicio de que el empresario habría continuado obteniendo réditos económicos de activos que ya estaban alcanzados por decisiones judiciales.
Las tres etapas del presunto lavado de activos
La acusación fiscal reconstruye las operaciones a partir de las tres fases clásicas del lavado de activos: colocación, estratificación e integración. El esquema permite explicar cómo, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, el entorno de Báez habría conseguido poner nuevamente en circulación fondos provenientes de la explotación de bienes comprometidos judicialmente.
La primera etapa, denominada colocación, habría comenzado con la toma de control efectivo de propiedades, estancias y sociedades embargadas o decomisadas. En lugar de crear nuevas empresas o introducir dinero en efectivo, la organización habría instalado administradores de extrema confianza para explotar comercialmente los campos, cobrar alquileres y generar una caja continua de recursos al margen del control judicial.
La segunda fase, la estratificación, habría consistido en dificultar el seguimiento del dinero mediante operaciones financieras complejas. La fiscalía identificó maniobras de fraccionamiento veloz, transferencias consecutivas, utilización de cuentas de terceros y movimientos hacia el sector de juegos de azar y apuestas.
Entre los ejemplos incorporados al dictamen figura una secuencia de siete transferencias consecutivas por casi 7 millones de pesos, ejecutadas en apenas cuatro minutos y quince segundos. También se detectó la intervención de cuentas bancarias pertenecientes a personas que carecían de capacidad económica declarada para justificar los movimientos.
Dentro de esta etapa, el operador bancario Jorge Manuel Ulloa habría tenido un papel protagónico mediante un esquema circular de autotransferencias masivas. Según la acusación, movilizó más de 165 millones de pesos mediante movimientos exclusivamente entre cuentas propias. Ese volumen representó el 63% de todos sus egresos registrados.
La fiscalía considera que esos giros cruzados en circuito cerrado habrían funcionado como una pantalla artificial para incrementar los movimientos contables, generar confusión en las auditorías y dificultar la identificación del origen real de los fondos provenientes de la explotación de los bienes.
La tercera fase, denominada integración, habría permitido que los recursos regresaran a la economía formal para ser utilizados por los beneficiarios del esquema.
En ese tramo, la fiscalía identificó seis transferencias destinadas directamente a la manutención de Claudia Insaurralde, por un total de 5.100.000 pesos.
La otra vía de retorno habría sido la inyección de capital en una firma agropecuaria inscripta. En este caso, el dictamen señaló una inconsistencia documental: se habría intentado simular el ingreso de divisas bajo el concepto de comercialización de lana, aunque la constancia oficial de actividad de la empresa excluía expresamente la producción lanera.