La compra del departamento donde está presa CFK sería parte de las maniobras ilícitas
La querella de la Unidad de Información Financiera sostuvo que la expresidenta "diseñó, ejecutó y dirigió un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito". La acusación también describió presuntas maniobras bancarias para ocultar el origen del dinero utilizado en la adquisición de propiedades, entre ellas el departamento de San José 1111.

El juicio oral a la expresidenta Cristina Kirchner, a su hijo y diputado nacional Máximo Kirchner y a los restantes acusados por supuesto lavado de dinero proveniente de la corrupción se reanudó este viernes con la lectura del tramo final de la acusación presentada por la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa Los Sauces, vinculada con la inmobiliaria de la familia Kirchner.

En el desarrollo de su exposición, la querella sostuvo que Cristina Fernández de Kirchner "diseñó, ejecutó y dirigió un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito". Además, planteó que la exmandataria lideró una asociación ilícita e imputó a Máximo Kirchner el papel de "organizador" del esquema delictivo, de acuerdo con los términos de la acusación que se está leyendo durante el debate.

El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni. La expresidenta, su hijo y los demás acusados participan de las audiencias de manera remota, conectados a través de la plataforma Zoom.

En cambio, los abogados defensores, la fiscalía a cargo de Diego Velasco y los representantes de la querella de la UIF asisten presencialmente, al igual que los integrantes del tribunal. Las audiencias tienen lugar en la sala ubicada en el subsuelo de los tribunales federales de Comodoro Py 2002.

Cristina Kirchner se conecta desde su domicilio de San José 1111, donde cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica, en el marco de la condena a seis años de prisión dictada en la causa Vialidad.

Por su parte, el empresario Lázaro Báez, también acusado en el expediente, participa desde la cárcel de Ezeiza. Su situación se encuentra atravesada por otro procedimiento judicial: durante esta semana, su celda fue allanada por orden de la Justicia Federal de Río Gallegos, en el marco de una investigación sobre presuntas maniobras destinadas a continuar al frente de negocios vinculados con el alquiler de propiedades, pese a que está condenado y tiene prohibido hacerlo.

La adquisición de San José 1111 

Uno de los puntos centrales de la acusación de la UIF está relacionado con el uso de dos inmuebles pertenecientes a Los Sauces con fines personales por parte de Cristina Fernández y Florencia Kirchner. Se trata de una propiedad ubicada en la calle Mascarello, en Río Gallegos, y del departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde actualmente la expresidenta cumple arresto domiciliario.

Para la querella, la utilización de esos inmuebles no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de la operatoria investigada. En ese sentido, sostuvo que la adquisición de las propiedades se realizó con dinero de Los Sauces que había sido entregado por los grupos empresarios vinculados con la sociedad.

La acusación puso especial atención en las operaciones financieras relacionadas con la compra del departamento de San José 1111. Según la presentación, se registró una serie de movimientos de fondos entre cuentas personales de los socios y de la propia sociedad, cuya trazabilidad habría sido deliberadamente mantenida en el anonimato.

Para concretar esa operatoria, de acuerdo con la UIF, se habría contado con la complicidad de empleados de la sucursal Río Gallegos del Banco Nación. La querella señaló que esos trabajadores "deliberadamente omitieron asentar o dejar debida constancia de la identidad de la depositante y de quien ordenó realizarla".

El recorrido del dinero también fue detallado durante la acusación. Los fondos destinados a la compra del inmueble fueron girados desde la sucursal del Banco Nación de Río Gallegos hacia una cuenta de la sucursal Plaza de Mayo. La querella remarcó que, en ambas operaciones, no quedó registrada la identidad del particular que impartió la orden para realizar los movimientos.

La procedencia del dinero 

Otro aspecto señalado por la UIF fue la forma en que quedó asentado el ingreso de los fondos. El dinero figuraba como un depósito en efectivo en una cuenta de la sociedad Los Sauces, aunque, según la prueba mencionada por la acusación, habría provenido de la caja de ahorros que la entonces presidenta Cristina Fernández poseía en esa misma sucursal bancaria.

La diferencia entre el registro formal de la operación y el origen que la querella atribuye al dinero constituye uno de los elementos centrales de su planteo. Para los representantes de la UIF, la ausencia de datos sobre quién realizó el depósito y quién ordenó las transferencias impidió reconstruir con claridad el circuito financiero utilizado para pagar el departamento.

La acusación calificó esa situación como "opacidad de las operaciones" y sostuvo que esa falta de identificación impidió conocer cómo se abonó efectivamente la propiedad de San José 1111.

De esta manera, la adquisición del inmueble quedó incorporada dentro de la hipótesis de una maniobra más amplia, que, según la querella, habría utilizado recursos de Los Sauces y movimientos bancarios para dificultar la identificación del origen de los fondos y de las personas que intervinieron en las operaciones.

El crecimiento de Los Sauces 

La acusación también describió el funcionamiento económico de la sociedad familiar y el crecimiento que experimentó a partir de 2018. Según la pericia contable citada por la UIF, Los Sauces habría instrumentado un esquema de lavado de activos desde ese año, período en el que la empresa registró un crecimiento que la querella calificó como "vertiginoso".

En ese análisis, los empresarios acusados aparecen como actores relevantes debido a los contratos y beneficios que, según la presentación, obtenían a través de sus vínculos con el sector público. La acusación mencionó específicamente contratos con el Estado Nacional, concesiones viales y concesiones de juego.

La hipótesis de la UIF sostiene que la sociedad de la familia Kirchner creció mediante una inyección constante y permanente de fondos por parte de esos empresarios. En ese contexto, la querella describió un mecanismo por el cual se entregaban varios millones de pesos a los exmandatarios y a sus hijos bajo una "apariencia de legitimidad".

La presentación agregó que los integrantes de la familia presidencial realizaban un "manejo personal" del patrimonio de Los Sauces y sostuvo que "la ex familia presidencial extrajo dinero de Los Sauces".