El Gobierno nacional dispuso que nuevos tramos de rutas pertenecientes a la Red Vial Nacional sean otorgados en concesión por peaje a empresas privadas, en el marco del proyecto denominado Red Federal de Concesiones. La decisión establece un nuevo esquema de participación del sector privado en la gestión de la infraestructura vial y comprende corredores distribuidos en 15 provincias argentinas.
La disposición quedó formalizada mediante el decreto 1358, publicado este viernes en el Boletín Oficial, según la información procesada por la Agencia Noticias Argentinas. A partir de esta normativa, la Secretaría de Transporte tendrá la responsabilidad de convocar a una licitación pública nacional e internacional para avanzar con el otorgamiento de los tramos alcanzados por la medida.
El plazo establecido por el Poder Ejecutivo para realizar ese procedimiento será de doce meses como máximo, por lo que el organismo deberá llevar adelante la convocatoria dentro de ese período.
La decisión se inscribe en una estrategia que busca modificar el esquema de gestión de determinados sectores de la red vial nacional, incorporando a empresas privadas mediante contratos de concesión por peaje. De acuerdo con los fundamentos normativos, el objetivo es profundizar la participación del sector privado en la administración de la infraestructura y promover distintas acciones orientadas a su recuperación y funcionamiento.
La extensión territorial de la medida constituye uno de sus aspectos centrales, ya que comprende rutas nacionales que atraviesan diferentes regiones del país, desde Buenos Aires y la Patagonia hasta el norte argentino y las provincias del litoral.
Las rutas nacionales incluidas en el nuevo esquema
El decreto contempla una amplia nómina de trazas viales que serán incorporadas al proceso de concesión. Los corredores alcanzados atraviesan 15 provincias y comprenden rutas de distinta numeración, con presencia en Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Santa Fe, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Salta, La Pampa, La Rioja y Neuquén.
La distribución de los tramos establecidos en la normativa comprende las siguientes rutas:
Ruta 3: atraviesa Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz.
Ruta 9: comprende Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy.
Ruta 11: alcanza Santa Fe, Chaco y Formosa.
Ruta 12: corresponde a Entre Ríos.
Ruta 14: comprende Corrientes y Misiones.
Ruta 16: atraviesa Santiago del Estero, Chaco y Salta.
Ruta 22: comprende Buenos Aires y La Pampa.
Rutas 25 y 26: corresponden a Chubut.
Ruta 33: se encuentra en Buenos Aires.
Ruta 34: comprende Jujuy y Salta.
Ruta 35: atraviesa Buenos Aires, La Pampa y Córdoba.
Ruta 38: comprende Córdoba y La Rioja.
Ruta 50: corresponde a Salta.
Ruta 60: se encuentra en Córdoba.
Rutas 81 y 86: corresponden a Formosa.
Ruta 89: comprende Chaco y Santiago del Estero.
Rutas 120, 121 y 122: corresponden a Corrientes.
Rutas 151 y 152: atraviesan La Pampa.
Ruta 158: corresponde a Córdoba.
Ruta 228: se encuentra en Buenos Aires.
Ruta 237: corresponde a Neuquén.
Ruta A0017: se encuentra en Buenos Aires.
La distribución territorial muestra que el programa contempla corredores viales en distintas jurisdicciones y regiones geográficas. Buenos Aires, por ejemplo, aparece vinculada a varias de las trazas incluidas, al igual que Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Salta y otras provincias que cuentan con más de un tramo incorporado al esquema.
En otros casos, la normativa identifica rutas específicas dentro de una sola jurisdicción, como ocurre con las rutas 12 en Entre Ríos, 50 y 60 en Salta y Córdoba, respectivamente, y las rutas 25 y 26 en Chubut.
De esta manera, la Red Federal de Concesiones incorpora una extensa nómina de corredores cuya administración será objeto del procedimiento licitatorio que deberá convocar la Secretaría de Transporte.
El plazo de doce meses para convocar a licitación
Uno de los puntos centrales del decreto 1358 es el plazo otorgado al organismo responsable de llevar adelante el proceso. La Secretaría de Transporte deberá convocar a una licitación pública nacional e internacional en un período no mayor a doce meses.
La convocatoria constituye el paso administrativo previsto para avanzar con la concesión de los nuevos tramos a empresas privadas, bajo el mecanismo de explotación por peaje.
El carácter nacional e internacional de la licitación está expresamente establecido en la disposición y forma parte de las condiciones definidas por el Poder Ejecutivo para instrumentar el proyecto. El decreto, publicado en el Boletín Oficial este viernes, formaliza así la decisión de incorporar nuevos sectores de la infraestructura vial nacional al régimen de concesiones. La responsabilidad de concretar la convocatoria queda en manos de la Secretaría de Transporte, que deberá actuar dentro del plazo máximo establecido.
La medida no se limita a un corredor determinado, sino que abarca un conjunto de rutas distribuidas en 15 provincias, lo que le otorga un alcance territorial amplio dentro de la planificación vial nacional.
Los objetivos: infraestructura, seguridad y competitividad
Los fundamentos normativos del decreto explican los objetivos que persigue el Gobierno con la implementación de este esquema. Entre las razones expuestas se encuentra la intención de profundizar la participación del sector privado en la gestión de la infraestructura vial nacional.
La normativa señala que la iniciativa procura avanzar en la rehabilitación de la infraestructura vial, mejorar las condiciones de seguridad y reducir los costos logísticos. Estos propósitos aparecen vinculados con el fortalecimiento de la competitividad y con los objetivos económicos generales establecidos por el Estado nacional.
El texto normativo plantea expresamente la necesidad de:
Rehabilitar la infraestructura vial, mediante una mayor participación del sector privado en su gestión.
Mejorar la seguridad, como uno de los objetivos centrales del nuevo esquema.
Reducir los costos logísticos, en el marco de las acciones previstas para los corredores nacionales.
Fortalecer la competitividad, vinculando la infraestructura vial con el funcionamiento de las actividades económicas.
Contribuir a la eliminación del déficit y al equilibrio de las cuentas del Estado nacional.
En los fundamentos se sostiene que el proceso permitirá profundizar la participación privada y, al mismo tiempo, contribuir al cumplimiento de los objetivos fiscales del Gobierno.
La referencia a la eliminación del déficit y al equilibrio de las cuentas públicas constituye otro componente relevante de la iniciativa, ya que la normativa vincula el nuevo modelo de gestión vial con las metas económicas del Estado nacional.