En un movimiento de significativa relevancia diplomática y jurídica, el Gobierno de los Estados Unidos ha reforzado su apoyo a la República Argentina en el complejo proceso judicial vinculado a la expropiación de YPF. La Procuración del Tesoro de la Nación, bajo la dirección de Sebastián Amerio, informó que el Departamento de Justicia estadounidense —encabezado por Pam Bondi— presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Este escrito respalda formalmente la moción de emergencia presentada por la Argentina el pasado 6 de marzo, la cual busca suspender el proceso de discovery (producción de documentos) post sentencia.
La intervención del equipo de Donald Trump busca frenar una serie de requerimientos que la administración considera incompatibles con el derecho internacional y la soberanía de los Estados. Entre las medidas que el Gobierno argentino pretende paralizar, se encuentran la etapa de discovery que impone cargas administrativas sobre el Estado, el pedido de medidas punitivas contra la República Argentina por parte de los demandantes y la audiencia probatoria fijada para los días 21 al 23 de abril de 2026.
El conflicto por el "Discovery" y las reservas soberanas
El centro del debate jurídico radica en la intensidad de las exigencias admitidas por la jueza Loretta Preska. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos advirtió explícitamente que las solicitudes de los demandantes han traspasado límites aceptables. En su presentación, el organismo estadounidense destaca que los demandantes han buscado acceder a comunicaciones sensibles de altos funcionarios argentinos y, más grave aún, han solicitado información detallada sobre la ubicación de las reservas de oro soberanas custodiadas por el Banco Central de la República Argentina.
El Gobierno estadounidense sostiene que estas exigencias son "excesivamente intrusivas" y plantean riesgos significativos. Argumentan que el descubrimiento forzado de bienes presumiblemente inmunes, bajo el amparo de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), podría sentar un precedente peligroso. La argumentación del Departamento de Justicia subraya dos preocupaciones centrales: la fricción diplomática que las solicitudes dirigidas contra estados extranjeros pueden generar y el riesgo de reciprocidad, es decir, la posibilidad de que tribunales extranjeros adopten medidas similares contra los propios Estados Unidos en el futuro.
La defensa argentina y el contexto internacional
El Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, ha enfatizado que continuará representando al Estado Nacional con rigor técnico, en busca de proteger los intereses de la República Argentina frente a la jueza Preska. Este respaldo norteamericano no es un hecho aislado, sino la continuación de una acción previa iniciada el 26 de febrero, cuando el Departamento de Justicia ya había presentado un escrito en sintonía con la posición argentina.
La estrategia de la Casa Blanca se fundamenta en la necesidad de que los tribunales estadounidenses actúen con deferencia hacia el Poder Ejecutivo cuando se plantean cuestiones de política exterior, cortesía internacional y reciprocidad. Según el documento oficial, aunque la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso Republic of Argentina v. NML Capital, determinó que la FSIA no limita el alcance del descubrimiento posterior a la sentencia sobre bienes extranjeros, existen otros fundamentos legales y diplomáticos que sí deberían restringir este tipo de acciones gravosas.
Hacia una solución integral
En paralelo al avance en la causa YPF, la Argentina ha logrado avanzar en otros frentes judiciales relacionados con el pasado financiero del país. Esta misma semana, el Estado alcanzó un principio de acuerdo con los fondos litigantes Attestor Master Value y Bainbridge Fund, quienes representaban a los últimos acreedores con demandas activas por el default de 2001.
Esta noticia, comunicada a la jueza Loretta Preska, representa un cierre significativo para disputas por sumas millonarias que amenazaban con embargos sobre activos nacionales. Mientras el Gobierno gestiona la resolución de estas deudas históricas, la defensa en el caso YPF se mantiene en una etapa de alta tensión, aguardando que la Cámara de Apelaciones pondere las advertencias sobre cortesía internacional y reciprocidad expuestas por el gobierno de Donald Trump para definir el futuro de la causa.
