El Gobierno nacional habilitará un esquema de adelanto de coparticipación por hasta $400.000 millones destinado a 12 provincias, entre ellas Catamarca, con el objetivo de aliviar la presión financiera que enfrentan los distritos y ordenar la relación con los gobernadores en un contexto de caída de la recaudación.

La medida será oficializada por decreto y forma parte de una estrategia más amplia para recomponer vínculos políticos en medio del deterioro de los ingresos provinciales y la necesidad de garantizar respaldos para la agenda de reformas impulsada por la gestión de Javier Milei.

Según fuentes oficiales, el mecanismo busca cubrir necesidades de liquidez sin que las provincias deban recurrir al endeudamiento en el mercado. Los fondos corresponden por ley a los distritos, serán girados de manera anticipada y deberán devolverse antes de fin de año con una tasa del 15%, inferior a los costos financieros del sistema crediticio.

En la Casa Rosada señalan que la iniciativa también tiene impacto político: pretende ordenar la relación fiscal con los gobernadores y establecer un marco más previsible ante los pedidos de asistencia. Al mismo tiempo, reconocen que la situación económica afecta por igual a provincias oficialistas y opositoras.

El ministro del Interior, Diego Santilli, retomó la gira por el país y mantuvo reuniones recientes con mandatarios provinciales, entre ellos el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en el marco de las gestiones para fortalecer el diálogo federal.

Caída de la recaudación y presión sobre las cuentas provinciales

El deterioro de los recursos aparece como uno de los factores centrales de la medida. La baja en la recaudación afectó tanto a la Nación como a las provincias, con caídas en las transferencias automáticas y una pérdida significativa de ingresos reales durante el primer trimestre del año.

En ese escenario, los gobernadores enfrentan dificultades para sostener gastos corrientes, especialmente salarios y compromisos paritarios. Fuentes vinculadas a la relación fiscal entre Nación y distritos describen una situación compleja generalizada, con menor margen de maniobra frente a mayores demandas internas.

El esquema de adelanto de coparticipación surge así como una de las herramientas disponibles para evitar un mayor deterioro de las finanzas provinciales.

La asistencia alcanzará a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. El listado incluye provincias alineadas con el oficialismo y otras con posiciones críticas, lo que refuerza la intención del Gobierno de sostener canales de diálogo amplios.

La medida no es inédita: en enero el Ejecutivo aplicó un mecanismo similar para Entre Ríos, aunque ahora el alcance es mayor y responde a un análisis de la situación fiscal de cada distrito. Desde el Gobierno remarcan que se trata de una política habitual que busca anticipar necesidades en lugar de responder a pedidos mensuales.

Estrategia legislativa y búsqueda de apoyos

El trasfondo de la iniciativa es político. Sin mayoría propia en el Congreso, La Libertad Avanza depende de acuerdos con los gobernadores para avanzar con proyectos clave.

Esa red de apoyos muestra señales de desgaste en medio de tensiones fiscales y debates sensibles, como la reforma electoral o modificaciones en leyes vinculadas a los recursos naturales. En ese marco, el oficialismo busca reactivar la agenda parlamentaria y prevé el tratamiento de iniciativas como la modificación de la Ley de Glaciares y otros proyectos incluidos en el paquete de reformas.

Fuentes legislativas aseguran que el acompañamiento de gobernadores y bloques aliados será clave para reunir los votos necesarios, mientras el Ministerio del Interior profundiza las gestiones con mandatarios provinciales.

Desde las provincias, en tanto, subrayan la necesidad de avanzar en reformas que generen previsibilidad e impulsen la inversión, pero reclaman mayor certidumbre en los envíos de fondos y continuidad en las obras de infraestructura.

La relación entre Nación y provincias atraviesa así un equilibrio delicado, marcado por la caída de recursos y la necesidad de sostener el diálogo político y financiero.