El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resolvió avanzar con su defensa técnica en la causa que investiga su vuelo en avión privado a Punta del Este, al contratar al estudio jurídico de Matías Ledesma (Ledesma y Asociados), según NA con fuentes oficiales.
La decisión se produce en momentos en que la causa, que se tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, profundiza su avance con nuevas medidas orientadas a determinar quién financió los traslados y si existió algún tipo de irregularidad en torno al uso del servicio aéreo privado.
Desde el entorno del funcionario aclararon que se trata del estudio del letrado Matías Ledesma, una definición que marca el inicio formal de la estrategia de defensa en un expediente que ya dejó de centrarse exclusivamente en un viaje puntual y comenzó a expandirse sobre otros posibles vuelos y operaciones vinculadas.
La lupa sobre Alpha Centauri S.A.
La investigación judicial avanzó con fuerza en los últimos días. A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez Ariel Lijo ordenó una serie de allanamientos para recolectar documentación sobre los viajes realizados entre Buenos Aires y Punta del Este, efectuados junto al periodista Marcelo Grandio durante el feriado de Carnaval.
En ese contexto, la semana pasada efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llevaron adelante procedimientos en la empresa de taxis aéreos Alpha Centauri S.A., donde se buscó información contable, comercial y bancaria relacionada con los vuelos bajo análisis.
El foco de esas medidas estuvo puesto en reconstruir toda la operatoria económica detrás de los traslados, incluyendo:
- Facturación de los vuelos
- Comprobantes de pago
- Registros comerciales
- Movimientos bancarios
- Documentación contable
- Posibles paquetes de vuelos asociados
- Registros de otras operaciones aéreas vinculadas
La incorporación de estos elementos amplió el volumen probatorio del expediente y reforzó la línea investigativa sobre el origen de los fondos utilizados para costear los viajes.
La investigación se amplía a otros vuelos
Uno de los puntos centrales de la causa es que el expediente ya fue ampliado para incluir otros posibles vuelos y operaciones vinculadas, mientras la Justicia analiza registros, facturación y movimientos económicos asociados a los traslados.
La pesquisa apunta a determinar si detrás del financiamiento pudo haber irregularidades compatibles con delitos como malversación de fondos o dádivas a funcionarios públicos, hipótesis que explica la intensidad de las medidas ordenadas en las últimas semanas.
En paralelo, la causa sumó nuevas pruebas y testimonios que, de acuerdo con la información de base, podrían complicar la situación del funcionario, especialmente por las contradicciones surgidas en torno al origen de los fondos utilizados para costear los traslados. Ese punto aparece hoy como uno de los ejes más sensibles del expediente: establecer si el viaje respondió a una operatoria privada regular, si fue cubierto por terceros o si existió un esquema de financiamiento incompatible con la función pública.
Crece la presión política
El avance del expediente judicial incrementa la presión sobre el entorno del Gobierno en un caso que combina uso de vuelos privados, vínculos con terceros y análisis del financiamiento de actividades de funcionarios públicos.
La contratación del estudio de Matías Ledesma por parte de Adorni se inscribe así en una etapa de mayor complejidad procesal, marcada por allanamientos, pedidos de informes, análisis de registros y la acumulación de testimonios.
Con la causa radicada en el juzgado de Ariel Lijo, y con el impulso de la fiscalía de Gerardo Pollicita, la investigación continúa enfocada en reconstruir con precisión quién pagó los viajes entre Buenos Aires y Punta del Este, bajo qué modalidad se contrataron y si existieron irregularidades en su financiamiento.
