El Senado aprobó este jueves la denominada Ley de Inocencia Fiscal II, una de las iniciativas consideradas clave por el Gobierno nacional y cuyo objetivo central es incentivar el ingreso al circuito financiero formal de dólares que los contribuyentes mantienen fuera del sistema.
La iniciativa consiguió el respaldo de 43 senadores, mientras que 23 votaron en contra, en una votación que permitió al oficialismo avanzar con uno de los proyectos centrales de su agenda legislativa. El acompañamiento para la sanción provino de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales, una composición que permitió al oficialismo reunir los votos necesarios para aprobar la reforma.
La sanción constituye un avance legislativo para el Gobierno, que busca facilitar la utilización de los ahorros en dólares que permanecen fuera del circuito financiero formal. El debate, sin embargo, estuvo atravesado por fuertes cuestionamientos de la oposición y por discusiones vinculadas con otros temas de la agenda parlamentaria.
El objetivo: incorporar dólares al circuito formal
La reforma de la Ley de Inocencia Fiscal II apunta a modificar las condiciones bajo las cuales los contribuyentes pueden acceder al régimen simplificado de Ganancias. El propósito planteado es incentivar el ingreso al circuito financiero de dólares que permanecen fuera del sistema formal, mediante una modificación de las reglas vigentes.
Uno de los cambios centrales consiste en eliminar las restricciones para ingresar al régimen simplificado de Ganancias. Según la información del proyecto, hasta ahora podían ingresar quienes contaran con un patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos. La iniciativa modifica ese esquema y, al mismo tiempo, establece restricciones específicas para funcionarios y exfuncionarios públicos.
Las restricciones para funcionarios públicos
Uno de los puntos incorporados al proyecto establece que determinados funcionarios no podrán acceder a los beneficios del sistema simplificado de Ganancias. La restricción alcanza a:
- Legisladores.
- Jueces.
- Ministros del Poder Ejecutivo.
- Presidente de la Nación.
- Funcionarios públicos.
- Personas que hayan ocupado cargos públicos durante los cinco años anteriores.
El proyecto prohíbe que los funcionarios públicos y quienes hayan ocupado cargos durante ese período adhieran al régimen en las condiciones previstas. Durante el debate, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó precisamente la incorporación de estos resguardos. Según planteó, los funcionarios públicos podrán utilizar el mecanismo de simplificación, pero no acceder a sus beneficios, y tampoco podrán utilizarlo para encubrir información en su primera declaración de bienes.
Cambios en el concepto de "discrepancia significativa"
La reforma también redefine el concepto de "discrepancia significativa", una categoría que determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada. De acuerdo con la iniciativa, será considerada significativa una diferencia cuando implique alguno de los siguientes efectos:
- Un aumento del impuesto determinado de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.
- Una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado.
El nuevo criterio forma parte de los cambios incorporados al régimen y establece un parámetro para determinar cuándo una diferencia entre la información declarada y la situación determinada por ARCA adquiere la magnitud necesaria para ser considerada significativa.
Bullrich defendió el proyecto
Durante el debate, Patricia Bullrich sostuvo que la falta de confianza llevó a ciudadanos a sacar sus ahorros del circuito financiero. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza afirmó que Argentina y Rusia son los países con más dólares fuera del circuito financiero porque, según su interpretación, "el Estado fue un enemigo del ahorro".
Bullrich sostuvo que el Estado había afectado los ahorros mediante distintos mecanismos y enumeró entre ellos la hiperinflación, la inflación y el cepo. Según su planteo, esa situación llevó a ciudadanos a abandonar los circuitos legales y recurrir a mecanismos informales con el objetivo de proteger sus ahorros.
En relación con los funcionarios públicos, destacó que el proyecto incorporó resguardos específicos y remarcó que un funcionario no puede mentir en su primera declaración de bienes ni utilizar el mecanismo bajo las condiciones que la iniciativa prohíbe.
El rechazo del peronismo
Desde el peronismo, el senador José Mayans cuestionó duramente la reforma. Calificó a la iniciativa como "un desastre", en una comparación con la ley aprobada en diciembre. Mayans también cuestionó el destino y los potenciales beneficiarios de la reforma, a la que calificó como "un precio a los evasores y los narcotraficantes". En ese marco, formuló críticas dirigidas a personas vinculadas con el Gobierno y mencionó a Karina Milei, José Luis Espert y Manuel Adorni.
Por su parte, el senador peronista Fernando Salino planteó la necesidad de ampliar las restricciones previstas en el proyecto. Propuso incorporar la categoría de "personas políticamente expuestas", al considerar que esa formulación resulta más amplia que la referencia específica a funcionarios públicos contenida en la iniciativa.
La defensa libertaria durante el debate
El debate parlamentario había sido abierto por el senador libertario Bruno Olivera Lucero, quien defendió el espíritu de la reforma y sostuvo que el objetivo es recuperar la confianza de los contribuyentes. Según expresó, el proyecto busca que los ciudadanos no sean considerados permanentemente sospechosos y planteó que quienes trabajan y pagan impuestos merecen respeto.
Olivera Lucero también cuestionó el tratamiento que, según su visión, recibieron históricamente los contribuyentes y apuntó contra la política fiscal durante el kirchnerismo.
De esta manera, la discusión sobre la reforma tributaria quedó atravesada por dos interpretaciones contrapuestas: mientras el oficialismo presentó el proyecto como una herramienta para facilitar la formalización y recuperar la confianza de los contribuyentes, desde el peronismo se formularon fuertes críticas sobre sus alcances y potenciales beneficiarios.
Biocombustibles y el ruido por el Presupuesto
La aprobación de Inocencia Fiscal II no agotó la agenda de la jornada. Luego de la sanción del régimen, continuó el debate sobre el proyecto de Biocombustibles, que ingresó al temario a partir de las negociaciones del oficialismo con sus aliados.
El avance de la iniciativa fiscal se produjo además en una sesión que quedó eclipsada por el ruido generado por los cambios en ayuda social incluidos en el Presupuesto.
A ese escenario se sumaron los cuestionamientos de la oposición al Poder Ejecutivo por el aumento del endeudamiento familiar.
De este modo, la aprobación de Inocencia Fiscal II se produjo en una jornada parlamentaria marcada por una fuerte disputa política. El oficialismo logró convertir en ley una iniciativa que busca facilitar el ingreso al circuito financiero de los dólares mantenidos fuera del sistema formal, estableció restricciones para funcionarios y exfuncionarios y redefinió el criterio de discrepancia significativa utilizado por ARCA.
La votación de 43 a 23 reflejó el respaldo de La Libertad Avanza junto al PRO, la UCR y bloques provinciales, mientras que el peronismo expresó su rechazo durante un debate en el que se enfrentaron distintas posiciones sobre el rol del Estado, los contribuyentes, el ahorro y los mecanismos de control fiscal.