El Tribunal Oral Federal N.º 4 condenó a los exfuncionarios kirchneristas Julio De Vido y José López a cinco años de prisión y les impuso además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al encontrarlos responsables por el cobro de sobornos y por administración fraudulenta contra el Estado en el marco del denominado caso Skanska.
La resolución judicial también incluyó condenas para exdirectivos de la empresa sueca y otros intermediarios involucrados en la causa.
Del total de 30 acusados que llegaron a la instancia del juicio oral, iniciado en 2024, 17 personas fueron absueltas, mientras que el resto recibió distintas resoluciones judiciales conforme a la valoración realizada por el tribunal.
La sentencia representa un nuevo avance en una causa que investigó presuntas irregularidades vinculadas con la adjudicación de obras públicas para la ampliación de gasoductos durante el gobierno del expresidente Néstor Kirchner.
Las condenas para De Vido, López y Ulloa
El Tribunal Oral Federal N.º 4 resolvió condenar a cinco años de prisión al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al exsecretario de Obras Públicas, José López.
Según el fallo, ambos fueron encontrados responsables en el marco del expediente conocido como caso Skanska, relacionado con la constructora sueca acusada de direccionar licitaciones y pagar coimas a funcionarios públicos.
El tribunal consideró acreditado que ambos exfuncionarios cobraron sobornos durante el proceso de ampliación de dos gasoductos. Asimismo, el exgerente general de Nación Fideicomisos S.A., Néstor Ulloa, recibió una condena de cinco años de prisión.
Además de las penas privativas de la libertad, todos fueron inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos, tal como había solicitado el fiscal federal Abel Córdoba. Las condenas fueron impuestas por los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta.
La lectura del fallo
La sentencia fue dictada por el tribunal de Comodoro Py, integrado por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel, María Gabriela López Iñiguez. Los magistrados informaron la decisión judicial a los exfuncionarios, quienes siguieron la audiencia de manera virtual desde los lugares donde permanecen detenidos.
En el caso de Julio De Vido, participó desde su arresto domiciliario en Zárate. Por su parte, José López escuchó la sentencia desde la cárcel de Ezeiza.
El primer gran caso de corrupción del kirchnerismo
De acuerdo con la información del expediente, el caso Skanska fue considerado el primer hecho de corrupción que se destapó durante el primer mandato kirchnerista. La investigación estuvo centrada en el supuesto pago de coimas y sobreprecios por parte de la constructora sueca para obtener la adjudicación de las obras destinadas a la ampliación de dos gasoductos durante el año 2004.
Según la Justicia, existió un esquema de cobro de sobornos vinculado con la concesión de las obras y la construcción de los gasoductos Norte y Sur. La empresa fue acusada de direccionar licitaciones y pagar sobornos a exfuncionarios públicos para asegurar la adjudicación de esos proyectos.
El mecanismo investigado por la Justicia
La causa también investigó la forma en que, presuntamente, la empresa habría ocultado esas maniobras. Según el expediente, ese esquema se habría encubierto mediante un sistema de facturas falsificadas emitidas por más de 20 empresas fantasma, a través de las cuales se simulaban servicios que, de acuerdo con la investigación, nunca fueron prestados.
Ese mecanismo habría servido para justificar los egresos económicos vinculados con el pago de sobornos investigados durante el proceso judicial. Uno de los elementos considerados fundamentales para el avance de la investigación fue una grabación realizada dentro de la propia compañía.
En ese registro, el exejecutivo Javier Azcárate, durante una conversación con el exsíndico de la empresa, Claudio Corizzo, manifestó haber recibido el pago de coimas para garantizar la adjudicación de las obras.
A partir de esos elementos, la causa terminó involucrando tanto a exfuncionarios kirchneristas como a directivos de Skanska.
Los fundamentos expuestos por Casanello
Al elevar la causa a juicio en 2019, el juez federal Sebastián Casanello sostuvo que: "La empresa Skanska, al momento de la negociación de las ofertas presentadas en el concurso privado, acordó con sus competidores para elevar los costos, lo que fue consentido por los funcionarios públicos que intervinieron directa e indirectamente en el procedimiento".
En otro tramo de su argumentación, el magistrado afirmó: "Para respaldar esas actividades ficticias, los representantes de Skanska S.A. decidieron darle un marco legal que les permitiera justificar cada uno de los egresos. Así fue que computaron las transacciones como gastos vinculados al proyecto central adjudicado, previamente, por el Estado Nacional".
Asimismo, Casanello advirtió: "Todos estos sucesos habrían generado, como consecuencia, un perjuicio económico millonario para la administración pública, en tenor de que los sobornos pagados por los privados y recibidos por los funcionarios constituyeron un beneficio económico ilegal a título personal para ellos pero, en simultáneo, la extracción de dinero de las arcas estatales sin amparo legal alguno".