En medio del creciente debate sobre la legalidad de Uber en la provincia, representantes de conductores que operan a través de la aplicación se reunieron con Mariela Romero, secretaria del intendente Gustavo Saadi, en busca de una solución para habilitar el servicio. Sin embargo, según informó Ayelén Bracamonte en diálogo con La Unión, el encuentro no logró resultados concretos. "Lamentablemente no se llegó a un acuerdo formal, seguiremos con la lucha por una regulación", afirmó.

Los conductores reclaman que el municipio avance en la regulación del servicio, pese a la existencia de una ordenanza local que actualmente prohíbe el funcionamiento de Uber. Bracamonte explicó que existe una Ley provincial que permite el uso de la plataforma, pero aclaró que el municipio no se ha adherido a esa normativa. En ese contexto, los trabajadores apuntan ahora al Concejo Deliberante como último recurso para abrir el debate y obtener una habilitación legal.

"Ya esta la ordenanza que lo prohíbe, si bien tenemos la Ley provincial pero el municipio no se adhirió"

El objetivo principal del reclamo es lograr condiciones laborales seguras y reguladas. "La última esperanza es hablar con los concejales para que podamos trabajar con tranquilidad, porque eso es lo que buscamos", concluyó Bracamonte, subrayando la necesidad de diálogo institucional para destrabar la situación.