El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) se ha manifestado en un firme estado de alerta ante la evaluación oficial impulsada para incorporar 26 nuevos tramos de rutas nacionales al sistema de concesiones privadas. Desde el seno del propio gremio, este proceso en marcha fue catalogado de manera categórica como un "ruticidio". En la misma línea, las autoridades sindicales acusaron formalmente al Poder Ejecutivo de ejecutar un vaciamiento deliberado de Vialidad Nacional. El propósito detrás de esta maniobra, según la lectura gremial, consistiría en justificar tanto la privatización como el futuro cobro de peajes en más de 9.000 kilómetros de la Red Vial Nacional.
Los Números de la Recaudación y los Fondos Inmovilizados
El análisis financiero de la situación revela una marcada asimetría entre los ingresos percibidos por ley y su efectiva aplicación sobre el terreno asfáltico. Según la documentación oficial reconstruida rigurosamente por el sindicato, los datos técnicos que sustentan la denuncia son los siguientes:
Entre el año 2024 y mayo de 2026, se recaudaron un total de $1.503.252 millones que estaban estrictamente destinados por ley a la infraestructura vial.
Del monto total recaudado en dicho período, solo se ejecutaron efectivamente $394.406 millones destinados a obras concretas.
Hacia la fecha de corte del 31 de mayo de 2026, una cifra superior a $1 billón de pesos permanecía completamente inmovilizada en instrumentos financieros tales como plazos fijos y títulos públicos.
Posteriormente a la revelación de estas cifras, el propio Poder Ejecutivo admitió públicamente que una parte sustancial de esos recursos se encontraba siendo administrada de manera directa por el Ministerio de Economía con el objetivo central de sostener el equilibrio fiscal.
Frente a este escenario financiero, la titular del gremio, Graciela Aleñá, interpeló de manera directa a las autoridades con un fuerte cuestionamiento: "¿Cómo puede afirmarse que no existen recursos para mantener las rutas, mientras más de un billón de pesos recaudados para el sistema vial permanece fuera del asfalto?".
La Paradoja del Control Estatal y el Achicamiento de Personal
Otro de los ejes centrales expuestos en el comunicado oficial del STVyARA pone de manifiesto una profunda paradoja institucional vinculada al nuevo modelo de concesiones que se pretende instrumentar. Por un lado, se le asigna legalmente a Vialidad Nacional la ineludible responsabilidad de auditar y controlar miles de kilómetros que pasarán a estar concesionados; sin embargo, en forma simultánea, se aprueba un segundo programa de Retiro Voluntario con el fin deliberado de achicar su dotación de personal.
Ante esta contradicción operativa, la referente gremial advirtió con firmeza: "No se puede exigir más control con menos Vialidad. Se debilita la capacidad técnica pública para después utilizar ese deterioro como argumento para privatizar y contratar empresas externas".
El Rechazo a la Rentabilidad Privada y la Postura Gremial
Como corolario de su postura institucional, el STVyARA rechazó de manera categórica que la infraestructura vial del país sea evaluada bajo criterios estrictos de rentabilidad económica privada. La organización sindical defiende la presencia del Estado en la materia y cuestiona los pasos sucesivos que conducen al repliegue operativo del organismo público.
Para sintetizar la posición de los trabajadores viales ante la crisis planteada, Graciela Aleñá sentenció de forma concluyente: "No aceptamos que primero se desfinancie, después se paralice, posteriormente se reduzca personal y finalmente se utilice el deterioro resultante como argumento para retirar al Estado".
