El sistema educativo argentino se enfrenta a uno de los escenarios más complejos de los últimos tiempos ante la inminente llegada del ciclo lectivo. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ha formalizado la convocatoria a un paro nacional docente para el próximo 2 de marzo, fecha que coincide con el arranque previsto de las clases en diversas jurisdicciones del país. La resolución, que fue adoptada durante un Congreso Extraordinario de la entidad, no se limitará a un cese de actividades, sino que contempla un despliegue de protesta que incluirá caravanas, la instalación de carpas y movilizaciones masivas en puntos estratégicos de todo el territorio nacional.
Esta determinación gremial se enmarca en un plan de lucha que busca confrontar directamente con las políticas aplicadas por la administración del presidente Javier Milei. Según los dirigentes sindicales, la protesta es la respuesta necesaria ante la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y la ausencia de una recomposición salarial que logre mitigar el impacto de la inflación sobre los haberes de los educadores. Uno de los datos políticos de mayor trascendencia en este conflicto es el giro del sector que conduce Roberto Baradel, quien por primera vez en años rechazó la oferta salarial del gobernador bonaerense Axel Kicillof, garantizando así que la huelga tenga un impacto total en la provincia de Buenos Aires.
Las demandas de CTERA son profundas y abarcan tanto aspectos económicos como normativos. El gremio exige la restitución inmediata del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un incremento sustancial del presupuesto educativo nacional. Asimismo, los trabajadores reclaman la aprobación de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y expresan un rechazo categórico al proyecto de "Ley de Libertad Educativa", al cual califican como una iniciativa que mercantiliza la enseñanza pública. En este sentido, el sindicato también ha manifestado su firme oposición a la reforma laboral, demandando estabilidad para los trabajadores, la defensa de los regímenes jubilatorios específicos del sector y una mejora urgente en las condiciones de infraestructura de las escuelas de todo el país.
En paralelo a la acción de CTERA, otras organizaciones de peso como la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) han emitido señales de alerta sobre la gravedad de la situación. Ambas entidades advirtieron que, de no concretarse una convocatoria urgente a paritarias, el conflicto podría profundizarse de manera irreversible, afectando el normal desarrollo de todo el ciclo lectivo. En sus denuncias, las organizaciones sostuvieron que el sistema educativo atraviesa actualmente el mayor recorte presupuestario de las últimas décadas, señalando además que el salario mínimo docente ha caído a niveles de indigencia, lo que imposibilita la subsistencia de miles de familias vinculadas a la educación.
Con este escenario de alta confrontación, el inicio de clases quedará atravesado por un clima de extrema tensión entre el Gobierno nacional y los principales sindicatos docentes. La falta de instancias de diálogo en los días previos al 2 de marzo sugiere una escalada del conflicto que pone en duda la regularidad del calendario escolar. La jornada de huelga, con sus carpas y caravanas, se presenta como el primer hito de una disputa que promete extenderse si no se abren canales de negociación que den respuesta a la crisis presupuestaria y salarial que denuncian los gremios de la educación argentina.