El escenario sindical argentino se encamina hacia una semana de definiciones críticas que podrían fracturar la actual estrategia de la Confederación General del Trabajo (CGT). En un contexto marcado por la inminente sanción de la reforma laboral en el Senado, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ha tomado la delantera para liderar el ala más combativa del gremialismo, impulsando una medida de fuerza de 36 horas que busca desafiar tanto al Gobierno como a la propia cúpula de la central obrera de la calle Azopardo. Esta ofensiva, articulada a través del denominado Frente de Sindicatos Unidos (FreSu), tiene como objetivo elevar la temperatura de la protesta social y obligar a los sectores denominados "dialoguistas" a abandonar la moderación en un escenario de tensiones crecientes.
La decisión definitiva sobre la modalidad de este plan de lucha se tomará el próximo martes por la tarde, cuando los referentes del bloque se reúnan para sellar los detalles operativos de una protesta que pretende ser contundente. La estructura de la medida de fuerza está diseñada para combinar un cese total de actividades durante 24 horas con una jornada de movilización masiva de otras 12 horas, completando así el ciclo de un día y medio de protesta que será elevado formalmente como propuesta unificada a la conducción nacional de la central obrera. Este bloque, encabezado por el titular de la UOM, Abel Furlán, cuenta con el respaldo de sectores estratégicos como el sindicato de Aceiteros, los Pilotos y diversas organizaciones de las dos CTA, entre ellas ATE, consolidando un frente de resistencia con marcada afinidad kirchnerista.
Estos gremios ya cuentan con antecedentes inmediatos de desobediencia a la línea oficial emanada de la calle Azopardo. En oportunidades anteriores, este sector ya había desafiado a la cúpula cegetista al sumar movilización al último paro general convocado por la central, además de organizar concentraciones de gran escala en las ciudades de Córdoba y Rosario específicamente contra la reforma. La estrategia actual no es nueva, sino que profundiza la presión sobre los sectores que conducen la central para que adopten una postura mucho más confrontativa frente a las políticas del Gobierno nacional.
Mientras los sectores combativos presionan por la acción directa en las calles, la conducción de la CGT intenta sostener un delicado equilibrio para no romper definitivamente los canales de diálogo. La semana pasada, la central accedió a convocar a un paro general, aunque bajo una modalidad restringida que no incluía movilización. Actualmente, la cúpula centra su estrategia en la judicialización de la reforma laboral, trabajando en presentaciones legales para que la norma sea declarada inconstitucional una vez sancionada. El cotitular de la central, Jorge Sola, dejó abierta la posibilidad de implementar nuevas medidas de fuerza, aunque evitó precisar la modalidad, lo que alimenta la incertidumbre en las bases.
Esta divergencia de criterios ha generado roces profundos en el plano interno del sindicalismo. Ha trascendido que algunos integrantes del triunvirato cuestionaron duramente a Abel Furlán en privado, acusándolo de "correr por izquierda" a la conducción oficial con el fin de forzar un posicionamiento que la cúpula aún no está decidida a tomar. La presión del FreSu pone a la CGT en una encrucijada histórica: endurecer su postura y retomar las calles con el riesgo de perder interlocución institucional, o mantener su estrategia legalista a riesgo de profundizar una fractura con los gremios industriales y estatales más potentes del país. La respuesta final se conocerá tras la reunión del martes, cuando se defina si el movimiento obrero unificado se encamina hacia una protesta de escala nacional y extendida bajo la modalidad de las 36 horas.