Desde las 9:30 de este jueves, el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) inició el juicio oral por la denominada "Causa Cuadernos", considerado por la justicia federal como el expediente de corrupción más voluminoso de las últimas dos décadas. En el banquillo se encuentran la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, varios exfuncionarios de su gobierno y 60 empresarios acusados de haber integrado una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a contratistas del Estado entre 2003 y 2015.
El proceso, que se desarrolla de forma virtual, está a cargo de los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Cañero y Germán Castelli. La audiencia de apertura se extendió hasta las 14:30 e incluyó la verificación de las asistencias y el comienzo de la lectura del requerimiento de elevación a juicio, que reúne todas las imputaciones formuladas por la fiscalía.
La fiscal general Fabiana León intervendrá en representación del Ministerio Público Fiscal. En su informe preliminar, definió la causa como "la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y comparable solo a unas pocas en el mundo".
En total, son 86 los imputados que deberán responder ante el tribunal, entre ellos exfuncionarios del extinto Ministerio de Planificación Federal y empresarios vinculados a la obra pública y al transporte. De acuerdo con la acusación, el esquema delictivo habría funcionado de manera sostenida durante doce años, con una estructura jerarquizada encabezada por los entonces presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
El requerimiento sostiene que ambos "detentaron el cargo de Presidente de la Nación entre 2003 y 2015 y cumplieron el rol de jefes de una asociación ilícita destinada a la recaudación ilegal de fondos provenientes de empresarios contratistas del Estado".
El fiscal Carlos Stornelli, quien impulsó la elevación a juicio junto al fallecido juez Claudio Bonadio, describió la maniobra como un sistema permanente de recaudación paralelo al Estado. Según la acusación, la organización estaba conformada por funcionarios públicos y empresarios que pactaban beneficios recíprocos: las empresas obtenían contratos y los funcionarios recibían sumas de dinero en efectivo.
Entre los principales acusados figuran el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsubsecretario de Coordinación de esa cartera, Roberto Baratta; el exsecretario de Obras Públicas, José López; el financista Ernesto Clarens; y el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner. A ellos se suman otros exfuncionarios como Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte, y Nelson Periotti, exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad.
El Ministerio Público Fiscal sostiene que el sistema operaba a través de dos canales de recaudación: uno directo, en el que los propios funcionarios recogían el dinero entregado por empresarios, y otro intermediado, en el que actuaban financistas y representantes del sector privado. Ambos mecanismos integraban una misma estructura jerarquizada y coordinada desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo.
Stornelli centró la acusación en cuatro ejes principales: los cobros documentados en los cuadernos del chofer Oscar Centeno; las irregularidades en la adjudicación de contratos ferroviarios y viales; la cartelización de la obra pública; y la participación de empresas privadas en el circuito de sobornos.
A Cristina Fernández de Kirchner se le imputa haber sido jefa de la asociación ilícita y coautora en 204 hechos de cohecho pasivo, además de partícipe necesaria en otro.
Se estima que la lectura del requerimiento de elevación a juicio ocupará entre cuatro y cinco audiencias, antes de pasar a la etapa de producción de prueba y declaraciones testimoniales. Por el volumen de imputados y la cantidad de hechos atribuidos, se prevé que el proceso se extienda durante varios meses.
El TOF 7 deberá determinar si existió efectivamente una estructura organizada para la recaudación de sobornos, su alcance y la responsabilidad penal de cada uno de los acusados. La causa, iniciada en 2018 tras la aparición de los cuadernos escritos por Centeno, podría convertirse en uno de los juicios más importantes en la historia judicial argentina.