El juicio oral por la causa Cuadernos, originada a partir de las anotaciones del ex chofer Oscar Centeno, se reanudará este martes a las 9 de la mañana con una audiencia clave en el desarrollo del debate. En su decimotercera jornada del año, el Tribunal Oral Federal N.º 7 concluirá la lectura de la acusación formulada por la Unidad de Información Financiera (UIF) en el tramo conocido como "La Camarita" y dará inicio a la exposición correspondiente al presunto esquema de recaudación ilegal en el sistema ferroviario.
La audiencia tendrá además una particularidad relevante: será la primera en la que no participará la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien continúa internada en el Sanatorio Otamendi a raíz de un cuadro de apendicitis, según informaron fuentes oficiales.
En el capítulo de "La Camarita", la UIF —querellante en el expediente— detallará el cierre de su acusación, con foco en el empresario Luis Armani, presidente de la firma Vialmani S.A. entre 2003 y 2015. Para el organismo antilavado, está acreditada la existencia de pagos por al menos un millón de pesos realizados en 2013, destinados a destrabar certificados de obra pública que se encontraban demorados. Según la acusación, el propio Armani reconoció haber entregado dinero en efectivo al financista Ernesto Clarens, señalado como uno de los principales recaudadores del sistema.
En paralelo, la UIF remarcó que Vialmani S.A. recibió durante ese período un total de 18 adjudicaciones viales por un monto superior a los 2.000 millones de pesos, tanto de manera individual como a través de uniones transitorias con otras empresas del sector.
Otro de los casos centrales que se abordarán es el de Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, presidente de ESUCO S.A. y accionista de DECAVIAL S.A. A Wagner se le atribuyen más de media docena de hechos de pago de dádivas, además de un intenso intercambio telefónico con ex funcionarios clave del área de obra pública, entre ellos Julio De Vido, José López, Roberto Baratta, Claudio Uberti y la propia Cristina Fernández de Kirchner.
Durante la investigación, Wagner admitió la existencia de pagos ilegales y declaró que el destinatario final de la recaudación era "El Malo", en alusión al ex presidente Néstor Kirchner. Según su testimonio, el sistema se interrumpió tras la muerte del ex mandatario y luego volvió a ponerse en funcionamiento.
El cierre de la acusación de la UIF también pone el foco en Mario Ludovico Rovella, titular de Rovella Carranza Construcciones, a quien se le imputan al menos doce pagos ilegales por más de 3,5 millones de pesos. Rovella reconoció que Clarens le ofreció gestionar el cobro de pagos atrasados ante Vialidad Nacional y que los aportes fueron presentados como una "contribución" vinculada a la campaña electoral de 2011. En su caso, la prueba incluye registros de llamadas que coinciden con las fechas de las entregas de dinero.
A estos empresarios se suma Juan Manuel Collazo, directivo de Helport S.A. y del Grupo Corporación América, acusado de 14 hechos de cohecho activo por un total superior a los 6,3 millones de pesos. Collazo reconoció haber entregado dinero en efectivo como "premio al éxito" por la gestión de cobros ante Vialidad Nacional y describió con precisión el mecanismo de pagos en dólares y pesos, así como los reiterados reclamos de Clarens.
Finalizada esta etapa, el TOF 7 abrirá formalmente la lectura de la acusación correspondiente al tramo de los subsidios al sistema ferroviario. La imputación fiscal sostiene que se montó un esquema de recaudación ilegal a partir de fondos estatales destinados al funcionamiento de los trenes de pasajeros. Según la acusación, los subsidios —asignados de manera discrecional— eran utilizados para pagar sobornos mediante sobrefacturación, simulación de gastos y falta de controles, lo que permitía generar excedentes desviados a funcionarios.
En el centro de este capítulo aparecen el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, señalado como uno de los principales organizadores del sistema, su sucesor Juan Pablo Schiavi y el ex titular del OCCOVI Claudio Uberti, acusado de actuar como nexo entre el Estado y las empresas beneficiadas. El tramo alcanza también a ex directivos de Trenes de Buenos Aires (TBA), como Claudio y Mario Cirigliano, a quienes se les atribuye el pago sistemático de coimas para asegurar la continuidad de los subsidios y evitar sanciones.
Para el fiscal Carlos Stornelli, el dinero era retirado de las empresas y entregado en efectivo en un circuito clandestino que incluía encuentros pactados y traslados de bolsos con dinero.
Tras la audiencia de este martes, quedará una sola jornada prevista para el 30 de diciembre. El tribunal aún debe resolver si habilita la feria judicial de verano para continuar el debate y definir cómo se desarrollarán las indagatorias presenciales, a la espera de una respuesta de la Corte Suprema para el uso de la sala "Derechos Humanos" del Palacio de Tribunales.
