El debate en comisión de la ley de Compre Argentino comenzó este martes con un sorpresivo anuncio. El presidente de la Comisión de Industria, Marcelo Casaretto, reveló que el oficialismo -tras una consulta con el Poder Ejecutivo- decidió excluir al PAMI del alcance de la norma.

El proyecto de Compre Argentina que se está tratando en la Cámara de Diputados propone ampliar el “margen de preferencia” para empresas locales en las licitaciones públicas. Concretamente, determina elevarlo del 15% al 20% para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyme) locales; y subir del 8% al 15% para las grandes compañías. El objetivo es favorecer la producción nacional y protegerla de la competencia, incluso cuando los precios ofrecidos por compañías argentinas sean mayores -hasta cierto tope- a los de los oferentes extranjeros.

La inclusión del PAMI fue una de las principales objeciones de Juntos por el Cambio, que señaló que se buscaba favorecer a ciertos laboratorios. “El Gobierno no pudo explicar por qué quiere ampliar el porcentaje que paga de más a empresas nacionales. Peor aún: el proyecto está hecho para que el PAMI pague más caro los remedios a los empresarios amigos del gobierno”, había denunciado Mario Negri, presidente del bloque radical.

Por su parte, el radical mendocino Lisandro Nieri también advirtió que el artículo 22 sospechosamente relaja las condenas respecto de los incumplimientos de las compras del Estado. Para gran parte de la oposición, el proyecto del oficialismo deja “demasiado margen para la discrecionalidad”.

El Frente de Todos, que aspira a poder votar cuanto antes esta iniciativa para apuntalar a las empresas nacionales, necesita enhebrar acuerdos con Juntos por el Cambio y otras bancadas menores -como el Provincias Unidas y el interbloque Federal- para poder llevarla al recinto, debido a la extrema paridad que existe entre las principales fuerzas parlamentarias.

Con ese objetivo en vista, el oficialismo también adelantó que otro cambio que se impulsará al texto original sería la modificación del artículo 16 que es “la definición de lo que es el bien estratégico”, al precisar que “serán considerados bienes estratégicos aquellos que se traten productos innovadores o potencial de empleos de calidad o generar impactos significativos en la cadena de valor”.

Ante la necesidad de buscar consensos, el oficialismo aceptó dejar al PAMI fuera de la normativa. De hecho, Casaretto también anunció que el oficialismo espera poder firmar el dictamen la semana que viene.

El oficialismo aspira a poder contar con el respaldo de los cuatro legisladores del bloque Provincias Unidas, uno del Movimiento Popular Neuquino, dos del bloque SER y aguarda la definición del Interbloque Federal, que tiene ocho diputados que son clave para sancionar esta ley. A pesar de la exclusión del PAMI, desde Juntos por el Cambio dejaron entrever que igualmente no acompañarán el dictamen de mayoría.

“Hoy continuó en el Congreso la discusión en comisión del proyecto de 'Compre Caro', que impulsa el gobierno, con el lobby de las empresas que, ahogadas por impuestos y regulaciones, buscan protección”, dijo Martín Tetaz a través de las redes sociales al término de la reunión.

A través de su implementación, el Gobierno estima que podría ahorrar USD 500 millones por dejar de contratar proveedores extranjeros. En un contexto de fuerte restricción externa, y ante el imperativo del acuerdo con el FMI de acumular reservas, la iniciativa adquiere carácter estratégico en el plano cambiario.