La Cámara de Casación Penal estableció un criterio determinante en materia de decomisos al sostener que estas medidas no pueden quedar en una declaración abstracta, sino que deben traducirse en la recuperación real y efectiva de los activos provenientes del delito. Este lineamiento fue plasmado en una resolución que ordenó la ejecución patrimonial de 111 inmuebles, de los cuales 20 pertenecen a Cristina Kirchner, y que se convierte en una pieza clave para avanzar sobre una segunda tanda de bienes actualmente bajo análisis judicial.
El fallo del máximo tribunal penal remarcó que carece de sentido que el Estado imponga una condena y permita al mismo tiempo que el delito continúe generando efectos económicos. Bajo esa premisa, los jueces sostuvieron que el decomiso, aunque sea una consecuencia patrimonial accesoria, forma parte de la reacción estatal frente al delito y cumple una función institucional central: reafirmar la vigencia de la norma vulnerada y el consenso social sobre la ilicitud de los hechos.
En esa línea, los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky consideraron que la ejecución patrimonial fijada por el tribunal que lleva adelante la causa Vialidad se sustenta en argumentos correctos, habilitando así un nuevo escenario judicial.
La segunda etapa
Ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), el fiscal Diego Luciani impulsó un segundo pedido de decomiso con el objetivo de avanzar en la recuperación de activos hasta alcanzar los $685.000 millones, cifra que representa el fraude atribuido a las 51 licitaciones direccionadas, caracterizadas por irregularidades, sobreprecios promedio del 65% y circuitos exclusivos de pago para el Grupo Austral.
En esta nueva etapa, la fiscalía solicitó la ejecución patrimonial de un conjunto ampliado de bienes, entre los que se destacan:
- 141 inmuebles, de los cuales:
- 13 pertenecen a sociedades de la familia Kirchner
- 128 corresponden a sociedades vinculadas a Lázaro Báez
- 46 automotores
Además, se incorporaron activos financieros específicos:
- USD 4.664.000 en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner
- USD 992.134 en una caja de ahorro del Banco de Galicia
- $53.280,24
Luciani fundamentó esta ampliación señalando que muchos de los condenados registran fortunas de una opulencia irrazonable y desproporcionada, lo que justifica avanzar en un proceso complejo de recuperación de activos derivados de hechos de corrupción cometidos durante 12 años.
La ventana temporal y el criterio patrimonial
El TOF 2 fijó un criterio central para determinar qué bienes pueden ser alcanzados por el decomiso: todos aquellos incorporados al patrimonio de los acusados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período en el que se desarrolló la maniobra defraudatoria.
Este parámetro fue clave para avanzar sobre 19 inmuebles que Cristina Kirchner transfirió en 2016 a sus hijos en partes iguales y a título gratuito. Para la Justicia, estos bienes fueron adquiridos durante el período investigado, lo que los convierte en pasibles de ejecución patrimonial.
La Cámara de Casación resolvió este punto por mayoría. Los jueces Hornos y Barroetaveña consideraron que las propiedades deben ser decomisadas, mientras que Borinsky votó en disidencia. Sin embargo, el criterio mayoritario determina que la familia Kirchner perderá esos inmuebles.
Bienes emblemáticos bajo la lupa judicial
Entre los activos incluidos en esta segunda etapa se encuentran propiedades de alto perfil que reflejan la magnitud del proceso en curso. Entre ellas, la fiscalía destacó:
- El departamento de San José 1111, donde actualmente Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario y que pertenece a Los Sauces SA, firma investigada por lavado de dinero.
- El hotel Alto Calafate, propiedad de Hotesur SA, otra de las sociedades familiares bajo investigación por blanqueo de activos.
- El hotel La Aldea de El Chaltén, actualmente usurpado y con una obra de ampliación abandonada, construido sobre un terreno que pertenecía a Lázaro Báez.
- El chalet de la costanera de Río Gallegos, residencia habitual de la ex mandataria en la capital santacruceña.
- Otras casas, terrenos y departamentos ubicados en esa misma ciudad.
El caso del Alto Calafate adquiere particular relevancia: el hotel fue adquirido mediante un préstamo de $8,5 millones otorgado por Austral Construcciones, empresa de Lázaro Báez, quien posteriormente se encargó de su administración. Informes periciales contables concluyeron que el establecimiento no tuvo actividad comercial real y que funcionó como una pantalla para blanquear dinero.
Procedimiento en marcha
Sobre el total de los bienes incluidos en este segundo pedido, ya se han remitido oficios a los registros de la propiedad inmueble para obtener documentación catastral y de dominio que permita confirmar la identificación de cada activo.
Una vez reunida esa información, el juez Rodrigo Giménez Uriburu, presidente del TOF 2 y responsable de la ejecución de la pena durante este año, dará intervención a las defensas para que presenten sus planteos. Finalizada esa instancia, el tribunal estará en condiciones de ordenar la ejecución patrimonial correspondiente.
En paralelo, muchas de las propiedades incluidas forman parte de la causa Los Sauces-Hotesur, que ya fue elevada a juicio oral y en la que rige un embargo de 3.033 millones de pesos sobre Cristina y Máximo Kirchner. En ese contexto, una fuente judicial explicó que "el primero que llega es el que avanza en el decomiso", en referencia a la coexistencia de distintos procesos sobre los mismos bienes.