El Gobierno nacional advierte que no cuenta con los votos necesarios para avanzar en una modificación de la Ley de Financiamiento Universitario, en un escenario que también impacta en provincias como Catamarca, donde el sostenimiento del sistema educativo superior depende en gran medida de los recursos nacionales.
En el Ejecutivo sostienen que el tema es prioritario por su incidencia sobre las cuentas públicas, aunque reconocen que están lejos de alcanzar un entendimiento político que incluya tanto a los bloques dialoguistas como al sistema universitario. Además, admiten que el margen para retomar negociaciones es hoy más limitado que hace dos meses.
La ley 27.795 fue promulgada en octubre de 2025 tras la insistencia del Congreso. Desde entonces, Nación mantiene la postura de que su aplicación quedó suspendida hasta tanto se definan fuentes específicas de financiamiento. En ese marco, el oficialismo descarta retomar el proyecto enviado a Diputados durante las sesiones extraordinarias de febrero.
Esa iniciativa había sido incorporada al temario a través del decreto 103/2026, pero nunca llegó a debatirse en el recinto. Actualmente, en la Casa Rosada consideran que ese texto perdió vigencia política y que el escenario cambió tras el fallo judicial, lo que obligaría a encarar cualquier nueva discusión bajo condiciones distintas y con menor margen de negociación.
La interna oficial también vuelve a quedar expuesta en la estrategia parlamentaria. En distintos despachos reconocen que durante el verano existió un principio de acuerdo con sectores políticos para avanzar en una reforma antes del inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, ese proceso se interrumpió en medio de tensiones entre el equipo del asesor Santiago Caputo y el armado legislativo vinculado a Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem.
El punto de quiebre fue el fallo de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que ratificó una medida cautelar favorable a las universidades y ordenó la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6 de la ley, referidos a la actualización salarial de docentes y no docentes, y al financiamiento de becas estudiantiles. Tras esa decisión, la Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario para que intervenga la Corte Suprema.
En el Gobierno reconocen que este revés judicial modificó los incentivos para negociar, al entender que las universidades resultaron fortalecidas en su reclamo y con menor disposición a aceptar cambios que impliquen un menor impacto fiscal. No obstante, desde Nación insisten en que la decisión política es avanzar con actualizaciones presupuestarias de manera gradual, en línea con las obligaciones judiciales, mediante erogaciones mensuales que garanticen el piso exigido por la ley según su interpretación.
La preocupación oficial no se limita al plano administrativo. En la Casa Rosada siguen de cerca la reactivación del conflicto universitario en el ámbito público. El Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y los gremios del sector convocaron a una nueva marcha federal para el 12 de mayo, con eje en el cumplimiento de la ley y la situación salarial. En Balcarce 50 admiten que una movilización masiva podría reinstalar el tema en el centro de la agenda.
Desde el ámbito universitario, en tanto, señalan que la Cámara ya dio intervención al Consejo Interuniversitario Nacional respecto de la apelación presentada, otorgándole un plazo de diez días hábiles para responder. Una vez cumplida esa instancia, el tribunal definirá si concede o no el recurso extraordinario para que intervenga la Corte Suprema.
En ese contexto, cerca de los rectores sostienen que el oficialismo aún no está obligado a cumplir la sentencia, ya que el juzgado resolvió suspender "por el momento" la ejecución de la cautelar mientras se analiza el planteo elevado.